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El mediador

Ricardo Migueláñez

La resolución de conflictos entre las partes, a través de un mediador o árbitro, como vía para la autorregulación  del sector agroalimentario en su intento de solucionar cualquier discrepancia contractual en su relación comercial o mercantil, dejando al margen la más lenta y costosa vía judicial, ha sido y continúa siendo una de las aspiraciones centrales del mismo.

Sin embargo, la realidad es tozuda y los conflictos entre partes, de la naturaleza que sean, lo que hacen es enconar esa relación y dificultar cualquier tipo de acuerdo, porque cada una de ellas creerá estar en posesión de la razón para no dar su brazo a torcer y porque, al final, lo que prevalecerá en la práctica será la razón del más fuerte, del que cuenta con más fuerza económica para presionar e imponer su propia razón sobre la del otro o, en el fondo también, la razón del que tiene menos que perder en la quiebra de una relación contractual.

A mediados del pasado mes de marzo, el director general de la Industria Alimentaria del MAPA, José Miguel Herrero, destacó la necesidad del instrumento de la mediación y arbitraje como solucionador de diferencias en el ámbito de las transacciones en la cadena alimentaria, en una Jornada informativa de presentación de las Cortes Arbitrales especializadas en el sector agroalimentario.

Como es conocido, el propio Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria (CBPMCA), de inscripción voluntaria, va mucho más allá de lo regulado por la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, al incluir (capítulo V.3) en su sistema de resolución de conflictos la figura del mediador, como una vía para que el propio sector agroalimentario se autorregule y pueda solucionar cualquier discrepancia en la aplicación de los compromisos establecidos en el Código, mediante procedimientos basados en la buena fe y con los menores costes operativos y de gestión.

El capítulo VIII de este Código regula el procedimiento para la resolución de las discrepancias, estableciendo la posibilidad de sometimiento de la resolución del conflicto a un sistema de mediación y, en su caso de arbitraje, indicando que “cualquiera de los operadores que intervienen en una relación contractual  podrán promover un procedimiento de Mediación, en caso de que no hubiera acuerdo en la fijación del precio de los contratos alimentarios, en las siguientes condiciones: que se trate de una relación contractual en la que el vendedor sea una Organización de Productores (en los términos definidos en la PAC) que opere en nombre y representación de sus asociados; que el contrato se refiera a un producto agrario no transformado en su primera venta, y que ambos operadores que intervienen en la relación comercial estén adheridos al Código.”

El recurso a la mediación deberá fijarse en los contratos comerciales y ser aprobada por ambas partes. La realización del correspondiente acto de mediación se solicitará, por cualquiera de ellas, ante cualquiera de las instituciones de mediación establecidas en la Ley 5/2012, de mediación de asuntos civiles y mercantiles e incluso el propio MAPA podría constituirse en institución de mediación.

Condicionantes

Salvo que se haya podido ir más allá, en nuestra opinión, se trata de un recurso necesario, pero al que se le impone bastantes limitaciones para que sea efectivo acudir al mismo. En primer lugar, se limita a las empresas u asociaciones que están inscritas o adheridas voluntariamente en el CBPMCA, descartando en este ámbito y de entrada al resto. Ahora mismo son algo más de 140 las adhesiones y el objetivo del MAPA es que éstas de aquí a final de año se dupliquen y lleguen a unas 300, pero se desconoce qué se hará desde este departamento para convencer a los que, tras varios años de existencia del Código, aún no están y puede que tampoco se lo hayan planteado.

Son muy pocas en relación con las muchos miles de empresas agroalimentarias existentes, aunque algunas podrían estar representadas  (¿lo estarían de verdad?) por sus asociaciones y, además, como dejaron claro en sus peticiones los directores generales de FIAB, Mauricio García de Quevedo, y de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, no están adscritas a este Código dos de las tres patas de las distribución comercial, ACES y  Anged, aunque sí Asedas, la patronal que aglutina a un mayor número de supermercados. Como tampoco lo están las organizaciones y empresas de la distribución mayorista y otras figuras menos conocidas que también intermedian en la compraventa de alimentos y bebidas. Podría decirse que en este Código, lo mismo que en un manicomio, “ni están todos los que son, ni son todos los que están”.

Otro de los condicionantes que se impone para promover la mediación y el arbitraje es que en la relación contractual el vendedor del producto agrario no transformado en su primera venta sea una organización de productores (OP), según se define en la PAC, que opere en nombre y representación de sus asociados.

Habría que aclarar si se mantiene esa limitación, porque si es así poca eficacia puede esperarse de este recurso en el sector agroalimentario. Está bien que desde el Gobierno se intente apoyar al eslabón más débil y al asociacionismo, pero la realidad es que, ahora mismo, salvo en frutas y hortalizas y en el lácteo, y con muchos interrogantes, las OP no existen en nuestro país. Además, las relaciones contractuales entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, también entre la industria y la distribución, son mucho más complejas de lo que la norma contempla.

En esta jornada, el director general de la Industria Alimentaria informó de la elaboración del convenio arbitral, fruto del consenso realizado en el grupo de trabajo entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, representados por ASAJA, COAG, UPA, Cooperativas Agro-alimentarias, FIAB y Asedas, y que se incorporaría a los contratos entre las partes, así como de la lista de árbitros expertos (Asociación Europea de Arbitraje y Cámara de Comercio de Valencia), que resuelvan las diferencias entre empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria.

Con toda esta información, José Miguel Herrero afirmó que se daba cumplimiento a lo establecido en el punto 20 del CBPMCA, en el que las asociaciones u organizaciones adheridas se comprometen a impulsar entre sus asociados la utilización de instrumentos, públicos o privados, de mediación para facilitar la resolución de discrepancias que pudieran producirse en sus operaciones comerciales, utilizando para ello los más adecuados para dicha labor, incluidos los que puedan ser promovidos por dichas asociaciones.

Procedimiento abreviado

La Asociación Europea de Arbitraje (AEA) y la Cámara de Comercio de Valencia, como Cortes Arbitrales, han venido trabajando en un procedimiento abreviado para ofrecer arbitraje y mediación eficaz al sector agroalimentario, reduciendo los plazos de tramitación y resolución, adaptándolos a cada controversia concreta a la que se someten de forma voluntaria los operadores de la cadena que están adheridos al CBPMCA.

En el convenio arbitral específico se indica que “toda controversia relativa a los efectos, ejecución, modificación, cumplimiento y extinción de este contrato será resuelta definitivamente mediante arbitraje de derecho administrado por la Corte (de la AEA o de la Cámara de Comercio de Valencia), de conformidad con su Reglamento de Arbitraje vigente a la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje.”

También se contempla que “El Tribunal arbitral que se designe a tal efecto estará compuesto por un único árbitro, salvo que las partes pacten un tribunal de 3 árbitros. Cuando la designación del árbitro único o la del presidente del tribunal sea realizada por la secretaria de la Corte, lo será de entre los miembros que integran la lista de árbitros expertos en el sector agroalimentario, según el procedimiento establecido en el presente convenio arbitral.”

Y, además del idioma y el lugar del arbitraje que pacten las partes o, en ausencia de pacto, la secretaria de la Corte en atención al domicilio social de las partes y cuando tengan varias sedes, a las circunstancias del arbitraje, se contempla que  “salvo pacto en contra de las partes, el procedimiento arbitral se regirá con arreglo al procedimiento abreviado establecido en el presente contrato arbitral.”

En resumen, se da un paso más en el deseo del Ministerio de Agricultura de impulsar el arbitraje especializado en las relaciones contractuales del sector agroalimentario. Eso no quiere decir que ese paso, necesario, sea suficiente, ni mucho menos. Dependerá también de lo que consideren las partes en sus relaciones contractuales y de la mejora legal de este procedimiento que, con carácter general, estaba preparando este Gobierno y que quedó en el limbo por el adelanto electoral.

Algunas fuentes se inclinan por incorporar tal procedimiento a una revisión de la Ley de la cadena, en vez de limitarlo a la adhesión voluntaria a un código, para lograr más fuerza en ese impulso, a través de lo que, por ejemplo, desde el Ministerio de Justicia se definió como  “obligación mitigada” con la que superar el modelo de mediación actualmente vigente, basado en su carácter exclusivamente voluntario. Sería un trámite necesario que obligaría a las partes litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias, como existe ya en otros países.

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