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Bruselas se enreda con el etiquetado del origen

Ricardo Migueláñez. Ingeniero agrónomo. @rmiguelanez

El etiquetado en origen de los productos alimentarios no pasa por sus mejores momentos. La Comisión Europea presentó el pasado 20 de mayo, con seis meses de retraso sobre el plazo previsto, y como respuesta a lo exigido por el Reglamento 1169/2011 de Información Alimentaria, un par de informes de evaluación en los que asume las tesis de que no es obligatorio indicar en las etiquetas el origen de la leche, las carnes menores (conejo, caballo, caza…), así como tampoco en los productos no transformados que contengan un solo ingrediente y en los ingredientes supongan más del 50% de un alimento.

La razón que esgrime Bruselas en ambos casos es que el etiquetado obligatorio del origen es un dispositivo demasiado caro que elevaría los costes de producción de las empresas, que daría lugar a un aumento de los precios de venta (PVP) y, a la vez, a una disminución del consumo, e incluso a un mayor despilfarro de alimentos. Por tanto, concluye, la mejor solución es quedarse con las normas de etiquetado voluntario.

En el primer informe, de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la CE, se refiere a la leche, a la leche utilizada como ingrediente en los productos lácteos y a la carne no transformada, distinta de la carne de vacuno, porcino, caprino, ovino y aves. En el caso de la leche, Bruselas reconoce que la obligación de indicar el origen tendría un impacto desigual, dependiendo de los productores, ya que algunos ganaderos, sobre todo los de zonas fronterizas o con un alto grado de transformación tendrían que introducir sistemas de trazabilidad adicionales, aunque para el conjunto el coste de indicar el origen sería bajo.

Las consecuencias de ese etiquetado obligatorio en origen para los productos que lleven un elevado grado de transformación serían peores. En un estudio externo encargado y pagado por la CE, se estima que en los productos lácteos supondría un incremento de los costes de producción de hasta un 8% e incluso más para el caso de la mantequilla, el yogur o los quesos industriales, que incorporan muchos más ingredientes que la leche líquida de consumo directo.

En lo que respecta a las denominadas carnes menores, la Comisión Europea concluye que la obligación de indicar el origen en la etiqueta llevaría también a costes adicionales de producción, a pesar de que en el estudio externo encargado y pagado por Bruselas se recomiende un etiquetado obligatorio para indicar como mínimo el lugar de cría y sacrificio, como el que ya está vigente para las carnes frescas de vacuno, ovino, caprino, porcino y aves, mientras que para la carne equina ese etiquetado obligatorio implicaría un reforzamiento del sistema actual de identificación y trazabilidad de los animales.

En el segundo informe, de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE, se hace referencia al etiquetado de los productos no transformados, los que contienen un solo ingrediente o los ingredientes representan más del 50% de un producto alimentario, como sería en el caso de los cereales, arroz  y harinas y las frutas y hortalizas.

Al igual que en el informe anterior, la Comisión Europea considera que el camino más adecuado es un dispositivo voluntario de etiquetado, que pueda combinarse con sistemas de etiquetado del origen obligatorios existentes para ciertos alimentos o categorías de alimentos específicos.

Informes polémicos

Ambos informes han generado ya bastante polémica, porque mientras que la industria de transformación y la distribución comercial defienden en general sus conclusiones, desde la producción y también desde los consumidores se ha puesto el grito en el cielo, al considerar que es un claro paso atrás en la defensa de la trazabilidad para garantizar íntegramente la seguridad higiénico-sanitaria de los alimentos, ante posibles crisis alimentarias.

Por ejemplo, para la Asociación Europea de Industrias Lácteas (EDA) el etiquetado de origen de la leche y los productos lácteos sería muy costoso para la industria, ya que tendrían que cambiar su sistema de trazabilidad, cuando usara leche de diferentes orígenes, lo que, a su vez, redundaría en mayores costes para la industria, que pagarían el consumidor o el ganadero, cobrando menos. Argumenta también que este sistema es poco demandado por un consumidor que, en todo caso, tampoco estaría dispuesto a pagar más por él.

Es cierto que esta demanda de etiquetado obligatorio de origen se produce en aquellos países, cuya producción en relación a su consumo doméstico es deficitaria, mientras que se considera perjudicial para los productores de países que cuentan con un exceso de producción sobre su demanda interna y que están obligados a exportar para mantener su negocio. En líneas generales, el etiquetado de origen fomenta el consumo de la producción doméstica, frente a la importada o adquirida en el exterior, mientras que frena o incluso hasta puede perjudicar el comercio de la producción foránea.

Los informes presentados por la Comisión Europea, por tanto, salen en defensa de una industria transformadora y exportadora y de un comercio sin más trabas que las mínimas necesarias, mientras que parece dejar en segundo plano tanto los intereses de los productores locales o domésticos, que defienden el origen de sus productos en el mercado, como, probablemente también, los derechos de los consumidores que quieren conocer y saber la procedencia de los productos que comen o beben directamente o que son usados como ingredientes de otros alimentos.

Coste/beneficio

Tampoco parecen tener en cuenta el ratio coste/beneficio, es decir, entre el supuesto coste adicional de producción que supondría obligar a indicar ese origen (y no un origen UE/o no UE, que no convence a casi nadie y que no dice apenas nada, caso, por ejemplo, de la miel china que se comercializa en Europa) y los beneficios que reportaría esa trazabilidad integral del producto a los consumidores, que son, al final, los que pagan y los que tienen derecho a saber para poder elegir en su compra entre un alimento u otro.

Según las encuestas de la propia Comisión, el 90% de los consumidores quiere conocer el origen de los productos y de los ingredientes de la carne en los alimentos procesados, más tras el escándalo de la carne de caballo, y urge a una información más clara y más transparente y más responsable a lo largo de toda la cadena alimentaria. Por eso, resulta contradictorio que se oponga ahora al etiquetado obligatorio del origen de las carnes denominadas menores (pero no por ello menos importantes), teniendo en cuenta, además, que lo aceptó para las carnes de vacuno, porcino, aves, ovino y caprino.  

¿A quién creer o en quién confiar? Mientras que en una consulta de la Comisión a la industria de transformación, se sostiene que el etiquetado del país de origen de la carne en los alimentos procesados podría elevar los precios entre un 15 y un 50%, en otras investigaciones realizadas por consumidores consideran que, por ejemplo, el etiquetado del origen de la carne de una lasaña congelada supone solo un incremento medio del precio de 0,015 euros, y de 0,008 euros si se etiqueta en una salsa boloñesa.

Basta recordar también que principios del año 2000 la Comisión Europea adoptó el 'Libro Blanco sobre Seguridad Alimentaria', en el que se recoge la prioridad máxima de una serie de principios y medidas para aplicar un sistema integral de seguridad alimentaria en la Unión Europea, que protegiera al máximo posible la salud de los consumidores, a través de la trazabilidad de toda la cadena de valor. Entre las medidas se incluía la obligación de informar del lugar de origen o procedencia de los alimentos en el etiquetado.

La OMC y el sistema COOL

Por último, y sin abandonar este ámbito, señalar que el Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) condenó el pasado 18 de mayo, por cuarta vez y ya de manera definitiva, a petición de Canadá y México, la legislación de Estados Unidos que desde el año 2009 impone el etiquetado del origen de las carnes de vacuno y porcino vendidas al consumidor, el denominado Country Of Origin Labelling (COOL), que hace referencia al lugar de nacimiento, cría y sacrificio del animal, al considerarla discriminatoria para los productos importados de esos países norteamericanos.

Para la OMC, que defiende ante todo el libre comercio mundial de mercancías, “el sistema COOL aumenta las cargas ligadas al registro para el ganado importado e impone una carga desproporcionada a los productores y transformadores que no puede explicarse por la necesidad de proporcionar una información sobre el origen a los consumidores”.

Para evitar un conflicto comercial y que Canadá y México adopten represalias contra las exportaciones de Estados Unidos hacia esos países, que podrían llegar hasta los 2.000 M$, el Congreso estadounidense está dispuesto a derogar o declarar nula la citada legislación sobre el etiquetado del origen para no perjudicar precisamente a la industria transformadora cárnica de este país. Incluso, el poderoso American Farm Bureau defiende la derogación del actual sistema, pero con la voluntad de trabajar con el Gobierno y el Congreso de Estados Unidos para lograr un nuevo programa COOL, que se adapte mejor a las reglas del comercio internacional.

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