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A la vuelta

Firma Vidal Maté

Los últimos meses han sido escenario de la toma de tierra del nuevo ministro de Agricultura, Luis Planas, con un apretada agenda de reuniones de trabajo de arriba a abajo por donde ha pasado todo el sector y donde cabe destacar la carrera para entrevistarse con todo los consejeros de Agricultura o sus equivalentes de cada una de las Comunidades Autónomas, con la mirada puesta en toda la política agraria y muy especialmente en la futura reforma de la Política Agrícola Común como lo más inmediato. Los consejeros fueron igualmente invitados a presentar antes del 31 de julio sus posiciones sobre esa reforma para, a partir de las mismas, más los ingredientes propios de Atocha, tratar de poner sobre la mesa una propuesta que acerque posiciones sobre lo que debería ser su aplicación en España.

Administración central, organizaciones agrarias y cooperativas no lo tuvieron difícil para llegar a un consenso previo sobre las necesidades y demandas para la llamada primera fase de posicionamiento general, básicamente ante Bruselas, para mantener fondos; por lo que suponen como apoyo a las rentas. De este modo, las ayudas directas irían prioritariamente a los profesionales pequeños y medianos, ahora genuinos, que generen actividad, aunque por eso de que hay que contentar a todos, entre los genuinos se puedan hallar también los agricultores a tiempo parcial que tienen su nómina en otro nidal; o para limitar los pagos a los 100.000 euros deducidos, gastos por la creación de empleo y modular los mismos desde los 60.000 euros.

Administración central y comunidades autónomas también llegaron a un consenso de principios en la misma línea en base a una propuesta de Atocha, donde, aunque no se concretaba nada, se marcaban más algunas líneas como la necesidad de ir más a una convergencia de ayudas para corregir los actuales graves desequilibrios entre zonas y en un mismo cultivo “para dar el mismo pago a agricultores que se enfrenten a las mismas dificultades y condiciones en base a la aplicación de criterios objetivos…”.

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No hay ninguna división cuando se plantea la necesidad de reclamar más fondos para los pagos directos, ni siquiera cuando se habla de reformar las condiciones de los destinatarios prioritarios de los fondos e incluso sobre la necesidad de limitar pagos por arriba. Tampoco existe cuando se habla a mano alzada de la necesidad de ir a esa mayor política de convergencia de las ayudas. Sin embargo, de ahí nadie ha atravesado esa raya. Las comunidades autónomas, en la práctica, consideraban en el pasado los recursos de la PAC como una posibilidad para captar ayudas, reuniones donde cada consejero valoraba los resultados como éxito o fracaso simplemente en función de cuánto se había llevado para su tierra con el sistema.  Tiene razón el ministro cuando señalaba recientemente que los recursos PAC no son un fondo inter territorial, pero, a la hora de la verdad, cuando haya que comenzar a negociar los dineros, se deberá asumir, como sucedía en el pasado, que los consejeros sigan pensando cuánto ganan y cuánto pierden con los apoyos a sus producciones, sin mirar al resto. En el futuro habrá comunidades autónomas como Andalucía, en su día la más beneficiada por el sistema de asignaciones, que deberán tentarse la ropa. A la vuelta, si no lo hemos visto ya, veremos todo lo que hoy ya es un clamor y habrá que ver cómo se habla de nuevo de ese mayor porcentaje de convergencia utilizando los instrumentos que pongan a disposición del sector los reglamentos de la nueva reforma en una línea que conectaría con la tan criticada vieja reflexión de Daniel Trueba, alma del viejo FORPPA hace una década, cuando hablaba de avanzar hacia una tasa plana, cosa que los populares le tiraron a la cara. A la vuelta es probable ver sobre la mesa planteamientos más cercanos a la modificación profunda de los actuales derechos históricos en lo que se cimentan los pagos base o a dar un salto importante en esa política de convergencia que no ha cambia nada las cosas, en base a cambios con una reducción drástica de las actuales 50 regiones.

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A la vuelta, con los interrogantes siempre a la vista de la duración del nuevo gobierno, uno tiene interés porque se ponga letra a los objetivos de la actual administración agraria para dar ese impulso a la digitalización de la actividad los agricultores de mi pueblo, al relevo generacional, a que los nuevo agricultores, sobre todo los ganaderos extensivos, sientan orgullo de su profesión y un reconocimiento social de unos urbanitas donde se sigue utilizando con desprecio la denominación campesino. A la vuelta, uno tiene interés en las respuestas horizontales que se planteen al problema del despoblamiento, el otro gran objetivo de Luis Planas, donde serían necesarias fundamentalmente políticas de gobierno industriales y de fiscalidad que alienten la instalación de empresas en el medio, al margen de la tendencias de un voto agrario a la baja por el que parece ya no puja ni el nuevo-viejo PP, no se sabe si por su escaso peso, si porque ya lo tienen seguro, o por una apuesta más por lo urbano de Ciudadanos.

Uno también tiene interés en ver las ideas del gobierno sobre cómo se evita que un jubilado con escasa capacidad de movilidad siga pagando el IPC más caro que un habitante de un ciudad, porque solo puede comprar, y agradecido, al cuarto intermediario de la cadena que recorre puerta a puerta con su furgoneta autoservicio; sobre cómo superar las actuales barreras al transporte y a la movilidad de un medio rural envejecido; ver cómo se deberían articular los servicios asistenciales sanitarios donde la carencia de médicos, a pesar del paro, es comparable a la de los curas, aunque con una diferencia. Para los curas no hay vocaciones y, además, un feligrés puede esperar a la misa de los domingos o que el cura decida, por necesidades de servicio al tener obligaciones en una docena de pueblos, que la misa del sábado es equiparable a la del día festivo, pero un enfermo no puede esperar ni disponer de esa bula.

A la vuelta, ahora que se habla de la asistencia universal o que se anuncian medidas reclamo de apoyo para grandes colectivos, quienes viven y padecen el despoblamiento del medio rural, los de aquí de siempre y otros que apostaron por vivir en ese medio, que han cotizado durante décadas, no pueden seguir siendo los mayores marginados.  

A la vuelta al colegio, no puede existir una oferta de educación diferente con prestaciones distintas por vivir lejos de los centros públicos de estudios superiores y mayores dificultades para acceder a las ayudas.

A la vuelta, el sector agrario y todo el mundo rural no pueden estar siempre en la lista de espera debiendo buscar fuera lo que no tienen dentro.

Mucho para septiembre.

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