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PAC 2022, otra ocasión para cambiar la política agraria

firma vidal

El ministro de Agricultura y los consejeros del sector de las Comunidades Autónomas celebraron fechas pasadas una reunión en Consejo Consultivo sobre la próxima reforma de la Política Agrícola Común y su aplicación en España, que entraría en vigor probablemente más allá de 2022 a la vista de los retrasos en la aprobación del marco financiero y las futuras elecciones comunitarias. Esta reunión era algo así como la culminación de los trabajos técnicos desarrollados en los últimos tres meses entre cargos de la Administración central con directores generales de las Comunidades Autónomas. En consecuencia, era también el primer debate de carácter político donde se había pedido a los responsables de agricultura de los gobiernos autonómicos que pusieran en la mesa sus planteamientos sobre la futura aplicación de la PAC. Y, el encuentro cumplió con dos objetivos. Lograr un debate inicial, toma de posiciones en materia de política y establecer un calendario para elaborar con tiempo el Plan Estratégico estatal, indispensable para aplicar la nueva reforma.

Desde la perspectiva de lo político, como no podía ser de otra manera, a pesar de la ausencia de Extremadura y de Andalucía, hubo diferencias y acuerdos. Acuerdo en la necesidad de dar prioridad al agricultor genuino, el que vive preferentemente de la actividad agraria, sin olvidar a los de tiempo parcial, numerosos en algunos territorios. Coincidencia general en mantener las ayudas directas como pieza clave de las rentas y que las mismas vayan prioritariamente a los agricultores genuinos que viven preferentemente de la actividad agraria, considerando igualmente  como prioritario a la figura del  agricultor a tiempo parcial con un peso importante en algunos territorios.

Acuerdos en la necesidad de avanzar más en la política de convergencia, en la redistribución de los fondos, en implementar los mecanismos de apoyo a los jóvenes para el relevo generacional, para la mujer rural, contra el despoblamiento, en la banda ancha para el campo, en más apoyo a la información, a las tareas de asesoramiento, la conexión entre el primer y el segundo pilar, al establecimiento del techo en las ayudas de los 60.000 euros para aplicar reducciones progresivas y del techo límite en los 100.000 euros, en un mayor apoyo a la investigación y el desarrollo, un aumento de los pagos acoplados hasta suponer el 15% de los fondos frente al 12% que supone en la actualidad, aunque muchas de esas medidas deben ser aplicadas conjuntamente con otros departamentos.

Por el contrario, las posiciones se hallan muy alejadas cuando se trata de distribución de los fondos, más bien redistribución, en lo que se refiere a los pagos históricos y a los pagos por derechos individuales y a la política de convergencia. A la posición inicial contra el actual reparto planteada por las Comunidades Autónomas de Castilla La Mancha y Aragón, se han ido sumando otras más hasta ser hoy casi mayoría con, sobre todo Andalucía, en la parte contraria.

Al margen de los debates, el encuentro se tradujo en la elaboración de un calendario de reuniones de grupos de trabajo sobre cada uno de los nueve objetivos contemplados por Bruselas en las propuestas de reforma y que deberán ser  la piedra angular del Plan Estratégico donde se halla el relevo generacional, el papel de la mujer en el campo, el despoblamiento rural, las medidas agroambientales, la formación o la innovación, partiendo de que, en muchos casos, las actuaciones deberán afectar a diferentes administraciones. Para cada uno de los objetivos se realizará un análisis en profundidad sobre el mismo y, a partir de ahí, analizar las posibles medidas para lograr un resultado positivo. Por ejemplo, en el caso del relevo generacional además de los fondo, posibles medidas fiscales,  política de arredramientos, cesión de tierras, herencias…Los trabajos para elaborar todas esas actuaciones para incluir en el Plan Estratégico tendrán una duración de casi dos años, 2019 para los análisis y 2020 para estudiar las medidas, lo que supone que se hallarían a caballo entre ésta y la próxima legislatura.

Ante este planteamiento, trabajar a dos años vista, a uno le viene a la cabeza la estrategia llevada a cabo por Pedro Solbes, de paso por el Ministerio de Agricultura que, al margen de poner orden en las ayudas a las organizaciones agrarias maltratada por Carlos Romero y de pagar la multa de la leche, su gestión la puso en manos de una veintena de análisis externos sobre la situación del sector agrario y alimentario como paso previo para abordar una política agraria integral. Solbes se fue Economía y los estudios, bien pagados, se quedaron en la hemeroteca y otros se  fueron a una consultora.

Hoy la estrategia, aunque parezca la misma, es diferente. Los análisis y las medidas se harán y debatirán en la casa, en grupos de trabajo, en permanente comunicación con las comunidades autónomas y con el sector, por lo que es un proceso al que se le debe suponer continuidad al margen de cambios de gobierno.

Desde esta perspectiva, el Plan será como la estrategia para la próxima década en política agraria y mundo rural, a la vista de la importancia de los fondos procedentes de Bruselas y la aportación estatal. En consecuencia, es fundamental que se hagan las cosas desde los análisis serenos, al margen de fiebres políticas o partidistas y con la experiencia del pasado.

La aplicación de la reforma de 2014 se hizo desde la continuidad y la estabilidad en cuestiones como los pagos históricos, los derechos individuales, con una política de convergencia que  no ha existido, Comunidades Autónomas calculadora en mano estimando simplemente cuánto ganaban y perdían sin tener en cuenta la situación de todos los agricultores de un mismo sector, con un resultado manifiestamente mejorable que ha provocado la existencia de graves situaciones de injusticia, de desigualdad, de agravios comparativos o de marginación que deben modificarse. Desde esta perspectiva el Plan, un plan elaborado desde un buen análisis de la realidad, como apuntan en medios oficiales, es una oportunidad para diseñar la política para el sector agrario y para el mundo rural en la próxima década, pero también para recomponer su aplicación y que la misma sea justa para agricultores y ganaderos que comparten los mismos sectores, lejos de las cuentas del solo suma y resta, cuánto  gano y cuanto pierdo de cada Comunidad Autónoma. Y, en Atocha aunque no hay una manifestación oficial, parece hay síntomas a favor de corregir algunos desajustes graves que permite la nueva reforma para redistribuir, no solo pensando en los genuinos.

Con la larga elaboración de este Plan en marcha, sólo cabe esperar a que no sea una oportunidad más perdida para elaborar esa política agraria y del medio rural para la próxima década. Tampoco vamos a pasarnos.

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11/04/2019

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