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Coalición de Gobierno para el sistema alimentario

Ricardo Migueláñez

Ya tenemos Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y, en lo que más directamente nos concierne, que no es lo único, ni mucho menos, seguiremos teniendo Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y continuará también el actual titular de Atocha, Luis Planas.

En teoría, hasta ahí nada cambia. En la práctica, veremos. Todo dependerá de si el Gobierno y los grupos parlamentario de la coalición PSOE-UP son capaces de aprobar finalmente los Presupuestos Generales del Estado para este 2020, y también del poder que tenga el ministro Planas para conseguir que el Ministerio de Transición Ecológica atienda a los argumentos de Agricultura para desarrollar las políticas que tiene pensado desarrollar, también en la parte de Reto Demográfico.

Cambio climático, reto demográfico, transformación digital y diplomacia económico-comercial en el exterior serán los ejes sobre los que pivote principalmente la acción del nuevo Gobierno.

En principio, es muy positivo que el Reto Demográfico forme parte de un Ministerio, aunque no se esperaba que fuese en el de Transición Ecológica, en el que repite Teresa Ribera, con un rango competencial superior de vicepresidenta. Yo hubiera apostado más porque estas competencias pivotaran en Agricultura, porque es un ministerio que está más pegado a la tierra rural y por tanto conoce mejor a sus gentes, y eso también ayudaría, pero bueno.

¿Qué significa esto? Pues varias cosas. En principio, que el reto demográfico o la lucha contra la despoblación no se circunscribe solo a lo rural, como debe de ser, sino que se amplía a todo el territorio e incluye posiblemente también a las ciudades pequeñas de la periferia, que han ido perdiendo población en todos estos años en beneficio de las grandes urbes regionales o nacionales.

También que el Reto Demográfico no será por sí solo un Ministerio, como se había especulado, sino que se suma al de Transición Ecológica, con todo lo que ello supone. Parece ser, según el BOE, que ni siquiera será una Secretaria de Estado, lo cual denota que no va a ser tal la importancia que va a tener este tema, como en un principio parecía. Teruel Existe no sé si estará muy contento.

En tercer lugar, se espera que el Ministerio de Agricultura mantenga en su estructura la coordinación y las competencias estatales en materia de Desarrollo Rural, que forman parte del segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC), pero no está claro que lo haga en el futuro, cuando se ponga en marcha la nueva reforma de esta política en 2022 o 2023. Si así fuera, estaríamos ante un trasvase competencial de un departamento a otro, lo que dejaría al MAPA como un Ministerio exclusivamente económico.

No hay que olvidar que sin agricultura y sin sector agrario, aunque no sea lo único y suficiente, la supervivencia y desarrollo de nuestros pueblos no deja de ser una entelequia. Eso hace que la coordinación entre las políticas del MAPA y las que aplique el nuevo Miteco + Reto Demográfico deberán ser, sí o sí, dinámica y plena si se quiere cumplir con el objetivo central, que es lograr resultados tangibles para frenar el persistente despoblamiento de nuestro medio rural.

Ligado con lo anterior, algunos medios ven similitudes en este ámbito entre la estructura competencial del Gobierno de Sánchez y la de la nueva Comisión Europea que, como sabemos, cuenta con una vicepresidencia ejecutiva fuerte en manos del comisario Frans Timmermans, al frente del “Green Deal” (Pacto Verde) europeo. Se alinearían así las aspiraciones españolas con las del proyecto comunitario de la presidenta Ursula von der Leyen.

En el plano nacional, la ministra Teresa Ribera sería, pues, “nuestra Timmermans nacional” pero, además, con competencias en el reto demográfico, uniendo lo verde, la lucha contra cambio climático y las emisiones de CO2, las energías renovables, la política medioambiental del agua, del suelo y del aire…, etc., con la lucha contra el despoblamiento de más del 80% de nuestro territorio.

Limitaciones

No es nuevo que, salvo muy contadas excepciones en campaña preelectoral, el interés y, por tanto, el conocimiento que tiene el presidente Pedro Sánchez por el sector agrario y agroalimentario, e incluso por el medio rural, ha sido y es bastante limitado, si lo comparamos, por ejemplo, con el que demuestra su colega francés, Emmanuel Macron o, anteriormente, Nicolas Sarkozy

De ahí que muchos aprecien al MAPA como un Ministerio “de segunda”, con escaso peso institucional, incapaz siquiera de contar con una Secretaría de Estado (como sí la tendrá, en su caso, el Ministerio de Igualdad). En este sentido, Sánchez es un claro ejemplo de urbanita español estándar, en una sociedad que ve muy lejos y no comprende, ni se interesa apenas por lo que significa y vale el sector agrario y agroalimentario como proveedor de alimentos asequibles y de calidad a sus ciudadanos, de salvaguarda del medio ambiente en amplias zonas de nuestro territorio y de ocupación (y no abandono) poblacional del mismo. Si esto es algo cuyas consecuencias habremos de lamentar, lo veremos más pronto que tarde.

Por otro lado, alineado también con el proyecto de Agenda Digital de Bruselas, el Gobierno Sánchez ha incluido otro de los retos importantes, como es la digitalización, dentro del Ministerio de Economía, que continuará ocupando como vicepresidenta, Nadia Calviño, con el añadido en su nombre de Transformación Digital. Eso debería conllevar recursos suficientes para ir cerrando la todavía amplia brecha existente en el medio urbano y rural en este ámbito, si se quiere que nuestros pueblos y el medio rural en su conjunto no queden al margen de las tecnologías aplicadas de innovación a la actividad económica de amplias zonas de nuestro territorio.

También habrá que ver lo que nos depara el nuevo Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ocupará como presidente, el máximo responsable de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Sobre el papel, las implicaciones que para nuestro sector tiene la Agenda 2030, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, son muchas. Si ya de por sí era algo incuestionable, la sostenibilidad económica, social y medioambiental será más central que nunca en la actividad económica agroalimentaria. Aunque eso, es cierto, no es algo que nos pille de nuevas.

Existen dudas sobre lo que podría significar que este departamento pueda contar, como se ha dicho en algunos medios, con una Dirección General de Bienestar Animal, y si ello supondrá o no restar las competencias que ahora mismo tiene el MAPA en este ámbito.

En principio, un aspecto bastante positivo para nuestro sector agroalimentario exportador es la apuesta de Sánchez por la diplomacia económico-comercial con el exterior, poniendo al frente del nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación a toda una experta en los entresijos de esta materia, como Arantxa González Laya, por sus años, y no solo, con Pascal Lamy (comisario de Comercio y luego presidente de la Organización Mundial de Comercio, OMC). Muy atentos, pues, a lo que pueda dar de sí este departamento.

Como también habrá que seguir por sus implicaciones en nuestro sector agrario, agroalimentario y medio rural, sin entrar en más detalles, la actividad que desarrollen y las decisiones que adopten, principalmente, los Ministerios de Hacienda (María Jesús Montero), Trabajo (Yolanda Díaz), Seguridad Social, Inclusión y Migraciones (José Luis Escrivá), Industria, Comercio y Turismo (Reyes Maroto), Sanidad (Salvador Illa), Consumo (Alberto Garzón), Pedro Duque (Ciencia e Innovación), etcétera.

En definitiva, comienza una nueva legislatura con una coalición de gobierno que nunca ha existido en nuestro país y por tanto veremos cómo funciona. Espero que en lo que nos toca, no afecte negativamente a nuestro sector.

Acuerdo PSOE-Unidas Podemos

En el texto del acuerdo del Gobierno, de 50 páginas, firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, “Coalición Progresista. Un nuevo acuerdo para España” se contempla diversos proyectos y medidas de actuación con efectos directos o indirectos para el sector agrario y agroalimentario, algunas de las cuales ya están en proceso y también fueron incluidas en mayor o menor medida en el intento de acuerdo fracasado de la vez anterior, aunque en este caso sin  “memoria económica”.

En política agraria cabe destacar: la defensa de una PAC suficientemente dotada para garantizar la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental; la definición y puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional para la PAC post 2020; un Plan Nacional de Desarrollo Rural; medidas para facilitar el relevo generacional; apoyo al Pacto Verde Europeo; incentivación de la titularidad compartida de las explotaciones agrarias; impulso del papel de la mujer rural como titulares de explotación agraria, emprendedoras rurales y de presencia y liderazgo en organizaciones y cooperativas agrarias y del medio rural.

En política de consumo: modificación de la Ley de Seguridad Alimentaria y reducción del impacto de la comida basura, estableciendo obligaciones claras en el etiquetado, que deberá reflejar la calidad de los productos conforme al modelo del semáforo nutricional, así como una revisión de la fiscalidad de los alimentos ultra procesados o ricos en grasas y azúcares. Además, se impulsará que la compra pública de alimentos para comedores escolares o de hospitales sea un modelo de alimentación de calidad y de cercanía.

En política de agua, el acuerdo de la Coalición Progresista propone principalmente: un Plan nacional de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilización de agua, que incluiría, entre otros, un Plan Director de Regadíos; la prohibición de la compraventa de derechos concesionales de agua para regadío, y una Ley de bases reguladora del ciclo integral del agua, etcétera.

En política de cambio climático, medioambiente y forestal, se acuerda, entre otras medidas de actuación: una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que quedaron pendientes de aprobar en la anterior legislatura; Estrategia de transición justa al nuevo modelo energético; el apoyo al plástico de un solo uso en el marco de la Estrategia de Economía Circular; una Ley de Bienestar Animal; ampliación de la red de Espacios Protegidos; la creación de un Fondo de Compensación de Daños Ambientales; Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente; la promoción de una política forestal sostenible y más medios de prevención de los incendios forestales; la aprobación de una Ley de Bomberos Forestales, etcétera.

En política de despoblación y reto demográfico, el acuerdo de la Coalición Progresista incluye: una Estrategia Nacional frente al reto demográfico, de lucha contra la despoblación, de conectividad y de apoyo a la población joven.; la creación de oficinas de despoblación en 20 comarcas afectadas por este fenómeno; la aplicación de una política de desconcentración institucional del Estado, o el apoyo prioritario a la rehabilitación de viviendas en las zonas menos pobladas del medio rural, pese a que las competencias en la materia están transferidas a las comunidades autónomas; mejora de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia; Impulso del asesoramiento de explotaciones agrarias, con medidas de mejora de la sostenibilidad de la producción ganadera y de conservación de los suelos agrícolas; actualización  y desarrollo de la Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, etcétera.

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