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Autorregulación en apoyo de la calidad del vino

Ricardo Migueláñez

El Ministerio de Agricultura tiene sobre la mesa un proyecto de real decreto para elaborar una norma de comercialización del sector del vino en España, que es una de las tres medidas incluidas en la “hoja de ruta” para la autorregulación hacia una oferta de vino estable y de calidad, junto a la otras dos medidas de requisitos mínimos de calidad de la uva de transformación para vinos sin Indicación Geográfica y de intensificación del control de subproductos para la destilación de alcohol.

Debido a la gran variabilidad climática y al incremento de los rendimientos productivos del viñedo en los últimos años por las inversiones en la mejora de las estructuras y de las prácticas agrícolas, nuestro país tiene una campaña sí y otra quizás también un serio problema de oferta, que se visualiza principalmente en los vinos que no cuentan con el amparo de una Denominación de Origen o de una Indicación Geográfica Protegidas (DOP/IGP).

Según el Ministerio de Agricultura, la producción de vino viene muy determinada por la climatología de cada año. En la campaña 2018/2019, que coincidió con un año pluviométrico excepcional, la producción vitivinícola se acercó a 50 millones de hectolitros, mientras que en la actual, la 2019/2020, con sequía y golpes excesivos de calor en el periodo primavera-verano, la producción se situará en solo 37,2 millones, casi una cuarta parte menos.

Esta norma de comercialización o de autorregulación de la oferta de vino, recogida como posibilidad en la reglamentación comunitaria (artículo 167 del Reglamento (UE) nº 1308/2013) ya se intentó poner en marcha en la campaña 2013/14, cuando la producción vitivinícola española alcanzó un récord, que aún se mantiene, de 53,5 millones de hectolitros. La inexperiencia, la reacción tardía del Ministerio de Agricultura para llevarla a cabo y las irresolubles diferencias dentro del propio sector entre productores e industria, hizo que esta medida, regulada incluso en el RD 774/2014, de 12 de septiembre, no se aplicara.

La gran diferencia con la medida ahora planteada es que entonces no funcionaba la actual Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE), que agrupa a la gran mayoría de las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, transformación y comercialización del vino, y que actúa precisamente como proponente de la misma, aunque sea el MAPA, junto a las CC.AA., los que tengan que plantear y aprobar la legislación.

Precisamente, el artículo 167 del Reglamento citado establece que, “con el fin de mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común en el sector de los vinos, incluidas las uvas, los mostos y los vinos de los que procedan, los Estados miembros productores podrán establecer normas de comercialización para regular la oferta, en particular mediante las decisiones adoptadas por las organizaciones interprofesionales reconocidas.”

Sin prisa, pero sin pausa

Lo que se busca ahora es ir no con tantas prisas y pisar sobre terreno firme, de manera que exista una norma de comercialización dispuesta legalmente y aceptada por el conjunto del sector vitivinícola (OIVE) por si hiciese falta ponerla en marcha en una campaña determinada. Aunque se espere su aprobación y publicación en el BOE antes del inicio (1 de agosto) de la próxima campaña 2020/21, esto no quiere decir, ni mucho menos, que se vaya a aplicar.

Todo va a depender de cómo se prevea que venga la futura cosecha y de las existencias de vino sin Indicación Geográfica no comercializadas al final de la actual campaña. Y, sobre todo, de la decisión que, analizando estos datos u otros del mercado, adopte al respecto y con tiempo suficiente la propia OIVE.

En cualquier caso, desde la Interprofesional se ve muy necesario que el sector del vino sin IG, disponga con antelación, se vaya o no a aplicar, aunque mejor que no, de una herramienta legal que le permita mantener la oferta de esta categoría de vino lo más ajustada posible a la demanda existente o potencial, sobre todo en las campañas en las que las disponibilidades (la suma entre existencias finales y producción de la vendimia siguiente) sean muy superiores a las de un año considerado como normal, dentro de una media histórica.

Como parece lógico, esta norma de comercialización para regular la oferta debe ser conocida por los operadores antes del inicio de cada campaña, debe ser lo más transparente posible y estar basada en mecanismos de desencadenamiento perfectamente definidos y conocidos, amparados en variables cuantificables. Además, la medida debe ofrecer la necesaria seguridad jurídica y excluir cualquier posible falseamiento de la competencia.

La futura norma establecerá los parámetros básicos que actúen como desencadenantes del mecanismo de retirada de vino sin IG del mercado y permitir al sector llevarla a cabo  de forma coordinada  y de manera temporal o definitiva. En este último caso, mediante el desvió de ese excedente de vino hacia la destilación en alcohol bruto con fines industriales o energéticos.

Entrando en detalle, la prevista norma de comercialización incluye dos medidas posibles: la de regulación de los rendimientos productivos de los vinos sin IG y la de la retirada temporal o definitiva del vino sin IG. La medida de regulación de los rendimientos consistiría a grandes rasgos que las uvas de vinificación que se destinen a la elaboración de vinos sin IG deberán proceder de parcelas cuyos rendimientos productivos no superen los 20.000 kilos por hectárea para uva tinta y los 25.000 kilos/ha para uva blanca.

Muchos Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) incluyen ya en sus pliegos de condiciones de cada campaña esa limitación productiva, en función de la evolución esperada del mercado y de la comercialización del vino. Ahora se trataría de poner freno al incremento de los mismos en las parcelas de viñedo que no cuentan con ningún límite y cuya producción se basa más en la mayor cantidad posible, que en la calidad de la misma.

Otros usos

En caso de que no se cumpla con la limitación de rendimientos productivos, dichas uvas no podrán destinarse a su transformación en vino, pero sí a la elaboración de mostos (siempre que luego no se vinifiquen para salir al mercado), vinagres y destilados.

Se deberá acreditar que el producto (es decir, las uvas que excedan del rendimiento limitado en determinadas zonas) ha sido eliminado del mercado del vino, en una medida que se aplicaría todas las campañas y para todas las parcelas de viñedo fuera de la DOP/IGP (aunque afectaría principalmente a las zonas donde hay más volumen de producción no limitada de vinos sin IG, como las CC.AA. de Castilla-La Mancha, Extremadura, Valencia o Murcia).

El Ministerio de Agricultura y las CC.AA. deberán crear un sistema coordinado de control para garantizar que las uvas afectadas (por dicha limitación de rendimientos) no se destinen finalmente a la elaboración de vino sin IG.

La segunda medida será la retirada temporal o definitiva del vino, que consiste básicamente, siempre con el beneplácito de la OIVE, del MAPA y de las CC.AA. afectadas, en retirar cierto volumen de vino sin IG de forma temporal (almacenamiento) o definitiva (destilación u otro tipo de acciones) del mercado.

El MAPA aprobaría, en su caso, esta medida mediante una resolución que incluiría la duración y finalización de la misma, así como las CC.AA. afectadas y el volumen de vino a retirar coyuntural o definitivamente.

Solo se aplicaría cuando el mercado así lo exija, por lo que cada año se analizará el resultado de un modelo econométrico (que se está desarrollando aún), en base a datos lo más objetivos posibles, que se pondrá en conocimiento del conjunto del sector (OIVE) y de las CC.AA. afectadas, con el fin de que ambas partes realicen las alegaciones que estimen oportunas.

Tras esto, el MAPA publicaría la resolución, activando esta medida, salvo que exista una opinión contraria de la propia Interprofesional, a más tardar el 31 de enero de la campaña en curso, con posibilidad de que pueda ser prorrogada para todo o parte del vino almacenado una campaña más, tras analizar de nuevo el modelo econométrico y consultar a la OIVE.

Los productores que se vean afectados por esta medida, según el modelo econométrico, podrán elegir de forma voluntaria entre almacenar el volumen establecido de vino durante el periodo que se establezca, o enviarlo en todo o en parte a destilación o a vinagrería, descontándolo del almacenamiento, en ambos casos teniéndolo que acreditar ante su Comunidad Autónoma.

Serán las CC.AA. afectadas por esta medida las que establezcan un sistema de control, que incluiría supervisión sobre el terreno sobre la totalidad de los productores designados para almacenar.

En resumen, el sector vitivinícola español quiere estar preparado con la legislación oportuna para cuando vengan mal dadas en el mercado y tenga que adoptar una medida que no será del agrado de algunos productores que vienen primando el volumen sobre la calidad del producto sin tener en cuenta si existen o no posibilidades reales de comercialización. Y así, de esta forma, que se vaya aprendiendo a que no se puede producir lo que no va a demandar o no va a tener acogida del mercado y, por el contrario, afectará negativamente a los precios y a la renta del resto del sector que esté haciendo las cosas medianamente bien.

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