Antonio de Mora. Secretario general de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa (Asemesa)
Se suele comentar, cuando te dan alguna noticia triste, que no por esperada es menos dolorosa, y en este caso podemos decir algo parecido. No por esperados, los nuevos aranceles que EE. UU. acaba de imponer a la importación de aceituna negra de España son menos graves o menos preocupantes. Todo lo contrario. Como nos temíamos, al igual que sucedió con las medidas preliminares a final de mes de noviembre mediante las cuales el Departamento de Comercio de EE. UU. impuso un arancel medio a la mayoría de las empresas exportadoras españolas del 4,47% mientras que a las tres empresas seleccionadas en la investigación antisubvención les imponía uno específico a cada una, ahora impone otro arancel medio del 17,13% y los específicos a las tres empresas como medida preliminar en la investigación antidumping.
Las conclusiones, tras estas medidas preliminares son claras. EE. UU. considera que las ayudas que recibe el sector, en su gran mayoría el agricultor dentro de la Política Agrícola Comunitaria, son ilegales o incompatibles con las normas de la Organización Mundial del Comercio ya que, en su opinión, esas ayudas hacen que la industria exportadora pueda vender a un precio por debajo del precio normal de mercado, es decir, haciendo dumping. Así, como los primeros aranceles son consecuencia de la investigación sobre las subvenciones, los segundos tienen que ver con la investigación sobre el dumping y conviene aclarar que en este caso no se trata de vender por debajo del coste de producción, sino de hacerlo a un precio inferior al que se vende en tu propio país el mismo producto.
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Hay que llamar la atención sobre el método que utiliza EE. UU. para determinar la existencia de dumping, que es arbitrario e injusto, por lo que ha sido declarado incompatible con las normas de la Organización Mundial del Comercio. El Departamento de Comercio hace su cálculo solamente utilizando los pocos casos que encuentra en los que se ha producido una venta en España a un precio mayor que en EE. UU., algo que se puede dar por muchas circunstancias y que no supone ninguna mala práctica por parte de una empresa, y no tiene en cuenta la inmensa mayoría de las ventas de la empresa que se producen a un precio inferior al de EE. UU. De esta manera arbitraria e injusta, siempre encuentra dumping. No hacen promedios, escogen las operaciones que les interesa. Es un claro ejemplo de la forma y prácticas que está utilizando EE. UU. y que nos han puesto en una clara situación de indefensión.
Con estos nuevos aranceles, que sumados a los anteriores suponen un arancel medio del 21,60%, se hace inviable la mayoría de la exportación de aceituna negra a EE. UU., mercado que queda reservado para la industria californiana pero que, indirectamente, propiciará el crecimiento de las exportaciones de otros países como Turquía, Egipto, Marruecos o Portugal, países a los que no se les aplican las medidas.
Pero al margen del efecto directo sobre la aceituna de mesa, es necesario insistir en las posibles consecuencias para los demás sectores agrícolas y agroalimentarios de Europa. Da la impresión de que, o no lo quieren ver, o no se lo creen, pero lo que debería ser un clamor no pasa de ser alguna declaración suelta de algunos dirigentes agrarios o alguna carta a la Comisión que no tiene luego continuidad. Todos, no sólo los cargos de las administraciones, sino también las organizaciones agrarias, reconocen que está en juego el modelo de producción y de ayudas de la UE, la propia Política Agrícola Comunitaria, pero como ha venido sucediendo en estos seis meses desde que se abrieron las investigaciones, todo esto lo están defendiendo las empresas miembros de Asemesa, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, asumiendo el coste económico de la defensa. No hace falta decir que las administraciones competentes de dar las ayudas también lo están haciendo, faltaría más.
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Todavía queda mucho por hacer. Lo próximo, las visitas de verificación que van a llevar a cabo en España funcionarios de Comercio de EE. UU. para comprobar que toda la información que tanto la administración como las empresas les han facilitado es correcta. Si encuentran errores o diferencias, nos podrían imponer aranceles mucho más altos que los actuales, aunque ya con estos poco podemos hacer.
Y luego vendrán otras fases de las investigaciones hasta el mes de junio o julio, que es cuando otro organismo de EE. UU., la Comisión Internacional de Comercio (ITC), cerrará todo el procedimiento, decidiendo si las exportaciones de España causan realmente daño, o amenaza de tal, al sector californiano.
Si determinan que no, los aranceles impuestos serían eliminados. Si, en cambio, determinan que sí, se impondrán por cinco años, prorrogables por otros cinco. La pregunta es la siguiente: ¿la UE va a esperar a ese momento? ¿No considera suficientemente grave ya los aranceles impuestos? ¿No suponen ya estos aranceles un ataque contra todos los sectores agrícolas de la UE? Si las ayudas a los agricultores de aceituna de mesa de la UE son ilegales, lo son todas, las que reciben todos los sectores. Esto, desgraciadamente, no terminan de creérselo muchos.
