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La nueva Ley de la Cadena alimentaria

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

El pasado 3 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó y envió al Parlamento el proyecto de ley que modificará la vigente Ley 12/2013, de 2 de agosto de medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria.

El objetivo es que el trámite parlamentario concluya a finales del primer periodo de sesiones del próximo 2021 para que la entrada en vigor de la norma sea el 1 de noviembre y cumplir así con el plazo obligado de transponer al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 2019/633, de 17 de abril relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre las empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.

No son pocos los que se cuestionan sobre si la futura ley servirá realmente para mejorar la transparencia y equidad de las relaciones comerciales entre los eslabones de la cadena alimentaria, a la vista de lo acontecido hasta ahora y teniendo en cuenta los distintos niveles de presión/fuerza y poder de dominio/negociación de cada uno de los operadores que intervienen en la misma.

Como no son pocos los que creen en esa máxima de que “hecha la ley, hecha la trampa”, que servirá para que algunos continúen buscando todos los vericuetos posibles para evitar su estricto cumplimiento. Porque, seamos sinceros, lo más difícil no es redactar y aprobar una ley. Lo verdaderamente complicado es tener los medios técnicos y humanos suficientes para interpretar la ley y hacer que ésta se cumpla. Ahí es donde está el “nudo gordiano”, puesto que estamos ante muchos cientos de miles de relaciones e intercambios comerciales diarios.

A la vista de la experiencia de más siete años de la ley de la cadena, nadie duda de la necesidad de una revisión porque, aun reconociendo que ha servido para dar un paso adelante importante, éste es insuficiente para alcanzar el objetivo último de que existan unas relaciones más transparentes, justas y equitativas en los intercambios comerciales agroalimentarios.

La aprobación de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales el pasado año y su obligada transposición a normativa nacional era el momento más idóneo para introducir esos cambios e intentar dar un mayor impulso a lo que ya estaba legislado. Que nadie espere una nueva ley “milagro” que salve el sector agrario y alimentario. Se trata de mejorar lo que ya existe, minimizando las ineficiencias y los problemas observados y generados a lo largo de la cadena alimentaria, no de resolverlos en su totalidad, porque eso va ser imposible.

La cuestión del desequilibrio en la cadena agroalimentaria no es exclusivo de nuestro país, sino que, con su particular idiosincrasia, es una realidad compartida por todos los Estados miembros de la UE. La directiva comunitaria es una norma común de mínimos –no de máximos- para actuar sobre la problemática específica de las prácticas comerciales desleales, que afectan principalmente, aunque no solo, a las materias primas y a productos agrarios frescos y perecederos, los más vulnerables del mercado y cuya aptitud comercial es necesariamente muy limitada en el espacio y en el tiempo, siendo, por tanto, al eslabón más débil de la cadena de suministro alimentario, integrado por los agricultores y ganaderos.

Formación y transmisión de precios

Al margen de la existencia de una norma que contribuya a mejorar la relación comercial entre los distintos eslabones y a repartir de forma más equilibrada y justa el valor añadido de los productos, el propio sector productor tiene también que hacer sus propios deberes y no fiar todo a que sus problemas se van a solucionar solos o por causa de la existencia de la nueva ley. Entre las tareas más acuciantes está en no cejar y seguir trabajando para organizar mayores y mejores estructuras concentrar volumen de oferta, con la que adquirir más fuerza negociadora y poder imponer en parte sus condiciones de suministro.

No hay que olvidar que la formación y transmisión de los precios en la cadena agroalimentaria se hace casi siempre al revés que en otras cadenas de la actividad económica, como la energética. Empieza en el eslabón de la distribución, que impone sus márgenes en una situación de fuerte competencia en la demanda de consumo, y va descendiendo hacia el eslabón de la industria de transformación y de ésta hacia el eslabón productor, sin obviar pasos intermedios ocupados por la logística de transporte y reparto, el tratamiento post-cosecha o el acondicionamiento de productos, que también persiguen su parte en el valor añadido. Al llegar al “último” eslabón, en otras actividades el primero, el margen que queda es, a veces, tan reducido, que incluso no cubre costes, es decir, produce “a pérdidas”. Esta es la situación que transmiten muchos productores y que puede que no sea siempre así, pero ocurrir, estoy seguro que ocurre.

Sin querer ser exhaustivo en el detalle, los cambios más destacados que el Gobierno quiere introducir en la futura ley de la cadena agroalimentaria incluyen ampliar el ámbito de aplicación espacial y material de la norma.

1) En el primer caso, la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario, en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro, y las prohibiciones y sanciones se aplicarán también en las relaciones de un operador establecido en nuestro país y otro de un tercer país. Se iniciará así un camino de cooperación multilateral entre los Estados miembros, inexistente hasta ahora, que debería beneficiar, sin duda, el logro de los fines de la directiva y, en particular, a grandes sectores exportadores de nuestro país, como es el de frutas y hortalizas frescas, que se ha visto hasta ahora muy perjudicado por las exigencias y los protocolos condicionales de compra de los grandes grupos de distribución europeos.

2) En el caso de la ampliación material de la ley, además de afectar a los alimentos y productos alimentarios, también lo hará con las materias primas y otros productos incluidos en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), como los alimentos transformados o de mayor elaboración, ampliando su radio de acción también a las relaciones que mantienen las industrias alimentarias con la distribución comercial mayorista y minorista.

3) También se amplía su ámbito de aplicación, al abandonar su actual restricción a determinados tipos de operadores en función de características concretas como su volumen de negocio. Cuando entre en vigor la nueva ley, pasarán a sujetarse a la misma y a su acción tuitiva (de protección o defensa) todas las relaciones contractuales de la cadena alimentaria, aunque como se exigía hasta ahora se trate de dos pequeñas y medianas empresas (pymes) o no exista especial dependencia jerárquica.

Así, serán también relaciones comerciales las que se realicen entre operadores de la cadena agroalimentaria en los procesos de envasado, transformación o acopio para su posterior comercialización y, en todo caso, las compras de animales vivos, los piensos y todas las materias primas e ingredientes utilizados para la alimentación animal.

La norma pasará a exigirse exclusivamente en la contratación que se trate de un precio superior a un umbral estimado razonable que, actualmente, son 2.500 euros, exceptuándose casos como el pago al contado en el momento de la entrega del bien o como, en el caso de cooperativas y otras entidades similares, que existan acuerdos previos que puedan reputarse equivalentes al propio contrato.

4) Por otro lado, aunque ya está bastante asumido, la nueva ley ampliará los supuestos en los que aún no sea obligatorio hacer contratos por escrito (que deberán ser redactados siempre antes del inicio de las prestaciones), cubriendo esa exigencia la práctica totalidad de las operaciones de compraventa.

Prácticas abusivas

Fruto de la trasposición de la directiva comunitaria, se incorporarán también un nuevo repertorio de prácticas comerciales desleales o abusivas que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española. Además de la lucha contra la pérdida de valor en la cadena de suministro y la nueva regulación de ciertas actividades promocionales (incorporadas a la Ley 12/2013, en virtud del RD-ley 5/2020, de 25 de febrero), se incluyen avances capitales en la limitación de los elementos que introducen distorsiones de mayor envergadura en el sistema agroalimentario, como la modificación unilateral de contratos en lo que se refieren a volúmenes de suministro o entrega o la devolución de productos no vendidos, salvo que haya un pacto expreso entre las partes contratantes.

La norma incorporará las denominadas prácticas “negras”  y “grises”, conductas que el legislador considera abusivas o que pueden serlo en caso de que no se pacten expresamente por las partes de manera clara y sin ambigüedad en las relaciones comerciales, respectivamente. Entre las primeras, supuestos en los que una de las partes del contrato alimentario exija a la otra parte pagos que no están relacionados con la venta de los productos o que una de las partes del contrato alimentario cancele un pedido de productos agrícolas y alimentarios perecederos dentro de los 30 días previos al momento señalado.

Entre las segundas, los casos en que se exija a una de las partes que pague por la publicidad de productos o que el comprador cobre al proveedor por el personal de acondicionamiento de los locales. Pero, aunque menos, la nueva ley contemplará también que el vendedor pueda imponer conductas abusivas al comprador, dada la compleja realidad  de este sector.

La nueva norma incorporará también nuevas infracciones o se recalificarán otras existentes para asegurar una mayor y mejor aplicación y eficacia en el cumplimiento de los preceptos legales. Entre ellas, la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (infracción leve) o la obstrucción de la inspección (infracción grave), o exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pactado, que pasa a ser de leve a grave.

El papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) se ve reforzado, como autoridad de control de la ley en el ámbito nacional, e incluso tendrá competencia decisoria en las sanciones pecuniarias de menor entidad, lo que exigirá una separación funcional entre la parte instructora que venía realizando y la resolutoria en los procedimientos sancionadores de menor cuantía que asumirá. Además, será el punto de contacto y cooperación con otras autoridades de otros países comunitarios y con la Comisión Europea.

La transposición de la directiva a la nueva ley asegurará la confidencialidad de las denuncias y en el tratamiento de la información existente en el marco de los procedimientos que se incoen, algo que ha estado pidiendo con reiteración las organizaciones agrarias.

Cooperativas

Punto y aparte merece el tratamiento que la futura ley contempla para las cooperativas, cuyos socios, además de productores-suministradores, son también sus propietarios: no tendrán la consideración de relaciones comerciales  y, por tanto, quedan excluidas de su ámbito de aplicación, las entregas de producto que se realicen a cooperativas y a otras entidades asociativas por parte de los socios de las mismas, siempre que, en virtud de sus estatutos, vengan obligados a su realización.

En el caso de que un socio entregue la producción a una cooperativa o a entidad asociativa, será necesaria la formalización por escrito de un contrato alimentario individualizado, con elementos como el objeto del contrato, su duración, volumen de entrega, precio, calidades…etc., salvo que los estatutos o acuerdos de la cooperativa o entidad asociativa establezcan, antes de realizarse la entrega, el procedimiento de determinación del valor del producto entregado por sus socios y el calendario de liquidación, y éstos sean conocidos por los socios, por lo cual deberá existir una comunicación fehaciente a los interesados, que será incluida en el acuerdo y aprobado por el órgano de gobierno correspondiente.

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