La consulta pública llevada a cabo entre agosto y noviembre recogió pruebas y opiniones de una amplia gama de partes interesadas, incluidos los agricultores y sus organizaciones, las empresas agrícolas, las autoridades públicas de los Estados miembros, las instituciones de la UE y los consumidores y sus organizaciones.
El objetivo fue recopilar información sobre tres cuestiones clave relacionadas con la posición de los agricultores en la cadena de suministro: prácticas comerciales desleales, transparencia del mercado y cooperación de los productores.
Otras prácticas comunes incluyen cancelaciones de pedidos de última hora para productos perecederos, solicitudes de pagos iniciales para asegurar o retener contratos o pagos adicionales para que los productos se expongan favorablemente en las estanterías. La mayoría de los encuestados dijeron que consideraban que estas prácticas ocurrían con regularidad o muy regularmente, y la mayoría estuvo de acuerdo en que los agricultores eran los más propensos a ser impactados por ellas.
Las más de 1.500 respuestas a la consulta se integrarán en una evaluación de impacto que explorará cómo mejorar la fluidez y el funcionamiento eficiente de la cadena de suministro alimentario y abordará las deficiencias o deficiencias del mercado que conducen a prácticas comerciales desleales, así como su efecto en el mercado interior. Se espera que los trabajos sobre la transparencia del mercado continúen en 2018.
Basándose en los resultados de la presente evaluación de impacto, la Comisión Europea espera presentar propuestas legislativas para hacer frente a las prácticas comerciales desleales en el primer semestre de 2018. La consulta y la evaluación de impacto son el resultado directo de los resultados del grupo de trabajo sobre mercados agrícolas (AMTF), un grupo de expertos independientes creado en 2016 por la comisión para investigar dónde podría mejorarse la gobernanza de la cadena alimentaria.
Las prácticas comerciales desleales fueron uno de los elementos clave identificados por el AMTF, en los que la acción a nivel de la UE podría ayudar; ya existen normas relativas a dichas prácticas en unos 20 Estados miembros diferentes. La evaluación de impacto examinará si la legislación comunitaria puede complementar y reforzar estas normas nacionales y de qué manera. Alrededor del 90% de los encuestados coincidieron o acordaron parcialmente que existen prácticas comerciales desleales, citando, por ejemplo, períodos de pago superiores a 30 días para los productos agroalimentarios y cambios unilaterales y retroactivos en los contratos.
La actualización de estas normas recientemente acordadas en el marco de la propuesta global de gran alcance aliviará las restricciones a la competencia impuestas a las organizaciones de productores y a las asociaciones de estas organizaciones en lo que se refiere a las actividades de planificación de ventas y producción. Los cambios también consagran en la legislación el derecho de los agricultores a solicitar un contrato por escrito (a menos que comercien con una PYME), lo que traerá mayor transparencia y derechos exigibles a los agricultores cuando traten con sus socios en toda la cadena de suministro. Estas nuevas normas entrarán en vigor el 1 de enero de 2018.
