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Cuestión de décadas

Vidal Maté

La década de los ochenta, con los socialistas sin apearse de Moncloa y con el reto de la entrada en el engranaje de la actual Unión Europea, fue un periodo propicio para desarrollar una política que adecuara los sectores agrarios al nuevo escenario que se venía encima. No se hicieron los deberes, alguien pensó que las cosas venían solas, que Bruselas era cosa, aunque no lo parezca, de chalaneo, y cada sector se tuvo que ir amoldando a las nuevas exigencias con balance dispar, buscándose la vida con su propio esfuerzo a costa de dejarse pelos en la gatera.

Acostumbrados a que los compromisos políticos hacia el sector agrario se repitan en los programas de cada proceso electoral durante décadas, parece debería haber llegado el momento de dar salida ya a tantas cuestiones pendientes de forma definitiva y olvidarnos de reivindicaciones eternas. Hoy, tras un periodo de provisionalidad en la legislatura anterior, con cuatro años por delante y un mapa en rojo, Agricultura, otra vez  en manos socialistas, podría ser una oportunidad para tratar de sentar los ejes de la agricultura de la próxima década, ordenación de sectores, de mercados… en base a lo que hay: directrices y los fondos de la nueva reforma de la PAC por un lado y por el otro, las disposiciones nacionales, desde la investigación, la innovación y el desarrollo, la formación o la transferencia del conocimiento para lograr un sector competitivo, sostenible y rentable.

El primer y principal instrumento para lograr esos objetivos, se concretaría en este momento en ese Plan Estratégico que exige la Unión Europea para aplicar con el mismo las medidas contempladas en la futura reforma de la Política Agrícola Común, actualmente en fase de elaboración con Comunidades Autónomas y organizaciones agrarias. Bruselas exigirá no solamente que los gastos de los fondos tengan las cuentas claras, sino que también mirarán los resultados. Ahora que ya han pasado todas las elecciones, debería ser igualmente el momento para reajustar la distribución global  e individual de los recursos y redefinir la política de los derechos históricos o derechos PAC, por no decirlo de otra manera.

La otra parte, apostar por otra política agraria se resume en la revisión del conjunto de disposiciones vigentes, algunas de las cuales se han quedado anticuadas y otras no están funcionando como se esperaba para cumplir los objetivos previstos, por lo que es necesaria su modificación. No puede haber leyes escaparate a las que siempre se recurre para justificar políticas de cambio sabiendo que no son eficaces, ni otras cuya revisión y mejora se conviertan en demanda que pasan de una a otra legislatura. En esta línea, Agricultura, es un dato positivo, pretende revisar las disposiciones vigentes más importantes en materia de política agraria, aunque alguna haya sido elaborada por el actual equipo ministerial.

Atocha trabaja en una modificación de la Ley de Modernización de las Explotaciones Agrarias de 1995 para adecuar la misma a las necesidades actuales en diferentes puntos como los referidos a las explotaciones prioritarias cuando se trata de los agricultores jóvenes.

La Ley de Entidades Asociativas Prioritarias de 2013 por la que planteaba la constitución de grandes grupos cooperativos con diferentes facturaciones mínimas en cada sector y con carácter supra autonómico, solamente ha dado lugar a la formación de una docena. Objetivo de Agricultura es ir más allá para que las cooperativas tengan en su conjunto un modelo más empresarial para operar en todos los mercados, dejar también a un lado de la política de resultas, donde el socio entrega sin precio a la sociedad y recibe una liquidación en función de los resultados obtenidos en los mercados.

No  hay  satisfacción  por los resultados que están cosechando la Ley de Titularidad  Compartida  para incorporar oficialmente a la mujer en las explotaciones agrarias  a la que solamente se han acogido medio millar de casos. Se entiende que  ha podido faltar información sobre el efecto de la misma.

Existe la decisión de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria, una vieja demanda de organizaciones agrarias cooperativas y por industrias alimentarias, pero se entiende que esa modificación no solo debería ser para perseguir la venta a pérdidas, sino además para lograr agregar más valor en la cadena alimentaria a efectos también de un reparto del mismo más equilibrado.

Se quiere abordar igualmente el tema de los gastos en medios de producción, aunque se entiende que, con la excepción de la energía eléctrica, en otros, los precios son inferiores a los pagados en otros países comunitarios. En todo caso, se estima que se trata de un tema con muchas caras donde además de analizar la formación de los precios de las industrias, también se deberían analizar otros aspectos como la estrategia del sector a la hora de comprar.

En lo que afecta a la política para la nueva instalación de jóvenes agricultores, Agricultura mantiene negociaciones con Hacienda y ya se han logrado algunos compromisos para rebajar la fiebre recaudatoria de ese departamento en relación con las ayudas previstas para esta política. Igualmente ya hay un acuerdo para que los impuestos que se aplican inicialmente a esos fondos se puedan pagar aplazados en cinco años con créditos baratos, o que no se considere el pago de la ayuda a efectos de retenciones cuando se comunica la concesión de la misma, sino cuando los fondos llegan a manos del joven agricultor.

Es una buena noticia para el sector que haya voluntad para remover toda esa normativa de política agraria que, en unos casos no funciona y en otros lo hace de forma poco eficiente. Pero, los compromisos, serían aún más creíbles, si a los mismos, como a ese Plan Estratégico, se les ponen fechas y pasar de una lejana década perdida, no ya a otra década prodigiosa, sino simplemente a un periodo donde se piense en construir el futuro.

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