No ha pasado mucho tiempo desde aquellos días en los que convencer a un incrédulo acerca de los cambios que se estaban produciendo en el clima era una labor ardua, incluso apoyándonos en estadísticas meteorológicas o agronómicas. Lamentablemente, ahora es una realidad más que palpable a los ojos de cualquiera. Solo hay que mirar atrás y recordar qué eventos meteorológicos recientes hemos padecido para ser conscientes de la realidad climática extraordinaria que estamos viviendo. Y muy especialmente para darnos cuenta de la inestabilidad constante a la que nuestro medio rural se ve expuesto, con periodos de sequías moderadas o extremas (las más recientes en 2017, 2019, 2022 y 2023) o el paso de constantes tormentas, en ocasiones denominadas DANA.
En los últimos años, es habitual que nuestros agricultores y ganaderos se enfrenten a semanas sin apenas precipitaciones y con temperaturas excesivamente altas, que dejan paso a frentes tormentosos que provocan graves daños por lluvia o pedrisco. Una combinación difícil de afrontar, porque un suelo seco –como uno erosionado tras un incendio– pierde parte de la capacidad de absorber agua y, por lo tanto, una lluvia torrencial incrementa las probabilidades y efectos adversos de las inundaciones. Esa situación de sequía extrema, vivida en 2023, no parece que se vaya a repetir en 2024, cuando las precipitaciones han sido frecuentes, excepto en el área mediterránea, precisamente la zona que sufre habitualmente el paso de tormentas graves a finales de verano.
En conclusión, y más allá de la falta de precipitaciones y de las sequías recurrentes de los últimos años, es igualmente problemático que llueva de forma inconstante, a destiempo, de forma geográficamente muy desigual y en ocasiones –demasiadas– con pedrisco. Una situación que, para la actividad agrícola y ganadera, es ruinosa.
Esta nueva realidad climática a la que nos enfrentamos todos se traduce, para el seguro agrario, en un incremento evidente y progresivo de la siniestralidad. Hasta el año 2022, el seguro agrario solo había cerrado en una ocasión –en el año 2012– por encima de los 700 millones de euros. Esta cifra, que fue excepcional, se ha convertido en habitual en los últimos años, y se ha superado en 2017, 2018, 2021 y 2022. Pero 2023 ha pulverizado todas las cifras alcanzadas en esos años, al registrar 1.241 millones, una cifra histórica que ha representado casi un 60% más que el récord anterior y ha consumido casi 1,7 veces las primas de riesgo del ejercicio, lo que se ha podido afrontar solo gracias a las reservas acumuladas, tanto por las entidades privadas que actúan en coaseguro como por el reasegurador público, el Consorcio de Compensación de Seguros, que ha sido fundamental en el período reciente de alta siniestralidad.
Y es que no hay que olvidar que, en España, el grado de cobertura de los riesgos climáticos es muy amplio: todos están incluidos y las garantías se ajustan en cada caso a las condiciones que establece el Gobierno en cada plan anual y a la opción de cobertura que elija el asegurado de entre las disponibles. Esto significa que, por ejemplo, una sequía moderada y una excepcional están igualmente cubiertas, con lo que eso supone a nivel de siniestralidad. El seguro responde con igual determinación y rapidez, tal y como se ha demostrado en 2023.
Además, no podemos negar una evidencia: la siniestralidad es cada vez más alta porque los eventos son más graves y frecuentes, sí, pero también porque el aseguramiento no ha parado de crecer, ya que es la mejor herramienta para proteger a los agricultores y ganaderos frente a los riesgos climáticos. A nivel global, el grado de cobertura es muy alto, si tenemos en cuenta que la implantación del seguro en muy considerable en la mayor parte de las principales producciones españolas, como los cultivos herbáceos, los frutales, el viñedo, los cítricos o las hortalizas. El campo español es el más asegurado de Europa, y esto es debido a que contamos con el sistema de seguros más avanzado y apoyado por el sector público.
Es evidente que la actual evolución climática pone en peligro la estabilidad de nuestro medio rural y el desarrollo de las explotaciones agropecuarias que generan riqueza y alimento, y que incluso genera un cambio medioambiental con claras repercusiones en la salud de las personas. Por eso, todos los actores intervinientes en el sistema español de Seguros Agrarios Combinados trabajamos con la firme determinación de combatir sus consecuencias, sin perder de vista la necesidad de mantener su atractivo para las entidades aseguradoras. Porque para garantizar la viabilidad a largo plazo del sistema, las entradas tienen que ser iguales a las salidas. Si la siniestralidad aumenta, la adaptación a la nueva realidad tiene que venir desde todos los ángulos: los productores tendrán que adaptar sus prácticas y los aseguradores ajustar precios y coberturas al nivel de riesgo.
Para esto último, desde Agroseguro apostamos por la segmentación y la individualización. Y la razón para ello es algo que no cesamos de recordar: hay asegurados con buenos resultados, con siniestros puntuales, pero también focos minoritarios, ya sean asegurados o cultivos en zonas muy concretas, con reiterada y altísima siniestralidad, y no debemos perjudicar con incrementos generalizados a los agricultores y explotaciones con resultados razonables.
El seguro agrario tiene un coste considerable, pues hace frente a un riesgo muy elevado, pero no hay que olvidar que, en cuanto a la financiación de las primas, las administraciones están haciendo esfuerzos grandes, sobre todo el Ministerio de Agricultura, de forma que la mitad del precio es afrontado por las administraciones públicas. Gracias a ello, al sector agrícola y ganadero en su conjunto siempre le saldrán las cuentas.