La inflación de los alimentos 'duele' en el bolsillo de los consumidores

La inflación de los productos alimentarios y cómo combatirla se ha convertido en estas últimas semanas en uno de los “trending topics” de los medios informativos. Ya sabemos que el campo o el sector agroalimentario, en general, solo interesa a los medios generalistas cuando surgen crisis o problemas de cierta envergadura que, además, tocan el bolsillo de los consumidores.

La presentación o, mejor dicho, la puesta en escena el lunes 6 de marzo del ministro de Economía y Finanzas francés, Bruno Le Maire, flanqueado por los dirigentes de las principales cadenas de distribución (Leclerc, una de las principales, no se sumó pero sí Intermarché, Système U, Carrefour, Auchan, Casino, Cora, Lidl y Aldi) sirvió de acicate para reanimar el fuego del debate interno en nuestro país.

Le Maire anunció un acuerdo por el cual las grandes cadenas de distribución del país vecino se comprometían de forma voluntaria a poner en marcha el denominado “trimestre anti-inflación”, hasta finales de junio, topando precios de una cesta de compra básica para amortiguar la subida de los PVP de los alimentos.

En principio, el Gobierno galo buscaba en esta negociación que todas estas empresas se comprometieran a crear una cesta de compra anti-inflación común, pero éstas mostraron un claro rechazo, puesto que preferían configurar dicha cesta de forma voluntaria y a su manera. Incluso Carrefour, que se había adelantado uno días al anuncio, propuso a los clientes de sus 5.945 tiendas en Francia una cesta de 200 productos básicos (todos o casi todos de marca propia) a precios bloqueados de menos de dos euros desde el 15 de marzo al 15 de junio. Un  centenar serán productos alimentario considerados “sanos” (calificados con una A o B en el controvertido etiquetado Nutriscore) y otros 100 de uso diario de higiene o limpieza.

Las reacciones a la propuesta francesa fueron, en parte, las esperadas. El ministro de Agricultura, Luis Planas, recalcó que el Gobierno ya había adoptado medidas, como la rebaja del IVA de productos básicos en la cesta de la compra y la puesta en marcha del bono o cheque de 200 € (que, al parecer, no estará exento de IRPF) para ayudar a las familias más necesitadas (menos de 27.000 euros de ingresos anuales y menos de 75.000 euros de patrimonio, sin contar la vivienda propia). Un cheque que ya ha recibido más de 1,8 millones de solicitudes. En todo caso, Planas se mostró voluntarioso y animó (pero no conminó) también a la distribución española (“un sector maduro y competitivo”, dijo) a llevar a cabo en nuestro país iniciativas similares como las propuestas por Carrefour en Francia, pero sin obligar a nada.

Esto mismo, aunque con un poco más de énfasis, es lo que señaló la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, que instó (tampoco conminó) a los grupos de distribución que operan en Francia, pero que también venden en España (los franceses Carrefour, Alcampo, o los “discount” Lidl o Aldi) a que apliquen aquí las políticas de contención de PVP de los alimentos anunciadas en el país galo, dando casi por supuesto (por pura lógica) que, voluntariamente, así lo harían.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aprovechó que el Pisuerga pasa por Valladolid para recordar que ella venía pidiendo (al Gobierno al que pertenece) lo mismo desde el pasado verano que lo que ahora anuncian los franceses y responsables políticos de Unidas Podemos, incluida Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y, a la sazón secretaria general de este grupo,  y otros socios del Gobierno reclamaban también que se obligase por ley a topar ya la cesta de la compra alimentaria y actuar sobre los “beneficios extraordinarios” de las grandes distribuidoras, por decirlo con palabras suaves.

La distribución dice no

Como actores implicados y por alusiones directas, los responsables de las asociaciones de la distribución comercial minorista (Anged, ACES y Asedas), además de AECOC, que reúne también a los principales empresas de la industria de alimentos y bebidas, mostraban claros recelos a la propuesta francesa, señalando que, por ejemplo, en el pasado y con el Gobierno Sarkozy, medidas similares para reducir los márgenes comerciales llevaron a bajar la calidad de los productos y a discriminar al pequeño comercio tradicional y a determinados consumidores según donde vivan y su nivel de renta.

Todas ellas recalcaron, por si no fuese suficiente, que las subidas de precios de los alimentos son debidas al traslado (incluso solo parcial) del incremento de los muchos costes de producción, transformación y distribución a los PVP, y no a un aumento de sus márgenes de rentabilidad o de sus beneficios.

Por tanto y en principio, la distribución que vende alimentos en España no aplicará la iniciativa francesa (aunque Eroski se desmarcó, anunciando una cesta rebajada  -“la cesta que enamora”- en un intento quizás de elevar su 4,2% de cuota de mercado arañando clientes). No se puede descartar, no obstante, que algunas de las grandes cadenas lleven a cabo campañas puntuales de promoción de algunos alimentos según vean que pueden hacerlo.

Tampoco los productores (las organizaciones agrarias y cooperativas) creen que, como vaticina el ministro Planas, los PVP de los alimentos vayan a bajar en estos próximos meses. Por citar algunos ejemplo, durante febrero y las primeras semanas de marzo, los precios de la carne de porcino blanco y de los huevos en origen marcaron máximos históricos y otros productos, como la carne de pollo, la leche y los lácteos, el aceite de oliva, el azúcar y unas cuantas hortalizas están sufriendo un descenso de la oferta, debido a problemas agroclimáticos desfavorables para las cosechas o por una simple cuestión de falta de rentabilidad ante el fuerte aumento de costes que, aunque se han relajado en parte, continúan siendo históricamente elevados.

Además, inciden en que hay una Ley de la Cadena Alimentaria que se debe cumplir y que obliga a que los contratos de suministro reflejen los costes efectivos de producción en los precios de compraventa y que estos se trasladen al siguiente eslabón de la cadena de valor hasta llegar al consumidor final.

Si la intención de la distribución comercial fuese rebajar sus PVP… ¿sobre quién cargarán la reducción de sus márgenes, porque perder no va a perder? Pues, como ha venido siendo habitual hasta hace pocas fechas, al eslabón inmediatamente anterior, poniendo condiciones de compra mucho más exigentes y a precios más bajos. Y el eslabón anterior (industria de transformación, cooperativas…etc.) al precedente, es decir, a los agricultores y ganaderos, que pasa de ser el primer eslabón de la cadena a ser el último y al que le dejan muchas veces los restos después de que el resto de los eslabones se ha garantizado sus márgenes.

Y si estos, los productores, ven que no les salen las cuentas, no solo por el precio al que pueden vender sus productos, sino también porque cada vez las exigencias para poder producir son mayores (de tipo medioambiental o de bienestar animal). Y, si encima esto último les supone un coste añadido que no pueden repercutir en precio, pues dejan de producir y abandonan el sector. Si esto sucede, como viene pasando en el último año en el sector lácteo, por ejemplo, pues la producción de leche se resiente y se abandona la actividad ganadera o, como poco, se cambia de negocio hasta encontrar uno que sea más rentable.

Toda esta película es “circularidad”, es la pescadilla que se muerde la cola. Los consumidores deberán ir tomando conciencia de que posiblemente se haya acabado, al menos durante un tiempo más o menos largo, la época de precios baratos en muchos de nuestros alimentos básicos. Cuanto antes se conciencien, antes empezarán a adaptarse a la nueva situación.

Rebaja del IVA

Mucho se ha hablado también de la rebaja del IVA de los alimentos. En un artículo anterior ya dijimos que los expertos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) consideraban que reducir este gravamen a ciertos alimentos básicos (del 10 al 5% y del 4% al 0%), aunque era la medida más fácil y quizás más rápida de adoptar, no contribuiría a rebajar la inflación de los PVP en la cesta de la compra.

Sin embargo, esta medida del Gobierno ha sido aplaudida por la distribución y la industria alimentaria, y también por parte del sector productor. Pero, aunque la consideran positiva, la ven también bastante insuficiente (quieren más), porque no incluye ni las carnes, ni los pescados, gravados con el 10%,  ni los alimentos “saludables”, como piden también algunos.

El Gobierno se defiende señalando que ni la carne, ni el pescado son los alimentos que más entran en la cesta de la compra básica, pero nada dice sobre que no sean alimentos de primera necesidad y menos aún que no sean en su mayoría alimentos saludables.

La verdadera razón de no haber incluido (por ahora) estos productos en la rebaja del IVA es que el coste para las arcas públicas por menores ingresos en este impuesto se hubiese por lo menos duplicado (hubiese pasado de los 700 millones estimados de la actual rebaja a los 1.400 millones de euros o más), y con las dudas de hubiese sido efectivo.

La pesca clama y reclama

En la última semana, todas las asociaciones del arco pesquero, desde la flota (Cepesca, Arvi), hasta las cofradías de pescadores (FNCP), los productores acuícolas (Apromar), la industria conservara (Anfaco), fabricantes y distribuidoras (AECOC), mayoristas, exportadores y transformadores (Conxemar y Fenamar) y pescaderías (Fedepesca), salieron en bloque para “rogar” al Gobierno que rebajara el IVA del 10% al pescado y a las conservas de pescado, porque las ventas estaban cayendo un 20%, porque se sentían discriminados respecto a otros alimentos menos saludables y porque en otros países el IVA de este alimento (6% en Portugal, 5% en Alemania y Francia y 0% en Reino Unido, Irlanda y Malta) era inferior.

Incluso considerando justa la reivindicación del sector de la pesca, posiblemente la solución para frenar su caída de ventas no sea algo tan sencillo como rebajar simplemente el IVA, sino que obedece a cuestiones mucho más complejas y profundas sobre las que todos los implicados, incluidos los consumidores, deberían reflexionar. Por ejemplo, es conocido que España, a pesar de que el consumo haya bajado, siguen siendo uno de los principales países consumidores de pescado del mundo y que, a pesar de ser un país pesquero, somos muy deficitarios a nivel comercial.

¿Cuál es la solución?

Lo que parece ya del todo claro es que, por ahora, la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos no ha servido mucho para reducir la inflación alimentaria, ni para recortar el ticket de la compra de muchos consumidores (aunque quizás sí su volumen). Los PVP pueden haber amortiguado la subida de los PVP en los productos rebajados, aunque sea de forma temporal, porque los costes de producción o la menor oferta por adversidades agroclimáticas o de otra índole han seguido tensionando los precios en origen.

Además, han continuado subiendo los PVP de muchos otros alimentos, más o menos básicos, más o menos de primera o segunda necesidad, que no se han beneficiado de la rebaja impositiva, por lo que la distribución ha seguido seguramente elevando su factura y, quizás, ¿sus beneficios? y el Gobierno aumentando también su recaudación fiscal por IVA.

No solo FEDEA dijo que recortar o rebajar temporalmente el IVA era la solución para reducir la inflación, porque además puede servir de incentivo de un mayor consumo ¿qué pasará cuando tenga que volverse en unos meses a la “normalidad”, a los IVA anteriores? Pues, evidentemente, que volverán a subir los PVP de los alimentos ahora rebajados y con ellos la previsiblemente también la inflación alimentaria.

El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, ya lo dijo cuando descartó en la presentación de su “acuerdo” con la distribución “medidas intervencionistas”, como la rebaja del IVA, argumentando que ésta era “ineficaz y costosa” para las arcas públicas. Ineficaz, porque no discriminaba entre consumidores y porque al volver a restablecerlo produciría inflación, y costosa porque suponía restar recursos por impuestos al Estado.

Incluso, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que también fue ministra de Finanzas en Francia, se mostró crítica con la rebaja del IVA de los alimentos en nuestro país, al afirmar que, aunque se trataba de una medida “efectiva y rápida, era también la herramienta más fácil. Pero que, a la vez, conllevaba dos problemas: como que beneficiaba a todos, sin importar si son ricos o pobres, y porque bajar ese impuesto implicará subirlo más adelante. Y eso provocaría de nuevo tensiones inflacionistas.”

Queda claro que estamos ante un problema que no tiene fácil solución y que medidas, que pueden ser o parecer beneficiosas a corto plazo, como la rebaja del IVA, pueden dejar de serlo a medio y largo plazo.

Probablemente, se trate de una cuestión más general y global, que afectan a las cadenas de valor alimentarias de España, de Europa y del resto del mundo, y que aún no hemos sabido acotar para poder actuar y obtener resultados. En ello habrá que seguir pensando, reflexionando y adoptando medidas en lo posible y antes de que pueda ser demasiado tarde.