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La Comunidad Valenciana aprueba la Ley de Estructuras Agrarias

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La nueva Ley de Estructuras Agrarias de la Comunitat Valenciana ya es una realidad, tras ser aprobada por el pleno de Les Corts Valencianes por unanimidad. La cámara ha dado el espaldarazo a un “instrumento fundamental”, ha subrayado Elena Cebrián, “para abordar cambios en los fundamentos que el sector productivo agrario valenciano requería desde hace tiempo y que le fortalecerán frente a crisis como la citrícola actual”. Al pleno han asistido también representantes de las organizaciones agrarias.

Elena Cebrián se muestra convencida de que la nueva ley “va a ser útil para lograr explotaciones modernas, económicamente rentables y social y territorialmente sostenibles, que es su principal objetivo”. Para ello integra la normativa preexistente, tanto autonómica como estatal, actualiza y desarrolla aspectos no contemplados en las leyes en vigor, e  introduce innovaciones mediante nuevos instrumentos para impulsar la mejora de las estructuras agrarias en la Comunitat Valenciana.

En términos generales, la ley favorece la movilidad de la tierra. Define el suelo agrario infrautilizado y ofrece alternativas para su uso sostenible, incluyendo la creación de una red de oficinas gestoras de tierras, que consolida y apoya a las experiencias de bancos de tierras existentes. Prevé la constitución de la red de tierras que contribuirá a contactar la oferta y la demanda de parcelas agrarias y movilizar suelo.

Ofrece herramientas de planificación e información para las políticas agrarias tales como los mapas agronómicos; un plan de actuación sectorial, que sistematice la planificación integral en cultivos de regadío y secano; los Parques Agrarios, como figura adecuada para dinamizar y defender la actividad agraria en los sistemas locales periurbanos, o la figura de la Iniciativa de Gestión en Común.

La ley contempla medidas de apoyo público a la reestructuración parcelaria para conseguir explotaciones con estructura y dimensiones viables e introduce incentivos fiscales, más allá de los beneficios que considera la legislación estatal, que incluyen deducciones para transmisiones y cesiones de fincas rústicas a favor de profesionales de la agricultura, así como a las fincas incorporadas a las Iniciativas de Gestión en Común y a la Red de Tierras.

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