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La batalla regional de la PAC se recrudecerá en 2021

No es la guerra, ni mucho menos, pero la batalla (o las batallas) en la que se embarcará el Ministerio de Agricultura y los responsables del ramo de las Comunidades Autónomas para acordar el plan estratégico nacional de la futura Política Agraria Común (PAC) tiene pinta que va a ser de órdago. Nadie quiere perder ni un euro en los fondos que actualmente reciben las CC.AA., pero es que parece que el modelo va a ser muy distinto y eso hace que el status quo sea difícil mantener.

Quedan pocos días para que concluya este fatídico 2020. Un año más para olvidar que para recordar por la crisis de la pandemia de la Covid-19. El año próximo 2021, ahora sí, será determinante para avanzar y concluir la definición de lo que para el país y el sector agrario, y dentro de los márgenes discrecionales que permita Bruselas, será la PAC en España, que empezará a aplicarse en 2023 y llegará, en principio, hasta 2027, coincidiendo en el calendario con el final también del Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea a 27.

El arduo trabajo de análisis y debate de la negociación interna entre MAPA y CC.AA. -la negociación “hispano-española”, como les gusta definirla a algunos- del plan estratégico nacional se abordará en paralelo, al menos durante el primer trimestre/semestre de 2021, con el trabajo y la negociación que están llevando ya en los denominados “trílogos” el Consejo de la UE, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. De ahí tendrá que salir toda la literatura legal de los tres reglamentos en los que se basará la próxima PAC, incorporando también los objetivos centrales de las dos Estrategias (“De la granja a la mesa” y “Biodiversidad”) del Pacto Verde Europeo, que son las que más directamente incidirán -aunque no serán las únicas- en el sector agrario y en el desarrollo rural de los años venideros.

El ministro Luis Planas no se ha cansado de repetir que la nueva PAC supondrá un giro de 180º sobre la que ahora conocemos y que los fondos (esos 47.730 millones en siete años, que se acercarán o superarán los 50.000 millones si se añaden las aportaciones estatales y autonómicas y los fondos de recuperación post-Covid) no se distribuirán territorialmente, sino que irán destinados a sus beneficiarios (agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas agrarias) con independencia de dónde vivan y de dónde tengan su explotación  agrícola o ganadera o su sede social, y a apoyar sectores concretos que tienen  dificultades por sí solos para un desarrollo rentable de su actividad, pero que son vitales para la pervivencia del medio rural y sostenibles para el medio ambiente.

A pesar de dejarlo claro, será casi imposible que las CC.AA. eviten la tentación de ponerse a hacer cuentas y balances entre los fondos comunitarios de la PAC que ahora mismo percibe su sector agrario, con lo que estimen que podría percibir en los próximos años. Y lo cierto es que, como el monto global de ayudas será ligeramente superior, pero bastante similar al actual, si una Comunidad recibe finalmente más dinero para el próximo periodo que lo que viene percibiendo ahora, será probablemente porque otra percibirá menos.

Pero también puede darse el caso, y creemos que al final podría ser así, que la situación en conjunto, en lo que se refiere a la recepción de fondos PAC por cada Comunidad Autónoma, sea similar o más o menos la misma que la actual, al compensarse dentro de cada región  lo que unos agricultores/ganaderos o sectores puedan perder, con lo que otros puedan ganar.

Cambio radical

Esa situación podría darse, puesto que el modelo de aplicación de la PAC cambiará bastante, al entrar en juego nuevos factores. Por ejemplo, en el primer pilar, lo del agricultor genuino (20-30% de sus ingresos proceden de su actividad agraria) e incluso puede que el agricultor genuino plus, más profesional (50% de sus ingresos, al menos, proceden de su actividad) como dijo el consejero de Aragón, Joaquín Olona, que será el principales destinatario de la mayor parte de los pagos directos; el “capping” o techo máximo de pagos directos (que se aplicaría progresivamente a partir del excedente de ayuda por encima de los 60.000 euros, alcanzando el 100% a partir de los 100.000 euros, tras descontar los costes de empleo); el pago redistributivo, nutrido en buena parte con los sobrantes de ese techo (que sería también un plus para las explotaciones de agricultores jóvenes y para las de menor dimensión y con expectativas de mejora y de inversión y, por tanto, de futuro).

También se esperan cambios en el nuevo régimen de ayuda a los pequeños productores, que compensaría la pluriactividad de sus beneficiarios con ciertos límites; la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad, que irá a los agricultores genuinos, a la que se destinará sobre el 65% del total de los pagos directos y a la que accederán también las frutas y hortalizas (incluida la patata) o parte del sector vitivinícola, que estaban hasta ahora al margen; la ayuda por cumplimiento de al menos uno de los nueve eco-esquemas (al que se deberán destinar un 20%-30% de los pagos directos); la condicionalidad reforzada para el cobro de los pagos directos, que añadiría las actuales exigencias del pago “verde”; las intervenciones sectoriales a frutas y hortalizas, vino y apicultura, a las que podría sumarse la aceituna de mesa, así como las ayudas asociadas a la actividad, que supondrían un 13% del total de los pagos directos (más otro 2% para cultivos proteicos), que están aseguradas para la ganadería de vacuno y caprino de carne y leche, al menos de carácter extensivo, y en donde aspiran a entrar también el olivar de bajo rendimiento (de montaña o en pendiente) y, como demanda Extremadura, el cultivo del tabaco en rama.

Junto a todo esto que, como se ve, no es poco, habrá que estar al tanto de un posible mayor apoyo, que  podría llegar de los fondos del segundo pilar (Desarrollo Rural) de la PAC, al relevo generacional de los agricultores jóvenes, a la igualdad de género a favor de la aportación crucial que desempeñan las mujeres en agricultura y en el medio rural, así como a las explotaciones agrarias de titularidad compartida.

No habrá que obviar tampoco la controvertida cuestión de la convergencia interna de los pagos directos de la PAC, que nos exige la UE, y que podría conllevar de forma progresiva, además de a la desaparición de los derechos históricos individuales de pago a los pagos por superficie, a una drástica reducción del número de regiones agronómicas, desde las 50 actuales a solo 8-10 (Cornisa Cantábrica, Baleares, herbáceos de secano, herbáceos de regadío (2), leñosos de secano, leñosos de regadío (2) y pastos.

En principio, el MAPA había propuesto concluir en 2025 ese proceso de convergencia interna para reducir al mínimo posible la importante diferencia de ayudas directas por superficie que en algunos casos se da entre beneficiarios con un mismo cultivo dentro de una misma comarca, región o zonas limítrofes, pero no se descarta que ese proceso llegue hasta 2027. La velocidad con la que se lleve a cabo influirá también en la percepción de más o menos ayudas a determinados beneficiarios, algo que preocupa ahora principalmente a Andalucía, que considera que se vería perjudicada por este proceso de convergencia.

Intervenciones en Desarrollo Rural

Todo esto es lo respecta al primer pilar de pagos directos y medidas de mercado de la PAC, pero es que en el segundo pilar, dedicado al Desarrollo Rural, se esperan también importantes cambios, que podrían producir un trasvase de fondos de unas CC.AA. a otras.

En primer lugar, desaparecen a partir de 2023 los actuales Programas regionales de Desarrollo Rural, los PDR, que se sustituyen por las denominadas intervenciones en Desarrollo Rural, que deberán estar alineados con los objetivos del Plan Estratégico nacional de la PAC y con las realidades sociales y territoriales de cada Comunidad.

Aunque en el reparto de fondos comunitarios del FEADER para el próximo periodo 2023-2027, algo más de 8.500 M€ (incluidos los importes del Fondo de recuperación) se partirá de los criterios utilizados en la distribución del actual periodo 2014-2020 (por la regla n+3 el gasto comprometido podrá ejecutarse hasta  2023, incluido), está previsto incorporar criterios o indicadores objetivos, que reflejen las nuevas necesidades (transición ecológica, asesoramiento y formación, digitalización, innovación…etc.) identificadas para el nuevo periodo, pero sin poner en riesgo la continuidad de las acciones que se vienen desarrollando en cada Comunidad. Al menos esa es la intención del MAPA.

No obstante, para evitar retrasos en la ejecución del gasto, como ha sucedido en el anterior y en el actual periodo de programación, y estimular el mismo, podría crearse una “reserva de eficacia”, nutrida con un porcentaje a determinar del presupuesto del FEADER, que se destinaría a aquellas CC.AA. que mejor cumplieran sus compromisos de financiación o que, además, demandarán mayores fondos de apoyo, frente a otras más cumplidoras.

A pesar de estas propuestas, todo en la distribución de los fondos FEADER de Desarrollo Rural a las CC.AA. y las medidas concretas que serán financiadas (el MAPA ya dijo que mantendrá igual que en la actualidad su porcentaje de cofinanciación) está aún por decidir. Algunas CC.AA. demandan criterios de reparto que favorezcan a las que tienen una ejecución más avanzada de los fondos de sus actuales PDR; otras piden criterios que tengan en cuenta la despoblación  y el reto demográfico, etcétera.

Al margen de las negociaciones de tipo técnico, que continuarán en los próximos meses hasta que a finales del primer semestre se cuente con el primer borrador del plan nacional estratégico, el debate político MAPA-CC.AA. echará chispas por unos u otros motivos. Principalmente desde las Comunidades. “populares”, sobre todo Andalucía, que será la que haga más hincapié en lo de la balanza de ganancias y pérdidas presupuestarias, al temer que será de las más perjudicadas, pero también, aunque con menor presión, de la Región de Murcia, Castilla y León y Galicia, mientras que se esperan menos quejas (alguna habrá también, sin duda) de las “socialistas”, caso de Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha.

Por su parte, Cataluña y País Vasco, ya se sabe, incidirán una vez más en su exigencia de tener plenas competencias de la gestión presupuestaria y legislativa en el ámbito de la PAC, y ser los únicos interlocutores y negociadores directos con Bruselas, sin la intermediación, que ven ociosa e innecesaria, de la Administración General del Estado.

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