Redacción Qcom.es
El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha subrayado que la Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía elevará “a rango de ley” la internacionalización y la promoción de la producción agroalimentaria. Éstos, como ha expuesto en los XVIII Encuentros Empresariales Hacienda de Quinto promovidos por la Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía, Landaluz, son dos de los objetivos que se marca una futura norma que, para ello, ahondará en el refuerzo de los productos amparados por regímenes de calidad diferenciada, el desarrollo de marcas colectivas y de garantía, la potenciación de cadenas de distribución cortas o de mercados locales y la puesta en marcha de proyectos conjuntos de comercialización, promoción y distribución.
Sánchez Haro ha señalado, en este sentido, que la Ley de Agricultura y Ganadería es un instrumento “al servicio del sector y necesario” para afrontar desafíos como la mejora de la competitividad y el crecimiento sostenible, la igualdad entre mujeres y hombres, el relevo generacional, el aumento del empleo estable, la interlocución y la participación, la cooperación entre los operadores de la cadena agroalimentaria, la comercialización y la internacionalización. Todo, ha dicho, para afianzar el potencial de un tejido agrario andaluz que superó el pasado año los 12.800 millones de euros de valor de producción, con una agroindustria que lidera el ranking nacional con más de 7.000 empresas y que ocupa la segunda posición en generación de valor añadido, tan sólo por detrás de Cataluña.
“Somos referentes mundiales en calidad, competitividad y seguridad alimentaria”, como lo certifica, según ha apostillado el consejero, el crecimiento, durante ocho años consecutivos, de las exportaciones agroalimentarias de la región hasta alcanzar en 2017 una facturación de cerca de 11.000 millones de euros. “Vendimos alimentos y bebidas al exterior por casi 21.000 euros cada minuto”, ha afirmado el responsable autonómico. Esto se ha dado también, ha continuado, en el marco de una distribución dinámica e innovadora que conforma el mayor censo nacional del sector con más de 4.400 establecimientos y la mayor superficie comercial, por encima del 18%.
Rodrigo Sánchez ha destacado, además, que la Ley incidirá en unas relaciones justas en toda la cadena de valor. Con este fin, bajo sus palabras, se apuesta “de un modo decidido” por la transparencia en los acuerdos comerciales a través del Foro de la Cadena Agroalimentaria, el impulso del Observatorio de Precios o los sistemas de autorregulación mediante contratos tipo o el arbitraje. También, en busca de un mayor equilibrio entre todos los eslabones, se aumentará el control sobre los alimentos con precios anormalmente bajos (para comprobar que no suponen un fraude de calidad) y se establecerá la corresponsabilidad de aquellos operadores que no denuncien estos productos sospechosos.
A su juicio, no se trata sólo de evitar prácticas desleales, sino también de proteger los intereses de los consumidores y la sociedad, un punto en el que el consejero ha anotado la novedad de unas sanciones con un marcado carácter disuasorio, ya que pueden llegar a ser mayores que el beneficio ilícito obtenido. Asimismo, en los casos más graves, se podrá hacer pública la empresa sancionada y el producto. Junto a todo ello, el texto normativo impulsará la recuperación y gestión de los excedentes alimentarios, “dando prioridad al consumo humano con fines solidarios que ya realizan muchas empresas en el marco del compromiso social, ético y ambiental”.
