Hasta la No-competitividad del sector hortofrutícola mediterráneo

Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez

De un tiempo a esta parte, el sector hortofrutícola comunitario y, más en concreto, el de los países de la ribera mediterránea se está viendo afectado o amenazado por una serie de hechos y circunstancias que le están restando competitividad en los mercados frente a las importaciones de países terceros.

Un claro ejemplo de ello es el malestar expresado hace escasos días, el pasado 31 de mayo, ante miembros del Parlamento Europeo por las organizaciones cooperativas de frutas y hortalizas de Francia, Italia y España, en línea también con las mismas quejas que viene expresando FEPEX, la patronal empresarial de productores y exportadores hortofrutícolas de nuestro país, principalmente ante el fuerte aumento de las importaciones de Marruecos al mercado comunitario y las que desde ahí y de otros países llegan a otro país europeo tercero, como es Reino Unido, con normativas probablemente más laxas en materia comercial y fitosanitaria.

Dos temas, que no los únicos, centran las críticas a la UE de las organizaciones cooperativas francesa (Fedelcoop), italiana (Alleanza delle Cooperative Italiane), y española (Cooperativas Agro-alimentarias de España): los residuos de envases y el uso sostenible de plaguicidas, con normativas actualmente en discusión y que de salir adelante más o menos tal y como plantea la Comisión Europea sería poner más trabas a la productividad y competitividad en los mercados del sector hortofrutícola comunitario.

El encuentro europarlamentario fue auspiciado por la eurodiputada francesa Iréne Tolleret, del grupo Renew Europe, quien en su intervención recalcó que “debemos escuchar la voz de los productores de frutas y hortalizas, que nos proporcionan alimentos sanos, (puesto) que reducir la producción en la UE significaría aumentar las importaciones de terceros países que cumplen normas medioambientales y sociales menos estrictas que las europeas. (Por eso) quiero subrayar la importancia de la soberanía alimentaria.”

Nadie en sus cabales puede estar hoy en contra de la sostenibilidad y de la salvaguarda y mejora del medio ambiente, pero la Comisión Europea no puede hacer de esto un ejercicio de “o estás conmigo, o estás contra mí”. El sector agrario, en general, y el hortofrutícola, en particular, ya están embarcados desde hace tiempo en buscar soluciones propias y alternativas viables para mitigar los efectos menos favorables de su actividad sobre el cambio climático y el medioambiente (producción integrada, control biológico, mayor eficiencia y gestión del uso del agua para regadío, gestión circular de los residuos, etc.) Y eso es algo que la sociedad en su conjunto debe reconocer, pero sobre todo deberían reconocerlo los burócratas de Bruselas.

Como apuntaba recientemente también la organización agraria Unión de Uniones para poner en entredicho las contradicciones en las que la propia CE cae habitualmente: “No vale decir que vamos a reducir el uso de pesticidas para combatir el cambio climático y, a la vez, importar alimentos que están a miles de kilómetros de distancia, que han usado esos mismos pesticidas (añado nota: cuyo uso la UE prohíbe o quiere prohibir, pero que en muchos casos se fabrican en Europa y luego se exportan a esos países terceros) y con dudosa legalidad laboral.”

Los representantes de las tres organizaciones cooperativas hortofrutícolas del arco mediterráneo ilustraron a los eurodiputados sobre los numerosos avances que el sector hortofrutícola europeo ya está adoptando en la reducción del uso de productos fitosanitarios de síntesis y en la optimización del uso de envases y su reutilización.

En este último aspecto, reiteraron con argumentos lo negativo que es para este sector la propuesta, derivada de la Estrategia “De la granja a la mesa”, sobre la nueva prohibición del uso de envases para confecciones de menos de 1,5 kilos, a la que calificaron de “arbitraria, desproporcionada y discriminatoria.”

Envasado fundamental

Con pruebas, basadas en su propia experiencia, los representantes de las cooperativas demostraron que el envasado sigue siendo fundamental para llevar al mercado productos perecederos, como son las frutas y hortalizas, cumpliendo las expectativas de los consumidores en términos de calidad, seguridad y precio.

Además, añadieron, el envase cumple una serie de funciones que van desde proteger el producto de posibles daños (deshidratación del producto, ataques microbiológicos…), hasta prolongar su vida útil, preservar la calidad y la seguridad alimentaria, así como ofrecer a los consumidores información correcta (trazabilidad) sobre el método de producción, el país o la región de origen, facilitar su transporte y su consumo, etcétera.

Para las entidades asociativas, la nueva normativa propuesta de envases y residuos de envases es contradictoria con otros objetivos que la propia CE considera estratégicos,  como son la reducción del desperdicio alimentario, el fomento del consumo de frutas y hortalizas como base de una dieta saludable y el impulso del valor y la diferenciación de estos alimentos en el mercado.

Ante todos estos argumentos, las tres organizaciones cooperativas reclaman una regulación común de la UE, que evite la proliferación de normas diferentes en cada Estado miembro, que  esté basada en fundamentos científicos, en lugar de en percepciones y que esté orientada a la concesión de incentivos a favor de la reducción, racionalización y mejor gestión de los envases (reutilizables o reciclables) o a la eliminación de cualquier envase superfluo, y no a una  prohibición drástica que castiga injustamente al sector hortofrutícola europeo.

Poco realista e inviable

Algo similar puede decirse de la propuesta de Bruselas para reducir a la mitad el uso de los productos fitosanitarios de aquí a 2030, calificada de “poco realista e  inviable a nivel económico”, porque no se basa en ningún dato científico, no tiene en cuenta los esfuerzos que se vienen realizando por parte de este sector desde hace años, ni tampoco los diversos estudios de impacto, que coinciden en predecir un descenso inevitable de la producción (en beneficio de las importaciones de frutas y hortalizas).

Insistieron en señalar al respecto, que el sector hortofrutícola comunitario “no parte de cero” en la racionalización del uso de fitosanitarios. Más bien al contrario, estos cultivos, en sus distintos sistemas, regiones, producciones y climas han alcanzado en la actualidad cotas de sostenibilidad sin parangón  en el resto del mundo, optimizando su aplicación y recurriendo, allí donde y cuando es posible, a métodos de tratamiento no convencionales.

Por todo ello, el trío cooperativo mediterráneo estima necesario que Europa abandone su estrategia “punitiva y burocrática” y apueste por salvaguardar una agricultura competitiva y la soberanía alimentaria de sus consumidores, evitando las importaciones de terceros países menos sostenibles.”  Menos sostenibles porque su transporte desde origen a destino es emisor de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera y porque sus normativas fitosanitarias y laborales son mucho más laxas que las europeas.

Como no podría ser de otra manera, los representantes de las cooperativas hortofrutícolas de Francia, Italia y España, comparten el objetivo de ir hacia una reducción en el uso de fitosanitarios de síntesis y de que queda aún camino por recorrer, pero ante los europarlamentarios se mostraron muy críticos, calificándolos de “arbitrarios e irreales”, con los plazos y los objetivos de la propuesta de Reglamento “SUR” (uso sostenible de fitosanitarios) de la Comisión Europea.

Además, llamaron la atención sobre ejemplos de cultivos hortofrutícolas que, en la actualidad y como consecuencia de la sucesiva desautorización de materias activas y de productos antes de que exista una alternativa viable, se encuentran en riesgo e indefensos ante los ataques de plagas muy agresivas que, con relativa frecuencia, se introducen en la UE a través de unas importaciones de terceros países insuficientemente controladas.

Las demandas cooperativas

Pero, ¿qué demandan las cooperativas europeas de frutas y hortalizas? En primer lugar, unos plazos más largos, que vayan más allá del horizonte 2030, dado que la introducción de métodos de producción no convencionales es una carrera de fondo, que debe ir adaptándose, además de la realización de estudios de impacto adecuados y completos, y la disponibilidad efectiva para este sector de herramientas alternativas basadas en la ciencia y la investigación, junto con nuevas tecnologías (edición genómica, uso de drones, variedades de semillas más resistentes, etc.).

En segundo lugar, piden a la Comisión que evite la entrada en la UE de cualquier producto hortofrutícola procedente de un país donde se permita usar fitosanitarios prohibidos en la UE y poner en práctica “el principio de reciprocidad” a través de un reglamento “ad hoc”.

A este respecto, criticaron la “doble vara de medir” de la UE, que “corre mucho para imponer condiciones y limitaciones a sus productores, pero tarda y no materializa ese principio de reciprocidad (cláusulas “espejo”), quedándose estos preceptos en meras declaraciones de intenciones.”

Especialmente duras fueron las críticas con la definición que la CE ha propuesto sobre las denominadas “zonas sensibles”, donde los tratamientos fitosanitarios quedarían prohibidos y la actividad agrícola dejaría de ser viable, en especial en amplias zonas de los países mediterráneos, principales productores de frutas y hortalizas.

También criticaron con dureza los límites máximos de residuos (LMR) de importación, que permiten la entrada de producto desde países terceros, que es tratado con materias prohibidas en la UE. Una disposición considerada “hipócrita” porque implica, primero, un engaño para el consumidor y, segundo, un ataque al sector hortofrutícola europeo, a quien se le sitúa en inferioridad de condiciones para competir.

El trío de cooperativas hortofrutícolas mediterráneas recordaron también a los europarlamentarios el difícil momento actual que atraviesa este sector y el conjunto del sector agrario, muy tensionado por los fenómenos meteorológicos adversos (heladas, sequía e inundaciones), por los desequilibrios comerciales y por el aumento de los costes de producción, debido a las distintas crisis geopolíticas o sanitarias que han afectado y vienen afectando en los últimos años a la UE, caso del Brexit, la pandemia de Covid o la guerra de Ucrania),  que merman la rentabilidad de los agricultores y de sus cooperativas.

El proceso de cambio, que exige la Comisión a este sector, debería además venir acompañado de un apoyo económico expreso por parte de los poderes públicos, ajeno a la PAC, suficientemente dotado para compensar, por una parte, las graves pérdidas de rendimientos por plagas e incidencias climáticas, o el incrementos de costes derivados. Y, por otra, para financiar los esfuerzos de I+D+i, sobre todo allí donde la industria privada no quiera involucrarse, como es el caso de determinados cultivos menores mediterráneos.

En conclusión: la Comisión Europea, dada la actual situación del sector hortofrutícola y de los mercados, “debería abstenerse de introducir políticas comunitarias excesivas, que acaben generando costes adicionales”, declaran las organizaciones cooperativas de Francia, Italia y España. Esto es lo que sucede cuando se quieren imponer medidas sesgadas a un sector determinado, en este caso el de producción y exportación de frutas y hortalizas europeo, sin contar para nada (o para casi nada) con el propio sector que se verá directamente afectado. Eso lo deberían saber y entender los burócratas de  Bruselas que, por un lado, ponen mucho interés para oír cantos de sirena, pero por otro, ni atienden, ni escuchan. Y ya se sabe que no hay peor sordo que el que no quiere ni oír, ni escuchar.