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La nueva Ley de la Cadena y el "bálsamo de Fierabrás"

frutas y verduras

El profesor de Farmacología de la Universidad Camilo José Cela y académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, Francisco López Muñoz, explicó en un reciente artículo sobre el denominado “bálsamo de Fierabrás, la panacea cervantina” en el portal web en español de “The Conversation”, que este remedio “es presentado por Miguel de Cervantes, en boca de Don Quijote, como una especie de panacea para cualquier problema de salud, y constituye el único preparado  medicinal que surge de la fantasía del autor en toda su obra. Estaría compuesto, según se relata en la obra cervantina, por aceite, vino, sal y romero, siguiendo un proceder muy habitual en la práctica de la farmacia de la época, a saber, la mezcla de varios simples medicinales, tres de procedencia vegetal y uno mineral, para obtener un compuesto al estilo de las famosas triacas.”

Pues bien: que nadie crea que la nueva Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria, que salió aprobada del Congreso de los Diputados el pasado jueves 2 de diciembre, va a ser el “bálsamo de Fierabrás” para solventar por arte de magia todos los males que aquejan y seguirán aquejando a las correas y a los eslabones de la misma. Y mucho menos, que nadie crea que lo será en el corto y en algunos aspectos incluso hasta en el medio plazo.

¿Se trata de un paso o un salto adelante para seguir intentándolo? Sin ninguna duda que lo es y sería también de ilusos negarlo. Pero ya lo dijo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas quien, tras afirmar que se trata de la ley más importante (en su ámbito) de la actual legislatura, “no va a garantizar que todos los problemas del sector queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para tener relaciones comerciales a la altura del siglo XXI”. Y también que “se necesitará un tiempo para ver los efectos de la norma, porque se trata de un cambio de cultura muy profundo.”

En este asunto abundaron también las organizaciones agrarias durante estos días, indicando algo así como que esta ley puede quedarse si no en todo, sí en bastante parte, en “papel mojado” si los que la deben aplicar y desarrollar y, sobre todo, hacerla cumplir, no lo hacen, o no lo suficiente o no con la diligencia y la urgencia debidas.  

Al menos se espera que la aplicación de la nueva Ley sirva y contribuya, como instrumento necesario, a lograr un mayor y mejor reparto del valor que generan los alimentos y que paga el consumidor final en los lineales, asegurando la rentabilidad de todos los eslabones de la cadena y, llegado el caso, para distribuir entre todos también parte del fuerte incremento de los costes de producción ante situaciones de tensión en los precios de los insumos.

Lo lamentable es que una Ley de estas características, en muchos casos tan evidente y que lo que persigue es cambiar los malos hábitos instalados en la cultura de las relaciones comerciales entre fuertes y débiles, no haya suscitado la unanimidad y el consenso parlamentario

La nueva Ley regulará las relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, estableciendo un marco de buenas prácticas y de sanciones en caso de incumplimiento.  

En esencia, pretende una mayor protección del eslabón más débil y más indefenso, como son los agricultores y ganaderos, pero también a la industria de transformación en sus relaciones con la distribución comercial mayorista y minorista y, en última instancia, por supuesto, también al consumidor, aunque esto último sea más complejo de demostrar.

Prácticas desleales

Al incorporar obligatoriamente las prácticas comerciales desleales de la Directiva (UE) 2019/633, de 17 de abril de 2019, regulará esas relaciones comerciales no solo a nivel interno, entre operadores nacionales, sino también en las del ámbito comunitario, en las que participe un operador establecido en España, siempre que no se aplique la legislación de otro Estado miembro. En todo caso, y esto es clave, en las relaciones con otros países comunitarios se contará con la protección de la Directiva comunitaria. También aplicarán sus prohibiciones y sanciones en las relaciones de un operador establecido en España con otro de un país tercero.

Entre esas prácticas desleales se incluye, entre otras, algo tan importante como la prohibición de modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a frecuencia, método, lugar, calendario o volumen, o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso).

A partir del 1 de enero de 2023, se ampliará el ámbito de aplicación de la nueva Ley a los grandes operadores de la hostelería y restauración (los que factures a partir de 10 M€) y de servicios de alojamiento (a partir de 50 millones).

Será obligatorio formalizar el contrato de suministro por escrito en todas las operaciones comerciales, salvo las de los importes inferiores a 1.000 euros. En estos contratos se incorporarán, además, nuevos elementos, como la indicación de categorías, mecanismo de resolución de conflictos, etc., y se contempla la nulidad de las cláusulas de los contratos que se sitúen en fraude de ley.

En el texto se recoge de forma expresa la prohibición de vender a pérdidas –por debajo de costes de producción- en todos los eslabones de la cadena alimentaria, incluida la venta final, con la obligatoriedad de recibir un precio superior al coste efectivo de producción.

Por ello, tratará de definir mejor y de forma concreta el concepto de coste efectivo de producción, que incluye todos los costes asumidos para desarrollar su actividad, desde el coste de las semillas, plantas de vivero, fertilizantes, fitosanitarios, combustibles, energía, maquinaria, reparaciones, riego, alimentos para animales, gastos veterinarios, amortizaciones, intereses de los préstamos, productos financieros, hasta trabajos contratados y mano de obra asalariada o aportada por el producto o familiares.

Desde la patronal de la industria de alimentación y bebidas, FIAB, se reconoció que el artículo que más problemas va a dar, creando “inseguridad jurídica” es precisamente ese, el de la fijación del coste efectivo del productor que, por lo general, será de muy difícil aplicación, en especial el compromiso de que este coste lo tenga que justificar el comprador, cuando ellos pedían que fuese el suministrador.

Por otro lado, en la ley aprobada también se potencia la labor del Observatorio de la Cadena Alimentaria, que ahora recogerá entre sus funciones la de generar informes sobre la formación de precios de los alimentos, en especial para eslabones distintos al del productor, y se le habilita para elaborar, publicar y actualizar periódicamente índices de precios  y  costes de producción, lo que podría servir para facilitar esa labor de establecimiento del coste efectivo del productor en los contratos de suministro.

Registro digital de contratos

Otra de las novedades que incorpora la nueva ley es la creación de un registro digital para inscribir los contratos alimentarios, pero solo para las operaciones que se suscriban entre el primer eslabón (productores primarios y sus agrupaciones) y sus compradores, así como sus modificaciones. Su objetivo es dar más transparencia a las relaciones comerciales.

Los operadores que compren a los productores estarán obligados por esta ley a inscribir en ese registro cada contrato y sus modificaciones antes de la entrega del producto. A dicho registro solo podrá acceder la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y el resto de las autoridades competentes al mismo para realizar las comprobaciones que se estimen pertinentes.

La AICA se reconoce como autoridad de control de lo dispuesto en la ley en el ámbito nacional, como hasta ahora, coordinándose con las autoridades autonómicas, pero será además punto de contacto y cooperación con otras autoridades de los países comunitarios y con la Comisión Europea. Podrá adoptar incluso medidas provisionales durante las investigaciones de oficio y por denuncia expresa para que se paralice una determinada práctica.

La nueva ley mantiene que la obligación de garantizar el pago en 30 días para los productos perecederos y en 60 días pare el resto y, además, obligará a conservar toda la documentación durante un periodo de cuatro años.  Desde FIAB se había demandado contemplar que los productos frescos y perecederos que se venden para su transformación pudieran aumentar los plazos de pago hasta los 60 días, como el resto de productos. Este incumplimiento, el de los plazos legales de pago, es el que más infracciones y sanciones viene produciendo en aplicación de la ley, como queda reflejado en los informes de AICA.

En materia de infracciones y sanciones, se incorporan algunas nuevas o se recalifican otras para asegurar la mejor aplicación y eficacia de la norma. Por ejemplo, es de destacar la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (infracción leve) o la obstrucción de la inspección (infracción grave), así como exigir pagos adicionales o asunción de costes sobre el precio pacto, que pasa de ser infracción leve a grave).

En la revisión normativa se incluyen finalmente situaciones específicas como la del plátano de Canarias, que se enfrenta a una fuerte competencia exterior con las bananas latinoamericanas, o también la posibilidad de que las cooperativas sustituyan el contrato obligatorio de suministro por la fijación de plazos y términos de pago a los socios productores, o que en la primera venta en las lonjas de pescado la factura juegue el papel del contrato.

Reacciones políticas

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados calificó la reforma legal como positiva, pero todavía no suficiente para atajar los problemas de la cadena alimentaria. Algunos incluso no descartan volver a modificarla de nuevo más adelante, si no al final se que no cumple con los objetivos perseguidos.

Juan Francisco Serrano (PSOE): es una "reforma protectora, garantista, de alto calado social y que supera la lógica del más fuerte. Viene a colmar las aspiraciones colectivas de una reivindicación histórica del sector agrario: la de reclamar precios justos en el campo.”

Joaquín García Díez (PP): “el Gobierno no ha buscado el consenso con otros grupos. La modificación legislativa no va a servir para acabar con la “venta a pérdidas”, ni para que se contemplen los costes de producción agrarios. Unas promesas que se verán incumplidas".

Ricardo Chamorro (VOX): "La ley adolece de ambición para defender al sector primario, frente a las importaciones de países terceros, que lo están destruyendo."

Isabel Franco (Unidas Podemos): "la ley es una de las mayores esperanzas de los productores para lograr precios justos, pero ahora toca ahora aplicarla y desarrollarla con urgencia, valentía y rigor".

Xavier Eritja (ERC) y Concep Cañadell (PdCAT): “la ley no incluye las enmiendas sobre la posición de dominio como principal causa de desequilibrio en la cadena alimentaria.”

Néstor Rego (BNG): “Tras la aprobación de la nueva Ley, los productores de alimentos siguen indefensos."

María del Carmen Martínez (Ciudadanos): “los agricultores siguen quejándose, porque una ley pensada para protegerlos les vuelve a dejar sin herramientas, pues la fijación del coste efectivo de producción no soluciona sus problemas".

Joseba Agirretxea (Grupo Vasco): “la norma me deja un sabor agridulce, porque persisten los mismos problemas de la cadena que antes de la reforma.”

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