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28A agrario, esperar para ver

Vidal Maté

Las elecciones celebradas el pasado 28 de abril han puesto fin a un periodo de tránsito en la política agraria para confirmar a los socialistas en el gobierno para los próximos cuatro años. Al margen de los pactos que se puedan firmar en las próximas semanas, todo hace pensar que, en el caso de Agricultura, habrá una situación de continuidad en los equipos, aunque se aventuran cambios e iniciativas importantes en los objetivos. Cuatro años ya son un periodo suficiente para plantearse otros retos que puedan suponer sentar las bases para la agricultura del futuro.

En la política agraria que se avecina, existen dos escenarios diferentes, aunque complementarios.

De una parte, están las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común con los presupuestos como punto de partida en Bruselas, los debates sobre su futura aplicación en España, con la convergencia de ayudas como uno de los retos, y la elaboración de ese Plan Estratégico donde quepan todas las medidas contempladas en la nueva reforma.

De otra se halla la política agraria nacional donde, llegado este momento de cambio en una economía globalizada, son indispensables estrategias tambiénglobales, bien definidas más allá de los aspectos coyunturales, algo de lo que ha carecido en líneas generales la política de Atocha.

Si analizamos a vuela pluma, la política agraria de las últimas décadas aplicada desde Agricultura, se podría concluir que la misma ha estado más enfocada a hacer frente a los problemas del día a día, que al diseño de estrategias totales que puedan afectar a la vida global de una explotación. Consecuencia de todo ello es que durante años y años  se repiten las mismas demandas de las organizaciones agrarias y también los mismos compromisos de los partidos políticos, solo con algunas muy ligeras modificaciones o incorporaciones en aspectos como el cambio climático, las energías alternativas, tarifa eléctrica en los riegos, el medio ambiente y ahora el despoblamiento rural. Ya nadie sabe cuántos planes y objetivos han plagado las políticas de los regadíos, mientras pantanos y ahora presitas como la de Castrovido en Burgos llevan ahí medio siglo como proyectos, aburren ya reivindicaciones como la Ley de la Cadena o las dirigidas mundo cooperativo, lo que demuestra que las salidas articuladas no han sido eficaces.

En ese ir más allá del día a día hacia un marco normativo, es obligado hacer referencia en el inicio de la transición de un verdadero programa legislativo de Jaime Lamo de Espinosa en 1979 donde se contemplaban nada menos que 14 iniciativas con objetivos que iban desde movilizar la tierra, a reestructurar el sistema agroalimentario, mejorar la financiación o la defensa del medio ambiente. En ese programa estaba la Ley sobre tierras ociosas, Ley de protección de tierras de emigrantes, Ley de acceso a la propiedad de los jóvenes, cuandono existía la actual ayuda PAC, Estatuto de la Explotación familiar, Modificación de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, Ley de Fincas Manifiestamente Mejorables, Ley de Arrendamientos Rústicos Ley de Sanidad Vegetal, Ley de Contratos Agrarios, Ley de Fomento de las Entidades Asociativas, Ley de Financiación Agraria, Ley de Agricultura de Montaña Ley de Concentración Parcelaria, Ley de Montes Vecinales de Mano Común o la  Ley de Seguros Agrarios. En  definitiva, un programa para toda la actividad agraria, a lo que se sumó la celebración de las primeras elecciones en el campo desde la transición en mayo de 1978.Todas con un plazo para su cumplimiento. Algunas no salieron adelante por el fin de la UCD y otras perviven en la actualidad. Desde entonces, casi el desierto y nunca un programa completo.

Con Carlos Romero solo la Ley del Trigo, normativa obligada por la entrada en la UE y una Ley de Bases de Cámaras Agraria recurrida por las propias Cámaras. Luis Atienza dio un paso adelante con una Ley de Vías Pecuarias, otra Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias y un Plan de Regadíos. En los últimos tiempos, solamente a destacar los  diferentes intentos de Loyola de Palacio en los regadíos y Miguel Arias con las leyes de la Cadena y la Ley de Entidades Asociativas Prioritarias continuada por Isabel García Tejerina y una propuesta no consolidada sobre elecciones en el campo.

Hoy, Bruselas y la PAC al fondo, es una exigencia para la actividad de cualquier equipo en Atocha. Pero además ello, con cuatro años por delante, el sector necesita contar con una nueva estrategia global con nuevas disposiciones, modificando otras que ya se han quedado obsoletas y otras de última generación que no funcionan como esperaba el sector y la propia Administración como la Ley de la Cadena y la de Entidades Asociativas Prioritarias, la de Titularidad Compartida, una estrategia para la transferencia del conocimiento, asesoramiento a pie de cada explotación, otra estrategia global desde un sector agrario organizado a las empresas proveedoras para reducir los costes de producción, sin olvidar la necesidad de poner de una vez clara la representatividad agraria.

A escasas fechas de las elecciones, fuentes de Atocha señalan la decisión y el compromiso del departamento de analizar y plantear una estrategia global a esa política, sin olvidar el día a día, incluida la clarificación de la representatividad. Agricultura es consciente que todo ello supondrá dar una vuelta a todas esas disposiciones para lograr que sean eficientes y sobre todo, que se vea que la política agraria es algo más que palabras, que tiene un efecto real sobre agricultores y ganaderos.

Y, para el mundo rural, esa España despoblada, en las hemeroteca se quedó la creación por el Gobierno de Zapatero en 2010 del Grupo Interministerial sobre el sector Agroalimentario GISA, donde estaban presentes los Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural, Economía y Hacienda, Trabajo e Inmigración, Industria, Turismo y Comercio, Ciencia e Innovación para dar una respuesta global a ese territorio. De la misma, nunca más se supo….

Hoy, esperar para ver.

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