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PAC, IPC y la cadena

VM

La reforma de la Política Agrícola Común, a pesar de los ajustes aplicados en los presupuestos comunitarios derivados de la crisis económica, contempló finamente una asignación de casi 300.000 millones de euros para pagos directos hasta el año 2020, de los que más de 35.000 corresponden al sector agrario español. Aunque cada vez es menor el peso de los gastos agrarios en el presupuesto comunitario, el resultado de las últimas negociaciones se consideró en líneas generales como un éxito y todos se felicitarían si se mantuvieran esos fondos más allá del 2020.

Como en el momento de la puesta en marcha de la PAC, las ayudas al sector agrario, frente a quienes se oponen cada vez más a las mismas, se han justificado hoy también, por la necesidad de apoyar una actividad que garantiza un mayor autoabastecimiento de materias primas en volumen, calidad, seguridad alimentaria a unos precios adecuados para el consumidor medio de los países miembros y suponer también un ahorro para los bolsillos a la hora de llenar la cesta de la compra.

Desde esta perspectiva, desde el interés del propio sector y, obviamente de los consumidores, sería importante que el comportamiento de los precios de los productos agrarios, desde que el campo hasta que llega al consumidor, soportara una cadena de valor justa y equilibrada. Si, por una u otras razón, sale del campo un producto barato, no es lógico que el precio final del mismo al consumidor siga siendo igual o más caro que en otras circunstancias normales de mercado. No tiene sentido que cuando bajan los precios de un producto en origen, que los agricultores o ganaderos vendan a la baja, en muchos casos por debajo de los costes de producción, las industrias y, en última instancia, la distribución, sigan imponiendo precios elevados al consumidor, salvo en los productos reclamo a la baja que también van a costa de los productores.

Tomando como referencia algunos datos en el marco comunitario, frente a una inflación del 0,2%, las rentas reales en el sector agrario cayeron en 2015 un 6%, porcentaje que se rebajaría al 4,3% si se considera la reducción de activos. En el caso de España, según los datos manejados por Unión de Uniones, mientras en el último trienio el índice de los precios al consumo subió el 3,1%, los precios en origen en el sector agrario registraron una caída media del 3,2%, lo que refleja que los bajos precios en origen por los excedentes o los esfuerzos de las explotaciones para producir más barato, al final no se reflejan, como debería, en los precios de la cesta de la compra .Por otra parte, el informe oficial sobre el seguimiento del acuerdo lácteo señala que el precio medio de un litro de leche se ha situado en enero en 0,71 euros litro, con un incremento del 1,27% sobre el mes anterior y de un 4% en el segmento de los hipermercados, mientras en el campo bajaban ligeramente los precios medios hasta 30,06 euros litro y una parte de la leche se vendía en origen a menos de 0,20 euros litro.

Por el interés de los consumidores, es fundamental que haya una mayor transparencia en la formación de los precios en la cadena alimentaria y que no se produzcan abusos de márgenes utilizando los bajos precios en el campo, que luego no se nota ante los consumidores. Al sector agrario, al margen de sus críticas históricas contra el montante de esos márgenes de hasta el 1000% que señala COAG en sus informes periódicos del IPOD, le interesa igualmente que los mismos sean los más bajos posibles pensando en los consumidores pero, sobre todo, en la Política Agrícola Común de la que percibe una parte muy importante de sus rentas. Si los precios que paga el consumidor se disparan por encima de lo razonable con un IPC alimentario al alza, mientras bajan los precios en origen, se trataría de un chuleo a los productores, pero no sería lo peor. Podría suponer hasta un riesgo para la política actual de ayudas y un argumento para quienes se oponen a las ayudas actuales. Y alguien se podría plantear si vale la pena seguir destinando más del 30% del presupuesto comunitario a un sector agrario que tiene el compromiso de ofrecer alimentos en volumen, calidad, seguridad alimentaria y también en precios, que no cumple, aunque los culpables sean otros.

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