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La España rural sin servicios

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

El Banco de España editó recientemente un exhaustivo y concienzudo informe sobre “El acceso a servicios en la España rural”, que debería utilizarse como un manual práctico por nuestros políticos, economistas, gobernantes y administradores públicos, más que necesario para ver y comprender la realidad y, en su caso, revisar la financiación que contribuya a paliar el déficit existente en nuestros pueblos y en nuestro medio rural.

El documento analiza desde una perspectiva analítica las claras diferencias que existen en la accesibilidad a los servicios (sociales, sanitarios, educacionales, de transporte, de distribución alimentaria, ocio…etc.) entre las zonas rurales (municipios de menos de 5.000 habitantes) y las urbanas en los países de la Unión Europea.

Sus resultados indican, como era de esperar, que las áreas rurales de España presentan una peor accesibilidad a servicios que sus homólogas europeas, mientras que las diferencias, cuando se trata de áreas urbanas, no son significativas.

En sus conclusiones, el Banco de España indica que la facilidad en el acceso a los servicios por parte de los ciudadanos de un país o de una región puede considerarse un indicador de su grado de desarrollo económico y social. En este sentido, añade, existen desigualdades importantes en la accesibilidad a determinados servicios, no solo entre países con un grado de desarrollo muy dispar, sino también dentro de áreas económicas relativamente homogéneas, como sucede entre los ciudadanos de los países de la UE o entre los residentes de distintos municipios de un mismo país.

Este enrevesado asunto es uno los que viene creando mayor controversia entre las diferentes CC.AA. de nuestro país y es una de las polémicas más vivas con la que se enfrentarán las Administraciones cuando se aborde la inevitable revisión de la financiación autonómica y local, cuando el Gobierno de Sánchez decida ponerse a ello y tenga que ver qué es lo que más se prima en la distribución de los fondos estatales o europeo para financiar el coste de muchos de estos servicios esenciales: si el criterio del territorio, que es lo defendido por las CC.AA. con una amplia extensión geográfica y una importante población rural, como las dos Castillas, Aragón o Galicia, o el criterio de la población, que es el preferente en este ámbito para Comunidades como Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana o Cataluña, que sufren mucho menos el éxodo de sus habitantes y el fenómeno de la despoblación de sus núcleos rurales.

El informe del Banco de España utiliza un indicador de accesibilidad a servicios, que es uno de los problemas más importantes que tiene nuestro medio rural, elaborado por Kompil et al. (2019) para los países de la Unión Europea. Este indicador aproxima la accesibilidad como la distancia mínima al servicio más cercano a dos tipos de servicios: locales (que suelen proveerse a nivel municipal) y regionales (que se proveen en las principales ciudades de la región).

Según este indicador, existe una elevada heterogeneidad en la accesibilidad a servicios entre los ciudadanos residentes en diferentes países y regiones de la UE y, en particular, se constata que este acceso es más difícil para los residentes en áreas rurales que para los que residen en áreas urbanas.

No solo eso. Esta peor accesibilidad a servicios de las regiones rurales es especialmente elevada en el caso de España, en particular en lo que se refiere a los servicios locales, lo cual refleja una clara evidencia del problema real que existe en buena parte de nuestros pueblos, más aún si se le compara con la accesibilidad de los municipios urbanos de nuestro país.

Distancia y servicio local

Las provincias predominantemente rurales en España presentan una menor disponibilidad de servicios locales que sus homólogas europeas en términos de la distancia al servicio más cercano del ciudadano medio.

En particular, el ciudadano de las provincias rurales españolas ha de recorrer de media 12,4 km hasta el servicio local más cercano (por ejemplo, una biblioteca, una escuela infantil, un centro de asistencia sanitaria primaria o un supermercado), frente a los 4,8 km, 7,6 km o 4,7 km que recorrería el ciudadano medio en las regiones rurales de Alemania, Francia o Italia, respectivamente. Una diferencia entre España y el resto de países de la UE que no se observa en el caso de las áreas urbanas.

Las mayores dificultades de acceso a los servicios locales, que tienen que afrontar los residentes en los municipios rurales en España, y que son una de las principales causas que alimentan el éxodo de su población, se explican, al menos en parte, por factores orográficos y fiscales.

En particular, añade el estudio del Banco de España, el diferencial rural-urbano en accesibilidad a servicios se ve aminorado cuando se tienen en cuenta estas características de los municipios, que son claves en la determinación del coste de la prestación de los servicios locales y en su financiación.

En promedio, los ciudadanos de municipios rurales en España han de recorrer unos 20 km más (23 km de media) que los ciudadanos de municipios urbanos para acceder al servicio local más cercano. En el caso de los municipios urbanos, esta diferencia se reduce a poco más de 2 kilómetros.

Es  de destacar que tal diferencial entre lo rural y lo urbano es muy heterogéneo a nivel regional. Así, CC.AA., como Baleares (-3,37 Km), Murcia (-2,84 km) o Madrid (-9,38 Km) muestran una menor diferencia entre municipios rurales y urbanos, mientras que esta diferencia es aproximadamente 10 veces mayor para CC.AA. como Castilla-La Mancha (-32,64 Km), Aragón  (-28,30 Km) o Castilla y León (-24,59 Km).

Los municipios rurales tienden a estar más aislados geográficamente, lo que habitualmente supone una mayor dificultad y un mayor coste en la provisión de determinados servicios. La ubicación de un municipio en zonas de difícil acceso; la distancia a otros municipios de mayor tamaño o su cercanía a la costa influyen en estas diferencias entre lo rural y lo urbano.

De media, los municipios rurales están emplazados a una altura de más de 400 metros superior a los urbanos y estos últimos se sitúan de media casi 20 km más cerca de la capital de provincia que los municipios rurales que, además, se sitúan a 140 km de la costa, con una diferencia de más de 82 km respecto a lo que se sitúan de media los urbanos, que está por debajo de los 60 kilómetros.

Menos deuda y fiscalidad rural

Por otro lado, el estudio observa un menor endeudamiento público y una menor presión fiscal en los municipios rurales que en los urbanos. O, dicho de otra forma, los municipios con mayor capacidad recaudatoria podrían tener un mayor margen para proveer determinados servicios locales, pero también su nivel de deuda sería más de dos veces superior.

Así, por ejemplo, el stock medio de deuda en los municipios urbanos entre 2008 y 2018 supuso casi la mitad de los ingresos corrientes, mientras que esta cifra se situaba en un 21% en los municipios rurales.

En el análisis se pone de relieve también las diferencias rural-urbano en cuanto al comportamiento presupuestario y financiero. Los municipios rurales muestran, de media, una menor presión fiscal y una menor propensión a la acumulación de pasivos (deuda), lo que también es determinante para explicar las divergencias observadas en la accesibilidad a servicios.

También da cuenta de los posibles límites a los que se enfrentan las autoridades locales para mejorar la accesibilidad a servicios de sus ciudadanos. En particular, como parece evidente, la incertidumbre asociada a la elevada dependencia de transferencias de otros niveles de la Administración (Diputaciones, CC.AA., Estado, UE) en el caso de los municipios de menor tamaño, como es el caso de los rurales, que tiene un papel relevante en ese menor acceso.

A esto se suman otros factores, como los mayores costes fijos por habitante que suponen, habitualmente, la provisión de estos servicios en los municipios más pequeños y en aquellos cuyo emplazamiento geográfico es particularmente remoto, así como distintos aspectos normativos que conllevan la delegación de la prestación de ciertos servicios en las propias corporaciones locales. Todo ello, sin obviar otros condicionantes también limitantes, como la situación económica o la estructura por edades de la población, que ayudan a explicar también las diferencias o la brecha existente en la accesibilidad a servicios entre lo urbano y lo rural.

Brecha digital

No obstante, concluye el estudio, la importancia relativa de estos factores difiere según el tipo de servicio de que se trate. En concreto, la brecha rural-urbana en el acceso a servicios digitales es muy significativa, incluso al tener en cuenta las diferencias en factores como la geografía y la fiscalidad municipal.

Esto cobra mayor importancia cuando es un hecho que los avances tecnológicos han permitido que algunos de los servicios que, tradicionalmente, se realizaban de forma presencial, ahora puedan realizarse a distancia a través de Internet.

Sin entrar en más detalles sobre este punto, que se analiza de forma muy detallada en el estudio del Banco de España, indicar que este análisis permite concluir que existe un déficit significativo en el acceso a la banda ancha de 100 MB en las zonas rurales de España.

De cara al futuro, añade, el nuevo escenario que se dibuja, tras la crisis económica y sanitaria causadas por la pandemia de Covid-19, con un probable aumento del trabajo en remoto y una creciente demanda de acceso a servicios digitales, presenta a la vez un desafío y una oportunidad para las Administraciones locales y, en particular, para los municipios rurales.

En este sentido, se considera conveniente valorar la posibilidad de dotar a estos municipios de las infraestructuras digitales necesarias para facilitar el acceso a aquellos servicios que puedan prestarse de forma online, reduciendo la brecha digital rural-urbana.

En un aparte, el estudio del Banco de España destaca que el Marco Financiero Plurianual de la UE para 2021-2027 prevé una asignación de 132.800 millones de euros para actuaciones relacionadas con el mercado único, la innovación y la economía digital en el conjunto de la Unión. A esta cifra se añaden otros 10.600 millones del fondo Next Generation EU.

En el caso de España, la inversión en digitalización se dedicará a desplegar la estrategia Agenda España Digital 2025, cuyo primer eje estratégico es “Garantizar una conectividad digital adecuada para toda la población”, promoviendo la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, con el objetivo de que el 100% de la población tenga cobertura de 100 Mbps en 2025. El alcance de las acciones financiadas en el marco de la Agenda España Digital 2025 con cargo a los presupuestos públicos se situaría en torno a los 20.000 millones de euros, de los cuales 15.000 millones, aproximadamente, corresponderían a los diferentes programas y nuevos instrumentos de financiación de la Unión Europea.

Por tanto, todo indica que estamos ante un momento determinante para contribuir a reducir las diferencias en la accesibilidad a servicios entre los núcleos rurales y urbanos, y que reducir la brecha digital rural-urbana será uno de los cometidos más importantes en este objetivo, aunque no el único, ni mucho menos. De ahí todo lo que se juegan las Administraciones públicas y la propia sociedad civil española durante estos próximos años.

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