El programa de erradicación de la tuberculosis caprina incluye, “ante la demanda del propio sector”, la calificación de “oficialmente indemne” para los rebaños, aun cuando se vacunen contra la paratuberculosis, una cuestión que hasta este momento no era factible por “posibles interferencias diagnósticas de las pruebas”. Ésta es, tal y como ha anunciado el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, una de las novedades recogidas en la nueva orden publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), “resultado de la interlocución permanente y el consenso con los profesionales y los veterinarios”, con el objetivo de mejorar la aplicación del plan y su grado de implantación en la comunidad autónoma.
La norma, enriquecida por la “gran participación” y la “alta cantidad de sugerencias recibidas”, incorpora, además, como ha anotado Sánchez Haro, la posibilidad del sacrificio de animales positivos en los mataderos que soliciten formar parte del programa, algo, bajo sus palabras, “fundamental” para el éxito del mismo. Todo ello sin olvidar, según ha proseguido el responsable de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la simplificación de los distintos procedimientos administrativos.
Rodrigo Sánchez ha apuntado, en este sentido, que no son las únicas actuaciones llevadas a cabo por la consejería que dirige. Ha hecho alusión, de este modo, a la inclusión del coste de la prueba diagnóstica de la tuberculosis caprina (anteriormente a cargo del titular de la explotación) dentro de los 19 millones de euros de ayudas asignados a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG), de financiación autónoma. Esto contrasta, como ha apuntado, con los 1,3 millones de euros que el anterior Gobierno del PP “quitó a nuestras ADSG de las partidas estatales dirigidas a la erradicación de enfermedades”.
A diferencia de lo que ocurre con la tuberculosis bovina, las actuaciones para la erradicación de esta enfermedad en la cabaña caprina, tal y como ha explicado el consejero, “no están reguladas por la Unión Europea (UE) ni cuentan con un programa específico nacional”. Andalucía, ante ello, cuenta con su propio plan desde el año 2008 y prevé, desde entonces, indemnizaciones por los animales sacrificados al ser diagnosticados como positivos. Los ganaderos se acogen voluntariamente, tras lo que se comprometen con las medidas estipuladas por el mismo durante un periodo de, al menos, cinco años.
