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Irregularidades y fraude en las ayudas de la PAC

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El pasado 3 de septiembre la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) hizo público su informe anual de actividad, en el que están recogidas las investigaciones llevadas a cabo por este organismo en el año 2018, así como las recomendaciones a las autoridades competentes nacionales respecto a dichas investigaciones. También incluye una serie de casos de fraude más importantes detectados  durante 2018.

Su publicación armó cierto revuelo en el anestesiado panorama agrario de nuestro país, pues algunas informaciones hicieron referencia a que aumentaba el fraude con fondos agrícolas en la UE y que España era el país comunitario en el que más irregularidades se habían detectado.

En concreto, entre 2014 y 2018  hubo 50.153 irregularidades, fraudulentas y no fraudulentas, en el uso de fondos estructurales y agrícolas, de las cuales 10.995 correspondían a nuestro país, un 22% del total y bastante por delante de Rumania, en segundo lugar, indicativo no de que fuese el territorio donde más irregularidades hubo o de que se haga un “mal uso” de las mismas, como publicaron algunos medios, sino de ser el más activo en detectarlas.

El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que preside con gran diligencia Miguel Riesgo, no tuvo casi más remedio que salir a la palestra días después para aclarar las cosas y ponerlas en su sitio. En primer lugar, indicó que el FEGA es el responsable de la comunicación de las irregularidades relativas a la Política Agraria Común (PAC) y, según sus datos, de todas las irregularidades comunicadas, unas 1.709 se corresponden a los fondos agrícolas, subrayando que (en el informe 2018 de la OLAF) “no se incluye ningún caso de fraude relativo a la gestión de la PAC en España.”

Desde el FEGA también se aclaró que “la gestión de las irregularidades por parte de los organismos pagadores responsables del control de la PAC se lleva a cabo para proteger los intereses financieros de la Unión Europea, dado que en caso de que estas irregularidades no se detecten, se llevarían a cabo pagos indebidos de las ayudas.”

En el mismo sentido, y esto es importante, el FEGA recalcó que el concepto de “irregularidad” se refiere a todo incumplimiento de una disposición de la reglamentación comunitaria por parte de un beneficiario, que impide que pueda recibir dicha ayuda. Dicho incumplimiento puede carecer de intencionalidad por parte del beneficiario y, esos casos, que son la mayoría, añade, no implicaría fraude.”

En otros términos, sin entrar en más detalles, el FEGA señala que “las cifras son un reflejo de la correcta actividad de gestión y control por parte de las autoridades competentes que gestionan estas ayudas” y que “las irregularidades comunicadas a la OLAF reflejan el resultado de la labor de los Estados miembros de la UE contra el cobro incorrecto de las ayudas.”

Ayudas a la promoción agrícola

De manera global, la OLAF constata en su informe que en los últimos años han aumentado los fraudes relacionados con la promoción de productos agrarios de la UE.  La sistemática general de este fraude, que no excluye variantes, es la siguiente: a fin de eludir la reglamentación comunitaria, los infractores crean empresas ficticias (fantasma) para que actúen como intermediarias a la hora de acudir a las convocatorias de presentación de ofertas o para ayudar a inflar las facturas con supuestas prestaciones de servicios. Los fondos desviados se blanquean luego a través de una cuenta o varias cuentas bancarias creadas habitualmente en un país tercero.

Durante el pasado año, la OLAF investigó en concreto a un grupo organizado que ofrecía en distintos países ayuda a los ganaderos que querían promocionar productos lácteos, como quesos, fuera de la Unión Europea, incluso ofrecía financiación para sufragar parte de los costes de las operaciones. Después creaban una red de empresas “pantalla” en varios países y, con la colaboración de los beneficiarios de las ayudas comunitarias, manipulaban los procedimientos de licitación, inflaban los precios para recibir fondos públicos por servicios que no prestaban y blanqueaban luego las ayudas recibidas. Gracias a esta investigación, la OLAF logró recuperar 15 millones de euros de fondos públicos.

La OLAF informó también haber detectado muchos casos de fraude en Italia, donde se habrían beneficiado de ayudas agrarias personas sin derecho a ellas, o a nombre de personas fallecidas o de rebaños “fantasma”, en los que se pedían subvenciones para animales que no existían.

Este organismo, en cooperación con las autoridades del país transalpino, descubrió una importante red de “falsos  agricultores”, con posibles vínculos con redes mafiosas, algo que era desde hace tiempo “vox populi” en este país y en la UE.  El sistema defraudador habría traspasado incluso las fronteras italianas, por lo que la OLAF y las autoridades competentes de los Estados miembros continúan investigando para su desmantelamiento.

Otro tipo de fraude es el denominado “agro-piratas”, en el que se solicitan ayudas directas por superficie para tierras que ni siquiera pertenecen al solicitante y, por un caso de este tipo, la OLAF reclamó a Francia más de medio millón de euros en 2018.

La Oficina Europea pone también énfasis en el fraude detectado en las aduanas de la UE, que afecta a todo tipo de mercancías, también las agroalimentarias, y que es de dos tipos: o se introducen mercancías de contrabando para no pagar derechos arancelarios o se declara un valor inferior al real para pagar menos tasas.

Desde 2017, la OLAF se ha encontrado varios casos (textiles y calzado, procedente sobre todo de China), en el que los defraudadores van cambiando de puerto donde declarar hasta encontrar el más laxo o permisivo. En ocasiones, inundan un determinado control aduanero, de modo que sus inspectores no sean capaces de lidiar, o al menos no hacerlo como deben, con el flujo de bienes que llegan, dándoles salida sin verificar. De este modo, entran en la UE millones de productos falsificados, desde champú, hasta pesticidas, que son ilegales. La OLAF ha podido recuperar 2.500 millones de euros hasta ahora por este motivo.

Fraude por Internet

Aunque el fraude en aduanas con producto físico se ha reducido en un tercio en los últimos años, a esta agencia europea le preocupa ahora el que se produce a través del comercio electrónico por Internet, al que recurren cada vez más los grupos organizados y que es más difícil de detectar que el que llega por medio de grandes contenedores a los puertos. Y ese es el gran reto para el futuro en la lucha contra el fraude, destaca la OLAF.

Este organismo europeo advierte que las tendencias observadas son que han aumentado en número los casos de prácticas fraudulentas con los fondos agrícolas comunitarios, en particular las destinadas a promocionar productos agrícolas europeos,  y que los grupos de defraudadores recurren cada vez más al comercio electrónico para evitar el pago de las tarifas aduaneras (evasión de derechos de aduana, organizada a través de redes de delincuencia transnacionales) por las mercancías y bienes que buscan introducir en el mercado comunitario.

Al respecto, es también objeto de máxima preocupación la creación de empresas ficticias y la ocultación de transacciones comerciales falseadas para obtener fondos públicos comunitarios, así como el frecuente blanqueo de capitales en países terceros.

El pasado año, la OLAF cerró con 167 investigaciones y emitió 256 recomendaciones a instituciones comunitarias y Estados miembros de la UE, logrando recuperar unos 371 millones de euros para el presupuesto comunitario, que habían sido objeto de actividades y de prácticas irregulares, ilegales o fraudulentas.  Un dinero que tenía que haber llegado a las arcas comunitarias, pero que no llegó precisamente por el fraude directo o que no se desembolsó tras detectarse irregularidades en los proyectos receptores.

A finales del pasado año, la OLAF mantenía abiertas 414 investigaciones, de las cuales unas 219 correspondían al fraude detectado en 2018, a raíz de 1.259 análisis preliminares realizados por sus expertos. La mayor parte de estos expedientes afectaban a los fondos estructurales, con 85 casos abiertos, mientras que otros 65 casos tenían que ver con el personal comunitario, 44 con la ayuda al exterior, 43 con aduanas y unos 33 con los fondos agrícolas.

El informe de 2018 de la OLAF se centra también en el modo en que esta agencia europea frustra los planes de la delincuencia organizada para tratar de embolsarse el dinero de la UE. En lo que se refiere a la lucha contra los casos de fraude más complejos, perpetrados por delincuentes enormemente organizados, resulta útil la experiencia, y los investigadores de la OLAF no solo están especializados, sino que cuentan con años de experiencia a sus espaldas, lo que les ayuda a detectar con rapidez los patrones de los delitos, poner en práctica sus conocimientos para resolver los casos con mayor celeridad y detectar nuevos sectores de fraude.

En la nueva Estrategia de Lucha contra el Fraude, elaborada en 2018 por la Comisión Europea y en la que participó activamente la OLAF, se propone un análisis de datos mejorado que favorezca la adopción de medidas de política antifraude, así como un análisis más complejo de los riesgos de fraude, que debería traducirse, según este organismo, en una mejor utilización de los controles contra las prácticas fraudulentas.

En suma, se pretende dotar a esta Oficina europea de mejores herramientas y más adecuadas para un panorama antifraude que está en constante evolución, permitiendo, por ejemplo, incrementar la admisibilidad de las pruebas de la OLAF en los tribunales nacionales, conceder a esta agencia acceso a las cuentas bancarias, facilitar los controles sobre el terreno y cumplir su mandato en el ámbito de las prácticas fraudulentas sobre el valor añadido.

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