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San Isidro sin relevo

VM

La incorporación de los agricultores jóvenes a la actividad agraria y el relevo generacional han sido y se mantienen como unos de los objetivos más importantes de la política agraria comunitaria, así como de la administración española con diferentes gobiernos. En apoyo a esta estrategia, desde Agricultura y el propio sector se han desarrollado campañas de imagen destacando la importancia de una profesión desde la perspectiva del orgullo de ser los proveedores de alimentos al resto de la sociedad y por el mantenimiento del territorio, además de la concesión de ayudas para hacer frente a las inversiones que supone una primera instalación. Sin embargo, parece que todas esas loas y medidas no han sido suficientes o se han utilizado mal de cara a lograr ese objetivo si tenemos en cuenta que, en la actualidad, aproximadamente solo un 5% de los activos agrarios tiene menos de 35 años y que cerca del 30% supera los 64 años.

Hace poco más de dos décadas, ayer, la población ocupada en el sector agrario suponía casi el 20% del total de la actividad económica. Hoy esa cifra se ha reducido al entorno del 4%. El problema no es que haya descenso de ese porcentaje, algo lógico a medida que avanzan los procesos de mecanización, también en el campo. Lo peligroso es que los activos son cada vez de más edad y que por lo visto, los apoyos no han sido alicientes suficientes para enganchar a los jóvenes a la actividad agraria a pesar de la crisis de empleo y salarios que se vive en otros sectores.

En los últimos tiempos no han funcionado como cabía esperar las políticas de relevo generacional donde una persona de más edad podía acceder a una jubilación anticipada dejando las tierras a una persona joven que se incorporase a la actividad agraria. Para apoyar la incorporación de los jóvenes se ha dispuesto de ayudas importantes, cerca de 400 millones entre los años 2007 a 2017, lo que supuso incorporar a más de 13.000 personas. Para el periodo de 2014 a 2020 la incorporación de los jóvenes es uno de los puntos estrella de la reforma de la Política Agrícola Común, al exigir el destino mínimo del 2% de todo los recursos, lo que supondrá más de 700 millones de euros hasta un máximo de 70.000 euros por beneficiario, además de otros apoyos como la asignación de derechos de la Reserva Nacional, con la previsión de instalar a otras 15.000 personas.

La incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, al margen de otras cuestiones, en primer lugar es un problema de falta de rentabilidad, como lo ponen de manifiesto los datos de los últimos años sobre el comportamiento de las rentas. A veces, se también se habla de ser una profesión escasamente reconocida por el resto de la sociedad e incluso infravalorada y despreciada, pero no creo que sea hoy el principal problema que preocupe a los jóvenes agricultores o ganaderos.

En segundo lugar, pero igual de importante, es la necesidad de una elevada inversión si uno viene de nuevas y no se halla ya uno en el seno de una explotación familiar. Un tercer aspecto es la inseguridad que comportan las sucesivas y cambiantes reformas de la Política Agrícola Común desde los sistemas de ayudas directas a los mecanismos para la regulación de los mercados. Finalmente, apostar por la actividad agraria y vivir en el medio rural de una gran parte del territorio del país con mínimos núcleos de población, supone asumir la tremenda desigualdad en materia de servicios y derechos básicos frente a los que disfrutan los urbanos en sanidad, movilidad, infraestructuras, ocio, comunicaciones y algo básico como la educación de los hijos con un sistema de becas injusto para el sector agrario, donde los techos de ayuda se computan por el IBI y no por la renta real.

Todas ellas son razones para que los jóvenes no se sientan atraídos por la actividad agraria, a las que se suma el papeleo y la burocracia o los pagos aplazados que supone acogerse a las políticas de incorporación de jóvenes hasta quitarse las ganas.

San Isidro tiene complicado el relevo. Hablamos de profesionales de la actividad agraria, no de ecoaldeas o neorurales, aunque todo suma en positivo para no dejar caer más el medio rural.

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