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Emergencia climática, de las musas al teatro, y de ahí...a la realidad

Ricardo Migueláñez

El Consejo de Ministros del 21 de enero pasado aprobó el acuerdo de Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, con el compromiso de adoptar 30 líneas de acción prioritarias en la actual legislatura, cinco de las cuales en los primeros 100 días de Gobierno, para combatir el cambio climático con políticas transversales, cuyos efectos se dejarán traslucir en el sector agrario, agroalimentario y en el medio rural.

Casualidad o no, esta declaración coincidió en el tiempo con los embates iniciales del temporal Gloria que, como hemos visto, ha arrasado durante casi una semana gran parte de litoral mediterráneo, zonas del interior del Centro y Sureste peninsular, dejando grandes destrozos en infraestructuras e instalaciones agrarias y rurales, e importantes pérdidas económicas en algunos cultivos, como arroz, cítricos, hortícolas de invierno y acuicultura, principalmente, aún difíciles de valorar.

La declaración, como toda declaración, no deja de ser un compendio de buenas intenciones, líneas prioritarias, planes, programas y estrategias que sobre el papel aguantan casi todo lo que les echen, pero que tendrán que confrontarse y plasmarse en la realidad. Será, salvando las distancias, como tener que pasar de las musas al teatro, del dicho al hecho, de la teoría a la práctica y, sobretodo, de esta última a resultados tangibles y que puedan medir y valorar.

El principal objetivo en lo que acontece al sector agrario o primario de nuestro país es que éste tendrá que ser neutro en emisiones de dióxido de carbono equivalente (CO2eq) en 2050. En otros términos, que los gases contaminantes que la actividad primaria genera y emite a la atmósfera, la mayor parte de las veces porque no queda otro remedio si se quiere mantener la actividad productiva, se vean compensadas y neutralizadas por acciones y prácticas de adaptación y mitigación de la misma, de forma que el resultado final sea cero.

Sin que nadie haya dicho que lograr ese objetivo de neutralidad vaya a resultar sencillo, el primario no es de los sectores que lo tienen más complicado, dado su enorme potencial mitigador del cambio climático en la absorción de CO2, que, antes eso sí, debería ponerse en su justo y correcto valor y que creemos que no se ha hecho todavía del todo.

Compromisos

En este camino, en los próximos tres meses, el Gobierno se ha comprometido a remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para garantizar la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050. Y ahí se imbrica la necesidad de que vayamos hacia un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente.

En segundo lugar, pretende en este periodo definir la senda de la descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, para asegurar el objetivo de neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base del mejor conocimiento científico disponible y de manera coherente con los objetivos y medidas a 2030, recogidos en Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, como exige el Acuerdo de Paris y la normativa comunitaria.

En tercer lugar, se busca invertir en un país seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático. Y para ello se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

En cuarto lugar, se quiere reforzar en este periodo los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático, a través del establecimiento de la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático.

En quinto y último lugar, el Gobierno pretender impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así como del sector servicios, de modo que favorezca la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad, y que integren las externalidades ambientales, favorezcan la eficiencia y la innovación, y la compatibilidad de sus estrategias de negocio con los límites ambientales. Todo ello, en el contexto de una transición justa con las personas trabajadores y comarcas a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento a las industrias.

De hecho, en el Marco Estratégico de Energía y Clima se contempla al sector agrario como un aliado, al considerarle no solo esencial para la conservación del medio ambiente, sino también fundamental para la lucha contra el cambio climático, previéndose que su presencia se vea consolidada y reforzada en un modelo económico descarbonizado.

En el PNIEC 2021-2030 se prevé que el empleo en el sector primario aumente entre 6.400 y 10.800 y que la adopción de medidas de carácter regulatorio en ámbitos como la mejora de las condiciones de las granjas (ubicación, emisiones, gestión de estiércoles…), la nutrición sostenible de los suelo o el destino de la biomasa procedente de la agricultura y la silvicultura contribuyan a maximizar las oportunidades que ofrece la transición energética al sector.

Estas medidas serán también el eje fundamental en el diseño del Plan Estratégico de la PAC, que debe realizar nuestro país y donde se espera que el 40% de la dotación financiera global de esta política común contribuya a los objetivos climáticos, que se han fijado la Unión Europea y España, en el contexto del Acuerdo de París.

También se señala que la transición energética es una oportunidad para el conjunto de España, pero especialmente para la España rural, la que se ha denominado la España vacía, “porque somos ricos en sol, en viento y biomasa y es necesario aprovechar estos recursos con presencia humana, laboral e industrial sobre el terreno. Esa oportunidad es complementaria a la actividad agraria y supone un relanzamiento del territorio. Sin transición justa la España vacía queda, en el mejor de los casos, como está. Con transición ecológica protagoniza la reindustrialización y el reverdecimiento de la economía, ofreciendo nuevas oportunidades a la España rural.”

Líneas prioritarias

Junto con las primeras medidas a poner en marcha por el Gobierno en estos 100 primeros días, la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental define y describe otras 25 líneas prioritarias, sobre las que pivotará toda la acción transversal de la Administración pública, en todos sus niveles a medio plazo y a lo largo de la presente legislatura. Las más interesantes y de incidencia más directa (aunque, por lo general, casi todas afectan) para el sector agrario, agroalimentario y medio rural son las que siguen:

Antes de final de año, el Ejecutivo aprobará un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y pondrá en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Se quiere poner énfasis en el fortalecimiento de las sinergias con las políticas de Desarrollo Rural, de protección de la biodiversidad y de impulso de las oportunidades para la transición energética y para generar nuevo empleo verde.

En este contexto, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y tiene intención de presentar ya en la Conferencia de Presidentes (de las CC.AA. y de España) del presente año 2020 la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico para facilitar una mejor coordinación entre Administraciones.

El Gobierno quiere implicar también al sector financiero en su proyecto y elaborará un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos “verdes” por parte del Tesoro público, impulsando la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París e integrando, además, la variable del cambio climático en la política fiscal.

El acuerdo contempla la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos, con implicaciones claras para el sector agrario y agroalimentaria, para abordar, entre otros objetivos, el problema de los plásticos de un solo uso para alcanzar el “residuo cero” en el horizonte 2050.

Antes de 2021 se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático, que debería tener efectos directos sobre el territorio (turismo rural, enoturismo, oleoturismo, turismo de Naturaleza, turismo interior…etc.).

Para finalizar, debemos recordar que ni España, ni la Unión Europea, con su Pacto Verde Europeo, pueden ser islas en lo que atañe a la reducción de emisiones de GEI a la atmósfera y en la transformación energética y medioambiental, sin comprometer su competitividad comercial en los mercados mundiales, entre ellas la del sector agroalimentario.

Así lo dejó entrever la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, cuando en el Foro Davos afirmó que “no tiene sentido reducir las emisiones de CO2 en casa si aumentamos (por el contrario) las importaciones de emisiones del exterior. No es solo una cuestión ambiental, también de justicia, y vamos a protegerles de la competencia injusta”.

Para ello, Von der Leyen abogó por la aplicación de un mecanismo (tasa o impuesto) de ajuste de emisiones en la frontera para los productos de países altamente contaminantes (sin hacer referencia a ninguno en particular, pero con la mente puesta en China y EE.UU.), aunque confiando (quizás, en exceso, quizás con ingenuidad) en que al final sea innecesario imponer tasa alguna, porque se produzca una ola de inversión “verde” a nivel global.

Habrá que tocar madera para que ni lo uno –pérdida de competitividad económico-comercial de la UE en los mercados a nivel interno e internacional-, ni lo otro –imposición por la UE de una tasa de carbono en frontera a mercancías o servicios de países terceros- suceda por el bien y la tranquilidad de todos.

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