El sector de la leche está siendo ahora el frontón de sus actuaciones. Tras oponerse a que figurase el origen  en el etiquetado ahora rechazó la posibilidad de que las organizaciones de productores planifiquen producciones  o negocien contratos para sus socios.

Es la bicha del sector agrario. Capaz  de  abrir un expediente a un agricultor o a un sindicato, por señalar su decisión de no vender un producto por debajo de un precio, como de hacer la vista gorda a que los abonos estén controlados por unas pocas manos, que la distribución lo dominen cinco grandes grupos o que los operadores regionales o comarcales de abonos y cereales puedan pactar precios o territorios influencia.

A escasas semanas de manifestar sus dudas y oposición a que el Ministerio de Agricultura planteara una disposición para exigir en el etiquetado el origen de la leche, como hacen otros países comunitarios, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, emitió un informe por el que no ve ninguna razón para que el conjunto del sector agrario y en el caso concreto, la leche, pueda escapar a las reglas generales sobre  competencia. Con esta posición, el organismo español se opone a la reglamentación comunitaria aprobada el pasado diciembre por la que se introducen cambios en la Política Agrícola Común dando capacidad negociadora a las organizaciones de productores en la defensa de los productores y al proyecto de real decreto español. El sector agrario rechaza este informe y acusa a Competencia de trabajar solo para los intereses de los grandes grupos industriales o de la distribución que controlan libremente los mercados.

A medio camino entre la PAC actual y la que se está negociando para aplicar a partir de 2021, Bruselas aprobó una reforma intermedia, en vigor desde el uno de enero donde se contemplan una serie de cambios como simplificación, incorporación de jóvenes, desarrollo rural, seguro de riesgos y donde destaca una mejora en la posición del sector agrario para defender sus intereses en la cadena alimentaria. En esa línea, se reforzó el papel de las organizaciones de productores, de sus asociaciones y de las inter profesionales. Igualmente, mediante una exención de la normativa de competencia entre otras actividades, las organizaciones de productores recibían luz verde para acometer, entre otras actividades, negociaciones contractuales, precios incluidos y la planificación de la producción de sus socios. En el caso de la leche, entre otras condiciones, se contemplaba que una organización de productores solo podía negociar, como máximo, por el 3,5% de toda la producción de leche comunitaria o por el 33% de la leche de un Estado miembro.

Desde la Administración española y desde el propio sector se valoró muy positivamente esa reforma porque suponía dar una mayor capacidad a los productores para defenderse en los mercados.

En base a ese reglamento, Agricultura elaboró un proyecto de real decreto  sobre contratación en el sector de la leche. En su paso por la CNMC, el organismo regulador ha valorado negativamente el mismo en su conjunto y especialmente en lo referido a la actuación de las organizaciones de productores. Para la CNMC, aunque en los últimos tiempos en el marco comunitario ha existido una corriente encaminada a relajar normas sobre la competencia, no hay ninguna razón para eximir de esas exigencias al sector de la leche ni a ningún otro sector agrario por entender que no hay justificación para ello salvo que hubiera fallos en el mercado inherentes a su funcionamiento, por motivos de interés público, seguridad alimentaria,  medio rural o defensa del medio ambiente. Entiende, por el contrario que permitirlo podría  provocar precios mínimos o de garantía donde los únicos perjudicados iban a ser los consumidores. La CNMC se opone también a que se exija a los primeros compradores una fianza de 150.000  euros para asegurar el cobro a los ganaderos.

Desde el sector agrario el informe se califica como una agresión más de Competencia contra los intereses del sector agrario. Para Román Santalla, responsable del sector ganadero de UPA, es incomprensible que la CNMC   tenga  tanto celo para evitar que el sector agrario tenga una mínima organización en la defensa de sus intereses, mientras no actúa con el mismo interés frente a  media  docena de industrias o grupos que adquieren el 50% de la leche o una distribución en manos de otros cinco empresas imponiendo sus condiciones.