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Representatividad y política agraria

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El próximo 21 de este mes se cumplen los 40 años de las primeras elecciones generales a nivel estatal desde la transición en el sector agrario, en aquel momento a las Cámaras Agrarias, en un escenario donde los puestos se los repartieron la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, CNAG; la Unión de Federaciones Agrarias de España, UFADE; el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, CNJA; la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAG y la Unión de Pequeños Agricultores UPA, más grupos y candidaturas independientes.  

Hoy, cuatro décadas más tarde, el espectro se ha reducido a una Asaja mayoritaria nacida en 1989, donde se integraron CNAG, Ufade y el CNJA; COAG, la segunda y UPA como tercera fuerza, las tres siglas con reconocimiento estatal en Agricultura, pero donde convive una cuarta organización, Unión de Uniones, surgida de una escisión de COAG y de grupos y dirigentes de Asaja procedentes de Jóvenes, con fuerte presencia en Cataluña con Unió de Pagesos, Unión de Campesinos en Castilla y León y de Unió de Llauradors en la Comunidad Valenciana, amén de otras como Extremadura, Madrid, Andalucía o Castilla La Mancha.

Clarificar y normalizar la representatividad sindical fue uno de los objetivos de Miguel Arias Cañete, por el que no demostraron ningún interés las tres organizaciones agrarias reconocidas por Agricultura, como tampoco la ministra heredera de esa disposición, Isabel García Tejerina que optó por no meterse en ningún charco, manteniendo la interlocución existente y en un apartado con Unión de Uniones.

En los últimos meses, el Ministerio de Agricultura ha sido el vertedero de docenas de propuestas en materia de política agraria donde dominaban las demandas desde los costes de producción, el relevo generacional o los problemas de la cadena alimentaria, para acabar con el despoblamiento rural, siempre con la PAC como eje de los debates. Con tantas necesidades sobre la mesa y además con unas finanzas escasas, porque los afiliados siempre dan lo que dan y la Administración reduciendo los apoyos, no aparecía por ninguna parte la necesidad de ir a una clarificación sindical, con la excepción de Unión de Uniones que mantiene su campaña de camisetas reclamando un puesto en la mesa en igualdad de condiciones y alegando los resultados logrados en las cuatro elecciones celebradas desde 2016 en otras tantas comunidades autónomas.

Desde el Ministerio de Agricultura se ha recogido el guante de las demandas del sector y es su decisión abordar las mismas con rapidez para lograr la máxima eficiencia. Al margen de la no existencia de la clarificación de la representatividad agraria en el conjunto de las demandas, lo cierto es que se trata de un agujero que está ahí, que no se puede ocultar y sobre el que, según referencias de ese departamento, también se pretende abordar y dar una salida.

La representatividad de las organizaciones agrarias se puede y debería ver desde dos ángulos diferentes.

En primer lugar, fijando unas pautas claras. Actualmente las competencias en materia de elecciones se hallan en manos de las Comunidades Autónomas. En el ejercicio de sus derechos, hay CCAA que ya han celebrado varias elecciones desde 1978, mientras otras no han celebrado ninguna. Desde 2016, por tener una fecha de referencia, se han celebrado elecciones en Cataluña, Extremadura, Castilla y León y en Madrid, en las que han participado las cuatro siglas. Parece no tiene sentido esta situación de elecciones a goteo y sería lógico que Administración central y el conjunto de las Comunidades Autónomas lograsen un acuerdo, ahora que tanto se habla de pactos, para que, si no en una fecha única, existiera un periodo prudencial donde hubiera elecciones en todos los territorios. Elecciones hay o no hay, pero no así.

Desde la perspectiva del papel de unas siglas representativas, en los últimos tiempos se ha echado en falta ese reconocimiento real de las organizaciones agrarias. El Consejo Asesor Agrario ha estado generalmente como un elemento decorativo, sin desempeñar el papel para el que fuera constituido porque, una cosa es que se celebren docena y docenas de reuniones de coyuntura, Consejos Consultivos, y otra espacios para debatir políticas agrarias.

En las negociaciones para aplicar la reforma de la PAC en 2O14, los acuerdos se adoptaron inicialmente entre Agricultura y las Comunidades Autónomas, mientras las organizaciones agrarias eran simplemente informadas sobre el contenido de los mismos Hoy, abiertos los debates para elaborar es Plan Estratégico para la próxima reforma, las organizaciones agrarias tienen la oportunidad para negociar en el mismo los planteamientos sobre los que debería caminar el sector en la próxima década porque, a la postre, la agricultura la ejercen los agricultores y no los políticos de turno de las Comunidades Autónomas.    

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