El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha aseverado en una jornada de la organización agraria COAG celebrada en Sevilla bajo el lema ‘Andalucía merece otra Política Agrícola Común (PAC)’ que “no puede volver a pasar lo que ocurrió en el anterior debate nacional”, cuya consecuencia fue que “nuestra comunidad perdió 1.052 millones de euros”. El responsable autonómico ha tratado así de crear conciencia ante la necesidad, en un momento “decisivo” como el actual, de rechazar de un modo “frontal” una nueva reforma para el marco 2021-2027 “con más objetivos, en especial de carácter ambiental y de lucha contra el cambio climático, y más controlados, pero con menos presupuesto”.

Sánchez Haro ha alertado de que el recorte del 16% a la asignación de la PAC que propone la Comisión Europea (un 12% menos en las ayudas directas y un 26% menos en los fondos de desarrollo rural) “sólo traerá consigo mayor precariedad de la renta y el empleo agrarios y abandono de la actividad y despoblación del medio rural”. La Política Agrícola Común “ha de revertir esta situación de peligro, no ahondar en ella”, ha sentenciado. El consejero se ha mostrado tajante: los agricultores, los ganaderos y profesionales andaluces deben contar con “un presupuesto justo, digno y a la altura de las necesidades y características de nuestra agricultura”. El peso, ha proseguido, “no puede recaer sobre los mismos hombros, cualquier nuevo requisito debe incentivarse adecuadamente y no añadir nuevos costes a unos productores que ya cumplen con grandes exigencias”, ha apostillado.

La estructura de la PAC, a juicio del consejero, debe seguir dividida en dos pilares y garantizar, “por encima de todo”, la renta de los agricultores y ganaderos y, con ello, la viabilidad económica de las explotaciones agrarias y el futuro de la agroindustria. El primero, como ha afirmado, acompañado de un segundo orientado a la diversificación económica mediante el enfoque Leader, ha de mantenerse como el núcleo de la Política Agrícola Común, porque son unos pagos “indispensables” y, como tales, “tienen que ser financiados al 100% por la Unión Europea (UE)”.

El responsable del Gobierno andaluz, por otro lado, comparte el enfoque comunitario de distribuir las ayudas directas mediante un tope máximo por explotación (capping), en la medida en que es “absolutamente imperativo” aumentar lo que llega a la inmensa mayoría de agricultores. No es de recibo, ha dicho, que 171.000 personas, el 80% de los beneficiarios, solo reciban el 20% de las ayudas (274 millones de euros al año), mientras una minoría de 3.000 perceptores, el 1,25%, se embolsa el 27% de los fondos (370 millones de euros). “La futura PAC debe corregir esta desviación, por justicia social, para que responda mejor a la realidad del 99% de nuestro campo”.