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El sector lechero sin cuotas

Ricardo Migueláñez. Ingeniero Agrónomo. @rmiguelanez

Aunque parezca una verdad de Perogrullo, el nuevo escenario de mercado lácteo sin cuotas, vigente desde el pasado 1 de abril, se caracteriza por el hecho de que toda la leche que se produce es ya de curso legal. Toda se puede comprar y vender sin problemas. Ya no existe leche “blanca” o “negra”, leche A, con cuota, y B, fuera de cuota. Otra cosa es a qué precio se vende esa leche y, por supuesto, con qué destino, porque lo lógico es que, a pesar de que toda la leche procede de la vaca, no es lo mismo que ésta luego vaya a meterse sin más en un “brik” o cartón, con apenas costes de procesamiento, que se convierta en polvo, en mantequilla o en quesos de mayor o menor valor añadido.

Para situar el contexto, recordar que en los meses previos al fin del sistema de cuotas lácteas, tras 30 años de existencias, tanto las industrias, las Administraciones públicas, como también los propios ganaderos fomentaron un aumento de la oferta de leche en el mercado, que ahora, en estos meses del periodo post-cuotas, se ha visto que fue excesivo, animado también por una fortaleza de precios ante la firmeza de la demanda en el mercado internacional. Esto no ha sucedido solo en España, sino también, incluso con más fuerza, en otros grandes países productores de la UE, como Holanda, Alemania o Irlanda, donde los ganaderos se pusieron a comprar más vacas y a producir más para, como se dijo, “prepararse para un escenario sin cuotas y poder atender la demanda de los mercados”.

Este exceso de oferta llenó los almacenes y frigoríficos de las fábricas de cartones de leche UHT, de quesos y de mantequilla, que no han tenido la salida comercial fluida que se esperaba, e hizo que las torres de secado se completaran hasta arriba de polvo de leche. Luego vino la desaparición del sistema de cuotas lácteas el pasado 1 de abril, que trajo la libertad “teórica” de producir leche; la aplicación del denominado “paquete lácteo”, traducido en el Real Decreto 125/2014, que trata de regular legalmente las condiciones obligatorias de la relación contractual entre productores-suministradores de leche y primeros compradores, y la “guinda” de un derrumbe internacional –en unos países más que en otros- de los precios de la leche y de los lácteos, ante un aumento de la oferta que no ha tenido el firme soporte esperado de la demanda, como sí lo tuvo en la campaña anterior.

Todo esto combinado con otros factores colaterales, como la multa de 88,2 M€ impuesta por Competencia (CNMC) a varias industrias y la posibilidad de incurrir en supertasa láctea en la campaña 2014/15 (previsión de 11 M€ a 150 ganaderos por superación en 40.000 t de la cuota nacional), ha producido una situación de caos bastante considerable, principalmente en Galicia, que asume un tercio de la producción total de leche líquida en España, en el norte de Castilla y León y en algunas zonas productoras de la cornisa cantábrica.

Allí donde los ganaderos han estado menos organizados comercialmente y han entregado su producción a compradores no transformadores autorizados, es donde la situación ha sido más complicada. Y, al contrario, en las zonas donde la leche se ha entregado a cooperativas transformadoras punteras, caso de CLAS-Capsa en Asturias, o donde las organizaciones de productores funcionan, caso de la OPL del Sur, es donde mejor se han adaptado a este nuevo y más complejo escenario, sin que ello suponga decir que esa adaptación haya sido fácil.

Contratos anuales

Cierto es que el RD 125/2015 ha introducido una serie de aspectos a las que la industria láctea no ha terminado de adaptarse. El más criticado y que ha sido objeto de recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por parte de la patronal FeNIL, es la obligación de que los contratos duren al menos un año, ya que la exigencia, incluida en la Ley 12/2013 de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, de contratos obligatorios, con precio y plazos de pago, volúmenes y calidades, con márgenes de tolerancia, y que no pueden modificarse de forma unilateral y retroactivamente una vez firmados, es algo ya bastante asumido.

Es verdad que el ganadero puede renunciar al año de duración contractual con solo comunicárselo a su administración autonómica y, en teoría, justificándolo. Algo que han hecho muchos productores, “animados” también por la propia industria a quien venden la leche. Tampoco ha gustado a muchos jefes de compra tener que comunicar al ganadero con dos meses de antelación las condiciones de suministro de leche, sujetas a contrato, cuando hasta ahora y en la práctica lo comunicaban con pocos días de antelación, cuando no sorpresivamente.

Por eso, los menos adaptados a las nuevas reglas de un mercado sin cuotas lácteas, no han sido precisamente los ganaderos, sino ciertos compradores, que han creído quizás que todo el monte es orégano y que el supuesto libre mercado iba a regularse por la “ley de la selva”, aunque, en parte, lo sea así. Y quién lo iba a decir, cuando fue la industria la que años atrás argumentaba que estos contingentes legales de producción lo único que hacían era limitar y frenar el desarrollo de sus negocios.

Y por eso, han intentado en estos meses iniciales del periodo post-cuotas pescar en río revuelto, reaccionando con el abandono de rutas de recogida o de entregas a ciertos colectivos de ganaderos; con una disminución drástica de la compra de volúmenes de leche , dado que tenían aún los almacenes llenos de producto sin vender y por si acaso; con precios muy bajos pagados por la leche, al límite o claramente inferiores a los costes de producción, aprovechándose de la condición perecedera del producto; con cambios unilaterales impuestos en las condiciones de entrega, de primas o descuentos por calidad o volumen de la leche, que antes no aplicaban, etcétera.

Al final, lo que se está viendo es que la industria láctea, con cuotas o sin cuotas, sigue teniendo, ahora incluso con más fuerza, el mango de la sartén. Y salvo que los productores estén comercialmente bien organizados para plantear y negociar sus criterios sobre su oferta de leche en la contratación, siguen siendo los primeros compradores los que ponen o, mejor dicho, imponen de forma unilateral sus cláusulas sobre la mesa del productor. Y, en un escenario de oferta suficiente de leche, como el actual, si las aceptas bien, si no, ahí te quedas con tu leche y con tus vacas.

Infolac

En el haber del Ministerio de Agricultura hay que apuntar, al menos, que no se han visto en las televisiones escenas, como en el pasado, de derramamiento de la leche, al haberse negociado con la FeNIL y con la interprofesional INLAC que no se quedase ningún litro sin recoger en el campo. Y que la leche inicialmente no recogida, se pagase luego a precios de intervención de leche en polvo, por debajo de costes de producción, para terminar yendo en todo caso después a las plantas de la industria transformadora, como si nada, dejando pingües beneficios a determinados compradores intermediarios.

Desde el MAGRAMA se están manteniendo reuniones periódicas con los representantes del sector lácteo para hacer un seguimiento del mercado (recogida de leche y firma de contratos) en estos meses de transición, en el que se ha iniciado también la puesta en marcha  del nuevo sistema unificado de información (Infolac), regulado por RD 319/2015, en sustitución del sistema Gecole, tras la desaparición del régimen de cuotas lácteas.

Con el Infolac se pretende realizar una mayor supervisión y control de los primeros compradores “sin fábrica” o solo comercializadores (95 en total, de los que 77 son cooperativas y 18 empresas privadas). A estos últimos, se les acusa desde el sector de actuar de forma especulativa, con sus contratos “basura”, y de ser bastante responsables del caos comercial que se sigue viendo en algunas zonas productoras, sobre todo en Galicia.

El Infolac, que modifica el sistema de comunicación obligatoria de los datos de producción de leche de vaca seguido hasta ahora, cuenta con tres registros principales: el de los primeros compradores, donde se incluyen a las industrias lácteas, cooperativas y otros intermediarios; el de grabación de contratos de suministro y compraventa de leche, que depende también de la normativa del “paquete” lácteo, y el de las declaraciones de entregas, que tendrá carácter mensual y anual.

Adicionalmente, desde la Secretaría General de Agricultura y Alimentación del MAGRAMA, departamento que aboga por un entendimiento entre las partes contratantes, como no podría ser de otra forma, se han planteado unas cuantas medidas para ayudar a sobrellevar las evidentes dificultades iniciales del periodo post-cuotas, como son potenciar el uso de índices de referenciación de INLAC y actualizar los datos oficiales del sector; divulgar ampliamente el “paquete lácteo”, ayudar a las OPs de ámbito supraautonómico; discriminar positivamente en el sistema de seguros agrarios a los ganaderos que formen parte de una OP; aprobar una normativa específica para los primeros compradores no transformadores; impulsar medidas de promoción del consumo de leche en las escuelas y de promoción exterior; potenciar el Observatorio lácteo; establecer instrumentos sobre los márgenes de las explotaciones; firmar un nuevo convenio con INLAC, que permita revisar y ampliar su papel de esta entidad interprofesional en aspectos como las “vistas previas al arbitraje”, recopilación de información, etcétera.

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