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El Gobierno impulsa medidas urgentes para hacer frente a la crisis del sector agrario

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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, a petición propia, para presentar las líneas básicas de actuación de su Departamento en la XIV Legislatura, con el objetivo de hacer frente a los desafíos del sector primario y atender sus legítimas demandas, desde el diálogo, la claridad y la transparencia.

Durante su comparecencia, Planas ha asegurado que el Gobierno trabaja por el futuro de agricultores, ganaderos y pescadores españoles, con determinación, convencimiento y compromiso, ya que sin el campo y sin el mar, las ciudades no podrían existir.

Ha hecho un llamamiento para que, con independencia de las “legítimas discrepancias ideológicas”, trabajar de manera conjunta en la “noble tarea de representar a los ciudadanos”, a través del diálogo, la claridad y la transparencia, en la búsqueda de estrategias que ayuden a hacer frente los complejos retos que se plantean en esta legislatura.

Antes de desgranar las líneas de actuación del Gobierno para los próximos cuatro años, el ministro ha analizado la actual situación del campo, destacando que, en gran parte, se trata de problemas estructurales que no son de fácil ni rápida solución.

Entre los principales problemas que afectan al sector, Planas ha señalado la erosión de los márgenes de agricultores y ganaderos, la atomización de la oferta que debilita su poder de negociación, la delicada situación de determinados sectores (en especial el oleícola y el hortofrutícola), problemas en el comercio internacional (mayor competencia internacional, veto ruso, brexit o los aranceles de Estados Unidos) y los fenómenos atmosféricos asociados al cambio climático.

Entre las principales medidas que se van a acometer se encuentra la inmediata modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyo proyecto se presentará mañana en Consejo de Ministros, para evitar la banalización de los productos agrarios, prohibir las prácticas de competencia desleal, así como reforzar los contratos escritos, en los que será obligatorio incluir los costes efectivos de producción, para dar garantía y fiabilidad a la valorización de su trabajo. En definitiva, el proyecto dará una respuesta ajustada a las necesidades de la cadena y favorecer que las explotaciones resulten rentables “para que tengan presente y futuro”.  

Además, aprovechando la oportunidad que ofrece la transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales (DPCD), el Gobierno ampliará su ámbito de aplicación e incluirá en la parte dispositiva de la Ley de la cadena alimentaria parte del Código de Buenas Prácticas para hacerlos obligatorios.

En el ámbito legislativo, Planas ha apuntado que se introducirán cambios en la ley de organizaciones interprofesionales, para que puedan desarrollar más funciones y mejorar su funcionamiento. El impulso de las organizaciones interprofesionales tiene especial interés en sectores como el de los cítricos o la fruta de hueso, para que puedan realizar prácticas orientativas de producción en función de la demanda. También se regulará el reconocimiento de asociaciones y organizaciones de productores en los sectores que, hasta ahora, no contaban con ello.

Para contribuir también a mejorar la rentabilidad de los productores, el Gobierno tiene previsto incrementar la partida destinada a seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.

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