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AICA: días de acoso y derribo

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La Ley de la Cadena Alimentaria impulsada por Agricultura, frente a la ineficacia de la Ley del Comercio Minorista, ha supuesto en los últimos años un instrumento importante en la defensa de los intereses del sector agrario, en unos casos frente a la industria y, en otros, para agricultores y ganaderos frente a la distribución en las cuestiones de su competencia, como plazos de pago y firma de contratos. Por su parte, la Agencia para la Información y Control de esa cadena, AICA, ha sido el instrumento eficiente para el seguimiento de la misma con casi 6.000 inspecciones desde 2014, 541 en 2016, que dieron lugar a 347 sanciones, 59 en el último año, en esta ocasión frente a la apatía o complacencia de Competencia en su obsesión de bajar los precios al consumidor sin atacar posiciones abusivas de dominio en defensa de unos precios sostenibles en el sector agrario y en la propia industria.

Ley y Agencia fueron una opción por la que apostó la Administración popular en Atocha desde Miguel Arias Cañete a Isabel García Tejerina con el total respaldo del sector agrario y de la industria alimentaria, con el objetivo de poner un poco de orden en unas relaciones en la cadena totalmente desequilibradas. El rigor y la discreción con las que ha actuado la Agencia en el marco de sus competencias limitadas han recibido en los últimos años el total respaldo de las organizaciones del sector agrario y de la industria. Su trabajo solamente ha tenido en contra las posiciones de una parte de la gran distribución.

Con estas referencias, parece claro que la Ley de la Cadena y la Agencia constituyen dos pilares importantes para los intereses de sector agrario y de la propia industria alimentaria y una amenaza para esa parte de la gran distribución hoy objeto de unos mayores controles y sanciones, por lo que la acusación y el intento de desgaste hacia ese organismo por quienes se pueden sentir vigilados entra en campo de la más pura lógica. En las últimas fechas, en medios de comunicación se ha desatado una ofensiva contra la Agencia en una triple dirección.

Una primera dándose a conocer el resultado de una sentencia en la que se da la razón al grupo DIA ante una serie de peticiones de información cursadas por las Agencia al considerar la justicia que esas peticiones no estaban suficientemente justificadas. Con la normativa en la mano, AICA no puede hacer públicos sus trabajos de investigación ni tampoco dar publicidad a las sentencias. Sin embargo, en medios industriales se asegura que el mismo grupo de distribución a quien el juzgado dio la razón en una sanción y del que habla la sentencia hecha pública, ha sufrido cinco sanciones con cinco sentencias de las que nadie se ha alardeado y sobre las que la Agencia tiene prohibido dar explicaciones.

Una segunda vía de ataque a la AICA se ha concretado en acusar a la misma de gastar más del 70% de los recursos en sueldos. Lo denunciable para un organismo de investigación y servicio es que se gastara los recursos en comidas o compra de espacios en los medios de comunicación

Finalmente, como una tercera vía de acoso y desprestigio para su derribo se trata de ridiculizar su gestión señalando que investiga y multa cuestiones que no sanciona la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia o los propios organismos comunitarios. Acusaciones en esta dirección ponen en evidencia, al menos, una total ignorancia sobre las competencias de cada organismo o de lo que se está haciendo hoy en Bruselas. AICA tiene capacidad para actuar contra el incumplimiento de plazos de pago o la falta de contratos, pero en cuestiones como la venta a pérdidas se limita simplemente a trasladar esas de denuncias al organismo correspondiente que sería Competencia y las comunidades autónomas, que por cierto, a pesar de su impacto negativo sobre las producciones agrarias, en ambos casos son más propensas a su archivo. AICA y Competencia juzgan y sancionan cosas diferentes por lo que no es comparable su actividad. En relación con Bruselas, uno de los objetivos de la nueva política agraria es incluir la mejora de esa cadena alimentaria frente a la distribución baratera y prepotente.

AICA, esa Agencia a la que defiende el sector agrario y la industria alimentaria, es incómoda para otros intereses de la cadena alimentaria y, desde ahí, se podría pensar que buscan abonar su desprestigio. Sería hasta comprensible que sucediera desde unos determinados intereses privados dando publicidad a una sentencia en contra. Pero menos entendible y más preocupante es que expedientes elaborados por la AICA sobre situaciones irregulares de la cadena sobre las que la misma no puede actuar, cuando son remitidos a otros organismos con competencias en esas materias, léase Competencia como parte de un mismo gobierno o comunidades autónomas, los mismos sean arrinconados.

AICA, dependiente de un Ministerio de los llamados débiles, da la impresión que por su trabajo, ha pasado a ser incómoda para algunas de las partes dominantes de la cadena y políticamente incorrecta para la estrategia o los intereses ocultos de otros departamentos.

Pero AICA, una de las pocas armas en lucha por el sector agrario y alimentario, hoy sufriendo acoso de derribo desde fuera y mirada como un grano incómodo desde dentro, es indispensable. No solo debe seguir ahí sino que ser debe ser reforzada. No nació para ser flor de un día… tal y como está el jardín de la cadena.

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