Balance de una legislatura

En febrero de 2012, una vez  cerrado el equipo de gobierno, el ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete presentaba un paquete de 66 medidas que suponían el programa completo para su departamento en la actual legislatura, programa que asumió en su totalidad desde abril de 2015 la actual ministra Isabel García Tejerina. De ese paquete, un total de 30 medidas estaban relacionadas directamente con la actividad y el sector agrario, a las que se sumaban otras referidas al medio ambiente y al cambio climático. Hoy, casi cuatro años más tarde, es hora de balances de una legislatura que, salvo las movilizaciones de los últimos meses en el sector de la leche de vaca, no ha estado marcada por la conflictividad en el campo.

Si nos atuviéramos solamente al comportamiento de las rentas agrarias, se podría decir simplemente que el sector agrario se ha quedado como estaba. Partía de un volumen de renta de 22.193 millones de euros en 2012 y ha cerrado 2015 con una cifra de 22.170 millones de euros, lo que supone pérdidas de renta si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, lejos de los más de 26.000 millones de 2003 o de 2007. En términos de activos, tomando como referencia las Unidades de Trabajo Año, la renta habría subido de 25.000 a 27.616 euros, toda vez que el número de UTAS cayó de 890.000 a solo 802.000.

El paquete de esas 30 medidas abordaba prácticamente toda la problemática del sector. Planteaba el impulso al asociacionismo en el sector agrario como vehículo para mejorar su capacidad competitiva y lograr una mayor rentabilidad. Abordaba la mejora de estructuras con un redimensionamiento de las explotaciones, la aplicación de un nuevo Plan Nacional de Regadíos y la incorporación de los jóvenes. Contemplaba el impulso a la I+D, fundamentalmente en base a los fondos disponibles de parte de las autoridades comunitarias.

El seguro agrario se mantenía como un punto irrenunciable ampliando su oferta a la puesta en marcha de una Estrategia Nacional para la prevención, gestión de crisis y riesgos en la Agricultura. Se mantenían los programas en materia de sanidad animal y vegetal y, con la mirada puesta en el medio rural, la propuesta era ambiciosa con medidas como una Estrategia para la diversificación económica en ese medio,  los programas de desarrollo rural sostenible o el Plan Estratégico Forestal. Puntos claves en ese programa eran la vertebración de la cadena alimentaria y las negociaciones y aplicación de la reforma de la Política Agrícola Común y la simplificación de la burocracia en la PAC y en las gestiones de la política nacional. Todo ello, desde una oferta de diálogo permanente vía un mayor contacto directo con los representantes del sector y a través de la Conferencia Consultiva. El programa contemplaba finalmente la celebración de elecciones para determinar la representatividad del sector.  

Hasta ahí, de forma resumida, las más de 30 medidas para el sector agrario a las que se  suman otras referidas a la ordenación y planes de cuencas hidrográficas por su repercusión sobre las políticas de riegos.

En la práctica, de entrada, un dato positivo fue la decisión, tanto de Miguel Arias Cañete como de Isabel García Tejerina, de dar estabilidad al equipo con algunas personas nuevas, pero sobre todo manteniendo a técnicos en altos cargos que, en algunos casos, venían de la etapa socialista.

En cumplimiento del programa se halla la Ley de Entidades Asociativas Prioritarias para tratar  de potenciar el asociacionismo agrario, aunque sus efectos nunca son a plazo inmediato. En la misma línea se han tratado de potenciar las organizaciones interprofesionales.

En materia de estructuras, no se vio por ninguna parte la política para el redimensionamiento de las explotaciones. Agricultura se echó para atrás por temor a la polémica en su proyecto de Ley de Arrendamientos Rústicos que limitaba los plazos de cinco a tres años. Agricultura se ha quedado también en la mano con el Plan Horizonte 2020 para seguir la política de mejora en la estructura de los regadíos, oficialmente justificado por los fondos comprometidos ya en la legislatura anterior, por lo que prácticamente no hubo actuaciones en los dos primeros años de mandato.

En un periodo de ajuste de recursos, el seguro agrario fue una de las partidas que tuvo escasos recortes en sus recursos para experimentar finalmente ligeras subidas, lo que solo supuso mantener a duras penas el volumen de actividad y de las pólizas, pero no avanzar en su desarrollo.

Ha existido mucho desierto en la política hacia el medio, donde no se ha pasado de los programas sobre el papel, hubo un Plan de Reactivación Forestal cuyos resultados no han sido visibles, y no salió del cajón otro Plan parar diversificar la economía en el medio rural.

Una de las estrellas de la legislatura y donde los responsables de Agricultura han hecho los mayores avances ha sido en el impulso dado para clarificar la Cadena Alimentaria en base a una Ley y todo su desarrollo con la constitución de la Agencia de Control y el Observatorio de los precios, con la obligatoriedad de los contratos y los periodos de pago como estrellas.

Se trata de una política positiva que se debe potenciar y que, a la vez, ha puesto en evidencia sus carencias al no tener Agricultura competencias para el control y la sanción de las ventas a pérdidas, que son uno de los agujeros del sector agrario. Agricultura puso igualmente su empeño en comprometer a industrias y a la gran distribución para apoyar al sector agrario en sectores como leche y aceite de oliva con acuerdos voluntarios cuyos resultados no han sido los que esperaba el sector y la propia Administración. La Ley de Defensa de la Calidad Alimentaria para unificar mercados ha sido otro dato positivo.

La negociación y aplicación de la PAC ha sido otro de los puntos estrella de la legislatura pasada por su importancia para el sector, así como por el tiempo dedicado a la misma, y podía serlo también de la nueva. Globalmente, por las condiciones en las que se ha movido la economía en ese periodo en el marco comunitario, todas las previsiones eran catastrofistas en lo que se refiere a los fondos. España logró en números redondos que se mantuvieran en moneda corriente los mismos niveles de ayudas que en el periodo pasado para asegurar hasta 2020 35.000 millones en pagos directos, otros 8.000 para desarrollo rural y se estima oficialmente otros 3.000 para medidas de regulación de los mercados. Eso en lo referido al acuerdo sobre la reforma. Un dato positivo. Si nos referimos a su aplicación, ya es otro cantar en cuanto, a pesar de aplicar unos nuevos mecanismos con el pago base, se apostó en exceso por una línea de estabilidad, con lo que, quienes en el pasado fueron los grandes beneficiados, lo han seguido siendo, mientras los que estaban perjudicados siguen en la misma situación.

En este punto, desde el sector se critica fundamentalmente a Agricultura, pero se deja a un lado que, a la hora de los repartos, fueron también las Comunidades Autónomas de todo signo las que ninguna quería renunciar a un euro en beneficio de otra.

En política exterior, Agricultura, a pesar de la fuerza dominante de los técnicos comerciales del ICEX para retener todas sus competencias, se dio un paso adelante para mejorar la política de exportaciones agroalimentarias para abrir y consolidar mercados.

Y la legislatura se acabó sin la celebración de unas elecciones en el campo que impulsaba Miguel Arias Cañete y que Isabel García Tejerina descartó para no distraer la atención sobre los problemas del sector, manteniendo a la Unión de Uniones como la cuarta sigla invisible oficialmente.

En conjunto, se puede hablar de una legislatura en política agraria positiva, con sus problemas y cuestiones pendientes, que no ha supuesto un retroceso, tampoco se ha quedado como una estatua y que ha dado pasos hacia adelante en una dirección de futuro que de continuar, esté quien esté, en el gobierno.