Durante las negociaciones de la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) de 2013, el Gobierno llevó a la mesa una reiterada petición del sector productor, como era la actualización de los umbrales de activación del almacenamiento privado de aceite de oliva, que se encontraban muy por debajo de los costes de producción. Pero no logró cambiar nada.
Esta activación continúa estando en niveles “irreales” de 1.779 €/tn para el virgen extra, en 1.710 €/tn para el virgen y en 1.524 €/tn para el lampante (B 1º), con recorte adicional de 36,7€/tn por cada grado de acidez libre superior a 2 grados, frente a unos costes por producir que actualmente están en una horquilla de entre 2.400 €/tn y 2.600 €/tonelada. El almacenamiento privado de aceite de oliva en sus diferentes categorías y la consiguiente ayuda por cada día de retirada no se activan hasta que los precios en origen permanecen durante varias semanas al menos en esos niveles, si no más bajos, y hasta que la Comisión Europea así lo reconoce, aprobando la medida siempre que la pida el sector y el Estado miembro.
Esta situación ha llevado a que, desde hace ya bastantes meses, se venga trabajando en una alternativa a este “obsoleto” almacenamiento privado. Una alternativa, como la autorregulación, ya contemplada por el propio sector productor cooperativo en el pasado, pero sobre la que se desistió al encontrarse con el muro de Competencia, en un cultivo, como el olivar, que presenta una gran variabilidad de la producción -“vecería”- , muy dependiente de las condiciones climáticas, al tener casi dos tercios de su superficie en secano.
