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¿Servirá para algo el almacenamiento privado de aceite de oliva?

Ricardo Migueláñez

La primera licitación celebrada el pasado jueves 28 de noviembre para fijar el importe de la ayuda al almacenamiento privado de aceite de oliva dejó en estado de “shock” (al menos, momentáneo) al sector productor español.

De ahí se pasó a reaccionar con indignación, con mucha indignación, y a pensar incluso que para obtener este resultado, hubiese sido mejor no haber celebrado siquiera la subasta, porque el efecto sobre los precios en origen puede llegar a ser el contrario al que se esperaba.

Seguro que los que tienen que reflexionar sobre lo sucedido, lo habrán hecho y que unos y otros se aplicarán para que las tres posteriores licitaciones que quedan de aquí a febrero sean mucho más benévolas para un sector productor, cuyo único fin es lograr que el precio de  venta en origen salida almazara suba y esté más acorde con los costes reales de producción.

El Reglamento (UE) de Ejecución nº 2019/1984, publicado en el DOUE el pasado 29 noviembre, no se para en estas disquisiciones y señala textualmente que “sobre la base de las ofertas recibidas durante el subperíodo de presentación de ofertas, que finaliza el 26 de noviembre de 2019, la cantidad global máxima que debe almacenarse, los costes estimados del almacenamiento y otras informaciones pertinentes relativas al mercado, procede fijar el importe máximo de la ayuda al almacenamiento de 3.650 toneladas de aceite de oliva por un período de 180 días, con el fin de aliviar la difícil situación del mercado.”

Los burócratas de Bruselas podrían haberse ahorrado el último párrafo, porque restar coyunturalmente del mercado 3.650 toneladas a una oferta disponible, solo en España, de alrededor de 2 millones, es decir, menos del 0,20% de la misma, y señalar que es “con el fin de aliviar la difícil situación del mercado”, constituye un incomprensible sarcasmo, por no decir una auténtica tomadura de pelo.

Además, la cuantía máxima de 0,83 euros/tonelada y día para las ofertas aceptadas para almacenamiento de aceite de oliva virgen (2.850 toneladas) y para aceite de oliva lampante (799,88 toneladas), y nada para oliva virgen extra, es muy inferior a las licitaciones de los años 2009 y 2011, que fueron de alrededor de 1,3 €/t y día, cuando desde entonces los costes de producción han subido considerablemente.

Las ofertas para la retirada coyuntural de aceite de oliva del mercado superaron en esta primera subasta las 120.000 toneladas. Es decir, se aceptó solo un 3% de lo ofertado, con un coste para las arcas comunitarias que, fuentes del sector productor, estiman en poco más de 500.000 euros, a abonar a lo largo del próximo medio año.

No es nuevo que el sector del aceite de oliva y de la aceituna de los países del Sur se ha visto casi siempre como algo raro, ajeno y extraño a los países del Centro y Norte de la Unión Europea. Y de ahí que casi nunca haya sido tratado por Bruselas como lo que realmente se merece desde el punto de la sostenibilidad económica, social y medioambiental de una parte importante de nuestro territorio, y por representar menos del 5% del total de las grasas vegetales a nivel mundial.  

Desconocimiento

Han sido habituales durante todos estos años los episodios de desconocimiento de los comisarios de Agricultura del Norte y Centro de Europa, que ni siquiera sabían casi lo que era una aceituna, llevando a los responsables del Ministerio y del sector a organizarles viajes con todos los gastos pagados a los olivares andaluces para ponerles en trance y situación.

Por ello, una vez más, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva Español debería darse prisa en organizar al nuevo comisario de Agricultura, el polaco Janusz  Wojciechowski, y a su equipo un viaje en globo, una visita “in situ” al mar de olivos y a un par de almazaras, junto con la oportuna degustación gastronómica, en la que este producto estrella sea el centro de todo, antes de que tengamos que volver a lamentarlo y sea demasiado tarde.

Lo cierto es que el anuncio de poner en marcha la medida de ayuda del almacenamiento privado por parte del anterior comisario de Agricultura, Phil Hogan, en un intento de compensar al sector oleícola no solo por los bajos precios de mercado, sino también por el incremento del 25% de los aranceles de la Administración Trump, fue celebrado con alborozo por todo el mundo del olivar. Más incluso por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que asumió como propio el éxito en plena campaña electoral, que por el propio sector.

La realidad, sin embargo, es que no hay nada de extraordinario en una medida contemplada en el Reglamento (UE) 1308/2013 de la Organización Común de Mercados (OCMA), en la Sección 3, artículos 17 y 18, donde se indica que podrá adoptarse el almacenamiento privado cuando exista “la necesidad de responder de manera oportuna a una situación del mercado específicamente difícil o a una evolución económica que tenga un impacto negativo significativo en los márgenes del sector”.

Solo había que convencer al comisario y que éste se convenciera por sí mismo de que era necesario proponer esa medida y adoptarla, como así fue. Más aún teniendo en cuenta que, desde hace más de una década, persisten unos umbrales de referencia, con precios en niveles de hecatombe si se les compara con los costes reales de producción. Estos últimos, según las características del cultivo del olivar, están situados en una horquilla equivalente a entre 2,40 y 2,80 €/kilo de aceite. Y que, por ahí, en las actuales circunstancias, poco se podía hacer.

Estos umbrales de referencia, a partir de los cuales y transcurrido un tiempo con precios de mercado inferiores, se desencadena la medida de almacenamiento privado, continúan en niveles de solo 1.779 euros/t para el aceite de oliva virgen extra; de 1.710 euros/t para el aceite de oliva virgen, y de 1.524 euros/t para el aceite de oliva lampante, con una acidez libre de 2 grados y una reducción de ese umbral en 36,70 euros/t por cada grado de acidez suplementario.

En principio, estos umbrales de referencia, totalmente desfasados a día de hoy, pueden ser actualizados a la luz de la evolución de la producción y de los mercados. Sin embargo, esto es algo que siempre se ha ignorado en Bruselas, a pesar de las peticiones realizadas en este sentido por los distintos Gobiernos españoles en las últimas reformas de la PAC y que se reiterarán en la reforma que está en ciernes.

Al menos sobre el papel, la Comisión Europea está obligada a efectuar el seguimiento de estos umbrales de precios de referencia, atendiendo a criterios objetivos, en particular la evolución de la producción, de los costes de producción y del mercado. Pero ni por esas.

Esperanza e incertidumbre

Como la esperanza es lo último que se pierde y como siempre es mejor ver la botella medio llena que medio vacía, el Ministerio de Agricultura mostró su confianza en que el conjunto de operaciones de almacenamiento privado, que se realizará en las licitaciones de diciembre (del 12 al 17 de diciembre), enero (del 22 al 27) y febrero (del 20 al 25), permitan alcanzar un volumen suficiente para la estabilización del mercado, sin que nadie sepa en cifras qué “volumen suficiente” es ese y qué puede entenderse por “estabilización del mercado”.

Por de pronto, la incertidumbre, mala compañera de viaje, sobre lo que puede suceder está pasando factura al mercado. De momento, hay que olvidarse del “milagro” y de los efectos positivos que sobre los precios en origen tuvieron en su día el anuncio y la aplicación de las anteriores medidas de almacenamiento privado. Si éstos no se caen, aunque se mantengan en los actuales niveles pírricos de apenas 2 €/kilo de media, a lo mejor habría incluso que celebrarlo, esperando tiempos mejores, que a saber si llegarán.

Lo que se vio por parte del MAPA y del sector como favorable en la medida aprobada de ayuda al almacenamiento privado. Es decir, que no existiese limitación presupuestaria, ni tampoco límite de cantidad a inmovilizar, ni en el total de aceite, ni por categoría, para lo único que ha servido es para crear dudas y no saber qué puede pasar en las siguientes licitaciones. Y eso no es bueno para el mercado. Hubiese sido mejor conocer a qué atenernos desde el principio y saber los límites de esta medida de intervención y sus previsibles efectos sobre los precios y la comercialización de aceite de oliva.

Los operadores tendrán que ver ahora si les merece la pena afrontar los costes administrativos y de gestión que les supone inmovilizar parte de su aceite durante los 180 días de rigor y si consideran que les saldrán las cuentas cuando tengan que poner en venta ese aceite de oliva al precio que exista para entonces en el mercado.

Autorregulación

Sería positivo que el sector oleícola creyese en sus propias fortalezas y lograse hacer cosas por sí mismo, sin esperar a lo que hagan o dejen de hacer los demás. Y, por ejemplo, intentar que se apruebe cuanto antes la medida de autorregulación del mercado, a través del artículo 209 del reglamento de la OCMA.

Este artículo regula la posibilidad de establecer acuerdos voluntarios entre organizaciones de productores y sus asociaciones (OPs/AOPs), asociaciones de productores (cooperativas) y Asociaciones de Asociaciones de Productores (Cooperativas Agro-alimentarias), referidas a la producción, venta o utilización de instalaciones comunes de almacenamiento (de las propias cooperativas o del Patrimonio Comunal Olivarero).

Se trata de un mecanismo basado en la comparación de la oferta disponible de aceite de oliva en el mercado frente a las disponibilidades medias de las últimas cinco campañas. En caso de que la oferta disponible estimada en una campaña esté significativamente por encima de esa media, un Comité de Representantes de Asociaciones de Productores decidiría si se pone en marcha, o no, un procedimiento de inmovilización.

En caso afirmativo, se procedería al almacenamiento, previendo una posterior puesta en el mercado del aceite de oliva estocado si cambian las circunstancias  a lo largo de la campaña o en la siguiente, de acuerdo al balance estimado en base a datos oficiales que se realice.

Todo este procedimiento contaría con una base científica, que parte de la actualización de un estudio econométrico que está llevando a cabo el Ministerio de Agricultura con la colaboración de la Universidad Autónoma de Madrid.

Mientras tanto, se impone la reflexión sobre los motivos por los cuales no ha funcionado apenas esta primera licitación de aceite de oliva y ver qué decisiones conjuntas entre MAPA, CC.AA. y sector productor oleícola deben adoptarse para mejorar los resultados en las tres siguientes subastas que quedan.

Ante todo, siempre será preferible que las salidas de aceite de oliva al mercado estén en la línea con las de octubre pasado (récord de más de 155.000 t), pues eso sería indicativo de que el propio sector ha sido capaz de encontrar soluciones y buscado alternativas propias para hacer frente a los efectos adversos del aumento del 25% de las tasas arancelarias de la Administración Trump.

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