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Tenemos las palabras, faltan los hechos (ante el reto demográfico)

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Como se había comprometido el Gobierno de Pedro Sánchez, en la recién iniciada primavera el Consejo de Ministros aprobó el 29 de marzo pasado la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, pero solo en sus directrices generales, después de que el Gobierno de Rajoy tratara de hacer lo mismo, pero se encontrara, tras acumular retrasos, con una moción de censura que desbarató sin remedio ese mismo propósito.

Tenemos la sensación de que hasta ahora (ignoramos si también a partir de ahora) se ha estado dando vueltas sobre el mismo grave problema: cómo poner freno a la pérdida de población y de envejecimiento de la misma en el medio rural,  pero sin que hubiese una estrategia en firme que, al margen del partido político de turno que estuviese en el Gobierno, avanzase medidas con recursos económicos suficientes para ir alcanzando ese objetivo.

Ni ha habido un modelo que defina el tipo y tamaño de los pueblos que queremos, ni estrategia, ni medidas, ni recursos suficientes, ni tampoco coordinación entre Administraciones, “ni orden, ni concierto” para hacer algo en este ámbito sobre lo que sentir orgullo como país. Solo pequeñas y loables iniciativas de tipo local sobre el territorio, que podrían ser ejemplo para abordar soluciones de un alcance mayor.

Lleva razón Jesús González Regidor, doctor y profesor de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y técnico superior en excedencia del Ministerio de Agricultura, cuando en su artículo en El País del 30 de marzo señala que España dispone ya de una política de Estado para el medio agrario y rural desde hace una década, pero que no se aplica, en referencia a la injustamente denostada Ley 45/2007 para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural que tanto análisis, trabajo y esfuerzo costó sacar adelante.

El cambio de Gobierno del PSOE de Zapatero al PP de Rajoy, que dejó en el ostracismo y despreció dicha ley por considerar su aplicación irreal; la falta de suficientes –siempre insuficientes- recursos destinados al Desarrollo Rural; la ausencia de prioridades y de coordinación entre el Ministerio de Agricultura y los otros Ministerios de la Administración General del Estado (AGE) con políticas que afectan directa o indirectamente al medio rural, y entre éstos y las diferentes CC.AA. y locales con competencias en la materia, etcétera, han sido factores determinantes para dejar casi en el abandono este grave problema.

Por si fuera poco, todos estos factores coincidieron en el tiempo, tras la debacle de la americana Lehman Brothers, con el inicio de una muy dura crisis económica y financiera, que se cebó en las debilidades de nuestro país y que aún, más de una década después, sigue dando sus coletazos. Si entonces había escasos recursos para casi nada, durante todo este tiempo ha habido mucho menos. Parece que volvemos de nuevo a la casilla de salida y que la multitudinaria manifestación y revuelta en Madrid el domingo 31 de marzo de la “España vaciada”, convocada por Soria, ¡Ya! y Teruel Existe, esté sobradamente justificada.

El Gobierno Sánchez deja ahora al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 28 de abril unas directrices generales que marcan el camino para una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, centradas en  tres cuestiones, acordadas en la VI Conferencia de Presidentes (del Estado y de las CC.AA.) del 17 de enero de 2017: despoblación, envejecimiento y efectos de la población flotante, tras llevar a cabo un amplio diagnóstico de las principales variables de población en España (ver informe), que fue presentado previamente a las comunidades autónomas.

Tamiz demográfico  

Incluye que todos los Ministerios incorporan a las directrices de la Estrategia más de 80 medidas, referidas a jóvenes, mujeres, atención a la población rural, emprendedores, turismo, implantación de la Administración en el territorio o actividad económica. Dicho de otro modo, todos los departamentos ministeriales implicados deberán incorporar, pasar el tamiz del reto demográfico, y tenerlo en cuenta en la aplicación de sus políticas.

El objetivo general de la Estrategia es sentar las bases -dejarlas sentadas para el próximo Gobierno- de un proyecto de país, que garantice la igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía en todo el territorio, a través de la coordinación y cooperación de todas las Administraciones públicas, el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos y la estrecha colaboración público-privada.

A esta declaración de (buenas) intenciones, le falta aún legislación reguladora y poner números (fondos, presupuesto) en medidas de aplicación real y efectiva sobre el territorio.

La Estrategia contempla siete objetivos transversales:  

• Garantizar una plena conectividad territorial, con un adecuada cobertura de Internet de banda ancha y de telefonía móvil en todo el territorio, de acuerdo con la Agenda Digital Europea 2020 (Plan 800 e impulso del PEBA-NGA).  

• Asegurar una apropiada prestación de servicios básicos a toda la población en condiciones de equidad, adaptada a las características de cada territorio.  

• Incorporar el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial a favor de una mayor cohesión social.  

• Avanzar en la simplificación normativa y administrativa para los pequeños municipios, con el fin de facilitar la gestión de los Ayuntamientos.  

• Eliminar los estereotipos y poner en valor la imagen y reputación de los territorios más afectados por los riesgos demográficos.  

• Mejorar los mecanismos para una mayor colaboración público-privada, potenciando la incorporación de factores demográficos en la responsabilidad social del sector privado para convertir todos los territorios, sin exclusiones, en escenarios de oportunidades.  

• Alinear las líneas de acción y los propósitos de la Estrategia con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de la Agenda 2030.

Líneas de acción

Para afrontar la despoblación, la Estrategia plantea acciones como garantizar la funcionalidad de los territorios afectados por la despoblación y la baja densidad; mejorar la competitividad y facilitar el desarrollo de nuevas actividades económicas y el fomento del emprendimiento, así como favorecer el asentamiento y la fijación de la población en el medio rural.  

Para afrontar los desequilibrios de nuestra pirámide de población, se quiere coordinar en todo el territorio las acciones referidas a personas mayores, envejecimiento activo y atención a la dependencia; apoyar la puesta en marcha de proyectos de desarrollo socioeconómico de jóvenes, que garanticen el relevo intergeneracional; facilitar el desarrollo de proyectos que garanticen la libertad de residencia efectiva de las mujeres en el territorio, así como garantizar las condiciones que favorezcan la crianza de hijas e hijos y que faciliten la equiparación de la tasa de natalidad el promedio de la Unión Europea.  

También, dentro de esta línea de acción, se busca asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la infancia por ámbito de residencia; trabajar, en coordinación con la UE, para canalizar una migración regular y  ordenada, y su arraigo en todo el territorio, así como facilitar la vuelta de los españoles residentes en el exterior que deseen regresar a España.  

Para gestionar, por último, la población flotante (aquella que está en los pueblos solo de forma ocasional, pero que no permanece en el mismo) se plantea garantizar la prestación básica de servicios para la población residente y la que no lo es. También asegurar el dimensionamiento de las infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo sostenible de las áreas con intensos flujos de población flotante.  

El Gobierno remitirá estas directrices a las CC.AA. y a representantes de las entidades locales para su discusión con sus propias propuestas, con el objetivo de presentar finalmente en la próxima Conferencia de Presidentes la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.  

El reto demográfico, que busca ir resolviendo uno de los más graves problemas, que no el único, del medio rural, tendrá que abordarse para que tenga visos de algún éxito con los propios afectados, la sociedad civil y los propios habitantes de los pueblos.  

Habrá núcleos cuya despoblación y envejecimiento será difícil, por no decir imposible, revertir y estarán condenados a desaparecer o a lograr soluciones a través de una red comarcal de pueblos, conectada y eficaz. Otros, en los que, por el contrario podría lograrse frenar la pérdida de habitantes e incluso aumentar su población. No habrá, en cualquier caso, ni medidas, ni soluciones en una sola dirección para este grave problema, sino adaptables a las circunstancias y necesidades propias que acucien a cada territorio y a cada entorno rural. Pero tenemos que tener un modelo y aplicarlo.

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