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Qué solos se quedan los santos...

Vidal Maté

La reducción del número de agricultores y ganaderos profesionales y sobre todo, la elevada edad de los mismos, han constituido en los últimos tiempos uno de los principales motivos de preocupación en las diferentes administraciones y en el propio sector. Los trabajadores autónomos por cuenta propia, los profesionales reales, ya no llegan a los 300.000 y, además, lo que más preocupa, según los pagos directos del Fega en 2016, sobre poco más mas de 700.000 peticiones de ayuda, el 38,14% tenía más de 65 años, un 52,9% se hallaban entre los 40 y los 65 años, solo un 8,3% tenían entre los 25 y los 40 años y un 0,62% menos de 25 años, lo que pone sobre la mesa el problema de la falta de relevo generacional.

Para superar esta situación, desde las diferentes administraciones y desde el propio sector se han desarrollado en los últimos años dos estrategias complementarias, una de imagen y otra de carácter económico para tratar de mantener a los jóvenes  en la explotación familiar o de  lograr nuevas incorporaciones.

Desde la perspectiva de la imagen, el objetivo era superar esa idea de la actividad agraria como un trabajo de segunda frente a otras actividades económicas. En esa estrategia de modificar la imagen del agricultor ante la sociedad y ante los propios  jóvenes rurales, se hallaba la iniciativa de UPA destacando el orgullo de ser agricultor. En la misma línea Coag repetía el intento con aquel slogan donde el niño pedía su madre ser agricultor… pero no me dejan. Asaja instituía el premio al mejor joven agricultor y Miguel Arias Cañete montaba campañas tratando de aupar la figura del agricultor al servicio de la sociedad como un orgullo.

Como un problema que no afecta solamente a España sino al conjunto de los países comunitarios, Bruselas ha sido la primera implicada en las políticas para apoyar el relevo generacional. En base fundamentalmente a esos fondos, también con apoyos nacionales, se aplicó el plan para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria entre 2007 y 2013 con un presupuesto de 386 millones que supuso la incorporación de algo más de 13.000 jóvenes y en este momento está en marcha el plan de 2014 a 2020 con fondos de 753 millones de euros, 567 procedentes de los recursos comunitarios, con el objetivo de incorporar a la actividad a unos 20.000 jóvenes. En el primer caso con unos resultados alejados de las previsiones y, en el segundo, con todas las dudas sobre su cumplimiento. No será por falta de de datos, de análisis, de demandas de las organizaciones agrarias, de promesas de todos los partidos políticos y de planes y medidas a sobre acciones concretas.

En los últimos años, para no irnos a pasados más remotos, desde el Ministerio de Agricultura se han puesto sobre la mesa diferentes propuestas globales para apoyar a los jóvenes y a las mujeres, lo más reciente desde la llamada Estrategia para la Modernización y Diversificación Rural. En ese marco se contemplaban un total de 38 medidas fundamentalmente en materia de fiscalidad y de créditos que se plasmaron en  documentos entre 2017 y junio de 2018 coincidiendo con los cambios políticos. Sin embargo, en estos años, una cosa han sido las medidas planteadas desde Agricultura, se puede decir que hay continuidad en su filosofía al mantenerse los equipos que las han diseñado, aunque hayan cambiado los gobiernos, y otra cosa la realidad.

Y la realidad es que todas las campañas llamando al orgullo de ser agricultores o de servicio a la sociedad para lograr nuevas vocaciones, se  derrumban apenas tomas tierra y ves que la actividad no ofrece la necesaria rentabilidad ante las elevadas inversiones que supone esa primera instalación, que no dispones de la tierra suficiente y que es más fácil optar por un empleo, aunque se escasamente remunerado en otra actividad. Ser un nuevo agricultor es una aventura muy costosa con altas inversiones. El contenido de las grandes propuestas y de medidas de apoyo, han chocado, de entrada, con políticas diferenciadas en cada Comunidad Autónoma, lo cual supone una discriminación entre esos mismos jóvenes que van a operar en el mismo sector, aunque cada gobierno regional, a partir de las ayudas mínimas que marquen las disposiciones estatales, tiene el derecho dar más apoyos en función de sus necesidades de relevo generacional.

Sin embargo, al margen de ello, desde colectivos de esos jóvenes que aspiraban a convertirse en nuevos profesionales, se han reiterado las críticas sobre el peso elevado de la burocracia a la hora de pedir la primera instalación, ese máximo de los 70.000 euros, por los retrasos de años en las respuestas y, además de todo ello, del afán recaudatorio de los hombres de Hacienda a la hora de gravar las ayudas. En otras palabras de llevarse, de entrada, una parte de las mismas, de la exigencia de pagar desde el momento de la concesión y no del ingreso de los fondos en la cuenta corriente de los jóvenes, sin que, en ningún caso se tengan en cuenta tantas promesas en materia de créditos y de fiscalidad.

Mi amigo Edu, en Burgos, que dejó la construcción para coger el relevo generacional en la explotación familiar y que renunció a las ayudas por aburrimiento burocrático, no acaba de entender tampoco que por la transferencia de derechos de su padre le hayan aplicado un 21% de IVA y que le hayan supuesto además otro 20% por IRPF desembolsando unos cuantos miles de euros que no tenía para ser joven agricultor. Así que cuando le hablas de planes de apoyo, de mejoras en la fiscalidad, de créditos baratos en base a ese Instrumento Financiero de Gestión Centralizada, que no es un invento de hoy y que está ahí medio muerto desde 2015, te mira como si fueran tonto o no te enteras de lo que pasa realmente a pie de campo.

Con todos los impulsos recaudatorios de Hacienda y la escopeta cargada por todo lo que se mueve, aunque sean polluelos que aún no pueden volar, el relevo generacional es un reto imposible y este año, uno más, no habrá jóvenes de menos de 40 en mi pueblo, para sacar en andas a San Isidro, para bendecir los campos verdes todavía por las lluvias de abril, faltan las de mayo.

Junto a esta situación, hay una parte mínimamente positiva. Agricultura se ha movido y en esta línea, ya se habrían logrado algunos compromisos con Hacienda para que los jóvenes que hayan accedido a una primera instalación, cuando reciban los fondos, tengan un plazo de cinco años para pagar lo que actualmente se les reclama automáticamente como un ingreso a efectos de impuestos. En la misma línea, se modificará la situación actual por la que Hacienda reclama los cobros justamente cuando se conceden las ayudas, sin esperar a que la misma se haya recibido, lo cual es hoy algo incomprensible.

En apoyo a la instalación de los jóvenes, se procederá a la modificación de la ley sobre Modernización de Explotaciones con el fin de articular medidas para poder dar más apoyos a este tipo de explotaciones, aunque no sean prioritarias. Objetivo de Agricultura es mejorar la política de los créditos vía el Instrumento Financiero de Gestión Centralizada que ya función a en algunas Comunidades Autónomas, como Castilla y León. Para Agricultura es fundamental el apoyo con una fuerte política de asesoramiento, la transferencia del conocimiento a pie de explotación como una ayuda para la adopción de todo tipo de decisiones en relación con la actividad. En el mismo objetivo, se quieren impulsar los procesos de digitalización para lo que funcionarán además oficinas en el medio rural.

Todo para lograr un campo más preparado, más competitivo, más rentable y más joven. Pero, de momento, Hacienda se lleva el bocado antes de que haya nacido la criatura y el santo anda solo…

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