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De estrategias europeas y realidades agroalimentarias

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Lo primero calma, mucha calma. Imaginemos que las Estrategias “De la granja a la mesa” (“Farm to Fork”) y de “Biodiversidad Horizonte 2030” se hubiesen presentado en nuestro país. ¿Quiénes las hubieran presentado? ¿El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas? ¿El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?, ¿l@s vicepresidentes segundo, Nadia Calviño, y tercero, Pablo Iglesias?

No. Si cambiamos a los miembros de la Comisión Europea, que presentaron el pasado 20 de mayo ambas estrategias, por sus equivalentes en responsabilidad en el Gobierno español, aquí hubiesen sido presentadas en su eje central por la vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (que es la equivalente española a Frans Timmermans, primer vicepresidente de la UE y portavoz del Pacto Verde Europeo), arropada en ambos lados por los ministros satelitales de Sanidad, Salvador Illa, y de Consumo, Alberto Garzón (equivalentes, a su vez, en la CE a Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, y a Virginijus Sinkevicius, comisario de Medio Ambiente, además de Océanos y Pesca). Ahí es nada, pero esto es solo una reflexión.

Entrando en faena: si dejamos al margen, por un momento, los objetivos porcentuales (demasiado concretos) que, sobre todo, en la Estrategia “De la granja a la mesa” se establecen en alguna de las medidas, es difícil no estar de acuerdo con los grandes principios expuestos. Porque, ¿quién puede oponerse desde la sensatez y el sentido común al diseño de un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente? ¿Quién a preservar y proteger la biodiversidad en la UE? Nadie y todos los agricultores y ganaderos están a favor de estas ideas.

Era tan evidente que se reflexionara (siempre es necesario reflexionar) sobre ambos aspectos que, prácticamente nadie o casi nadie, puede objetar oposición a unos principios tan elementales, que recogen la preocupación de la mayor parte de nuestra sociedad, tanto ante las advertencias y consecuencias nefastas del cambio climático, como ante la pérdida constatable y constatada de la biodiversidad en la Naturaleza, que vienen observándose ya desde hace bastantes años.

Ahora bien, la fuerte reacción de prácticamente todas las organizaciones agrarias y cooperativas, y de la industria de insumos (fitosanitarios y fertilizantes sobre todo), con sus más y sus menos, opuestos a la “hoja de ruta” marcada y propuesta (no impuesta, por ahora) por la Comisión Europea no es contra esos principios u objetivos (sin porcentajes).

En mayor o menor grado, el esfuerzo en la reducción de insumos y alternativas más sostenibles, normas y etiquetado de bienestar animal, fomento de buenas prácticas y de gestión integrada de cultivos, uso de energías renovables,…etc., ya se está llevando a cabo en la actualidad, atrayendo gasto público e inversiones privadas en nuevas técnicas y tecnologías, y se amplían también en la propuesta de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

Esfuerzo no reconocido

Este esfuerzo sobre lo que ya se ha logrado y se está logrando, sin embargo, no parece que quede reconocido (o no lo suficiente) en tales planteamientos estratégicos de la CE. Desde 1990 (año base a partir del cual se empieza a contar la reducción de las emisiones GEI a la atmósfera), el sector agrario comunitario ha reducido las mismas en más de un 20%, a la vez que ha logrado incrementar un 25% la producción, gracias a la mejora tecnológica y al uso más sostenible y eficiente de los insumos y de los recursos de producción.

Ese rechazo inicial a buena parte de las propuestas de la CE por parte del sector agrario, viene motivado también por cuestiones, como no haber contado con sus criterios y su opinión (o no haberlos tenido suficientemente en cuenta) a la hora de diseñar las estrategias que, llevadas a la práctica sin contrapartidas, como se han presentado, supondrán mayores condicionantes y exigencias a su actividad, aumentarán sus costes de producción, reducirán su productividad, y recortarán su competitividad en los mercados y, por tanto, también su rentabilidad. Pero también por el momento en el que la Comisión Europea lanza estas iniciativas, plena pandemia del COVID-19.

La ecuación parece clara: si a los agricultores y a los ganaderos se les obliga a hacer más con menos, a cambio de nada, lo único a lo que se les invita es a abandonar su actividad, pues lo que puede ser sostenible desde el punto de vista medioambiental (nadie lo niega), seguramente no lo sea ni social, ni económicamente.  

La Comisión Europea tendrá que demostrar fehacientemente, con un análisis detallado de impacto social y económico, no incluido en estas comunicaciones, que sus propuestas medioambientales no van a conllevar una carga adicional de los costes de producción agrarios, ya de por sí elevados, ni una disminución de la producción agraria comunitaria que nos lleve a arriesgar el auto-abastecimiento en cantidad y calidad, y la seguridad alimentaria de la población europea.

Sostenibilidad ambiental vs seguridad alimentaria

Precisamente, una de las mayores críticas del sector productor agrario es que en sus estrategias la CE pone casi todo su énfasis en  la sostenibilidad medioambiental (que nadie duda que sea necesaria), con medidas restrictivas al detalle para su protección, pero casi nada en salvaguardar y fomentar la producción propia de alimentos frente a unas importaciones de países terceros, que muchas veces no cumplen con los fuertes condicionantes que sí obligan a los agricultores y ganaderos comunitarios.

Un ejemplo de ello es que en la Comunicación de la CE de la Estrategia “De la granja a la mesa” no figura ya la mención a la necesidad de crear un Observatorio de la Seguridad Alimentaria de la UE, que sí se incluía en sus propuestas iniciales, cuando éste podría ser un instrumento muy válido de supervisión y seguimiento de las consecuencias que la aplicación de las políticas medioambientales puede tener sobre la producción y la seguridad agroalimentaria europeas.

Mucho más en las circunstancias como las actuales, en la que la crisis sanitaria del Covid-19 y las consiguientes dificultades económicas han puesto el centro del debate en lo esencial que es garantizar, evitando riesgos, el abastecimiento de alimentos y bebidas a los ciudadanos en volumen, calidad suficiente y a precios asequibles.

Por último, ¿quién puede oponerse a las recomendaciones de una dieta equilibrada y de un consumo de alimentos saludables? Nadie o casi nadie. Pero eso no puede implicar prohibiciones o restricciones, y tampoco dejar la puerta abierta a posibles riesgos por equívocos o errores en la implantación de un etiquetado nutricional en toda la UE o en la exposición de orientaciones dietéticas, carentes de fundamento científico y que de entrada subestiman ya, por ejemplo, a los alimentos de origen animal. Igualmente, debería ser fundamental la máxima transparencia a la hora de informar al consumidor sobre el origen de los alimentos y bebidas.

Joachim Rukwied, presidente del Comité Europeo de Organizaciones Profesionales Agrarias de la UE (COPA), en una reacción inicial de urgencia, tras la presentación por la CE de ambos informes, fue concluyente: “queremos seguir nuestro camino hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y seguir invirtiendo en ella, pero estas estrategias son el camino equivocado. Son un ataque general a la agricultura europea. Las metas no son una solución. Para conseguir una agricultura productiva, competitiva y eficiente con los recursos, se necesita cooperación en lugar de nuevos requisitos. (…) No se puede dejar recaer el peso de los costes ligados a una mayor protección ambiental y climática únicamente en los hombros de los agricultores. La consecuencia de ello sería una creciente externalización de la producción europea de alimentos hacia terceros países, y sobre todo, el abandono de un gran número de explotaciones agrícolas y ganaderas en la Unión Europea.” Calma, mucha calma, queda margen, debate y tiempo para poder evitarlo.

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