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'Defendemos que los pagos directos vayan a los agricultores activos'

  • “La aplicación de la PAC será un acuerdo de la Conferencia Sectorial”
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Carlos Cabanas, secretario general de Agricultura y Alimentación, hombre de confianza de la ministra Isabel García Tejerina analiza el conjunto de la política del departamento en un momento clave marcado por la sequía y los interrogantes de la reforma de la PAC.

El número dos de Agricultura cree que el sector agrario, en general, va bien si se tienen cuenta la evolución de la renta y otros datos como la compra de maquinaria; defiende una PAC fuerte con los recursos suficientes, no cofinanciada, con unos pagos directos enfocados básicamente a los agricultores que desarrollan la actividad agraria; considera, no obstante, que la aplicación de la reforma debe ser un asunto que pasa por los acuerdos que se adopten, como en el pasado, en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas; asegura que el proceso de convergencia de ayudas de los últimos años ha sido el correcto al no haber distorsionado los modelos de producción; defiende la urgencia de un pacto del agua solidario, consensuado e integrador entre todas los intereses; en este momento no cree posible introducir la venta a pérdidas en la actual ley de la cadena y considera que se debe esperar a conocer el contenido de la futura propuesta comunitaria sobre el asunto; afirma que la incorporación de jóvenes a la actividad agraria es una prioridad del departamento, pero advierte que también se deben tener en cuenta otros factores como el nivel de servicios que ofrece el mundo rural.

Pregunta.- La renta agraria subió en 2017 un 2,6% según las estimaciones oficiales; en el campo no están las movilizaciones de protesta de antaño… ¿De verdad que el sector agrario va tan bien?

Respuesta.- Es verdad que los indicadores reflejan una evolución positiva en estos últimos años. Desde 2012 la renta agraria se ha incrementado un 28% hasta alcanzar un valor de 27.831 millones de euros en la segunda estimación de 2017, mientras las exportaciones han aumentado un 60% situándose por primera vez en la historia por encima de los 50.000 millones de euros con un saldo positivo de más de 12.000 millones. El sector agroalimentario ha pasado de representar el 8% del PIB a suponer el 10%. En términos de ocupación ha registrado el crecimiento más importante de la economía española y España es el cuarto país comunitario con mayor producción en la rama agraria. Se trata de un sector con un comportamiento competitivo y equilibrado para hacer frente a los retos económicos, tecnológicos y medioambientales. Analizando sector por sector es evidente que a unos les va mejor que a otros y que problemas como la última sequía pueden condicionar su evolución.

Cultivo

P.- En el sector hay dudas sobre los datos oficiales por las importantes variaciones que se hacen sobre la renta entre una y otra estimación y concretamente en la última donde los gastos en medios de producción pasaron de bajar un 1,3% a subir el 1,6%.

R.- La primera estimación se hace sobre datos provisionales al mes de octubre y en consecuencia falta por conocer la evolución de los mismos hasta finales de año. De todas formas hay otros datos que apoyan la existencia de una mejora de la situación en el campo como el fuerte incremento de la compra de maquinaria, las exportaciones, etc.

P.- Las subvenciones, fundamentalmente por los pagos directos comunitarios de la PAC, suponen una parte clave en la renta agraria. ¿Cree que la actual distribución de los fondos es la más justa?

R.- En 2017, el porcentaje de las ayudas en la renta agraria era del 23,2%, cuando en 2009 suponían el 31%. El hecho de que haya ido decreciendo es una buena señal y significa que la renta agraria ha crecido un 25% en los últimos cinco años, lo cual no quita para reconocer el indispensable papel que tienen los fondos de la PAC en la renta de los agricultores. Con las ayudas desacopladas, no cabe hablar de un sector u otro. Sin embargo, disponemos de indicadores que nos ponen de manifiesto que su presencia en las rentas es más alta en sectores como cereales o ganadería extensiva y muy escasa en otros como porcino u horticultura. Ello no significa una distribución injusta, sino necesidades diferentes de apoyo a las rentas, lo cual tampoco quita para avanzar en una mejor distribución de los fondos cuando sea necesario.

P.- ¿Y cómo sería ese avance?

R.- Habrá que estudiarlo en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y en el Consejo Asesor Agrario con las organizaciones agrarias.

P.- ¿Cree ha sido lo adecuado dejar prácticamente como estaba la distribución de los fondos y que una serie de zonas o de cultivos sigan percibiendo el grueso de los recursos?

R.- Creo que la política de convergencia aplicada ha sido la adecuada ya que la misma no ha generado distorsiones en los modelos productivos ni se han producido abandonos en la producción. Ha supuesto una redistribución razonable de las ayudas, controlada y combinada con nuestro modelo de regionalización y que ha conseguido respetar los diferentes modelos productivos que tenemos en la agricultura española.

P.- La comunicación de la Comisión sobre orientaciones de cara a la nueva reforma habla de un mayor peso en el reparto de las pequeñas y medianas explotaciones. ¿Cómo se puede aplicar esa sugerencia?

R.- Estamos en una fase muy temprana y debemos manejar todos los instrumentos en su conjunto para saber cómo actuar. De todas formas, nuestros principios, en todo caso, son claros: defendemos una PAC ambiciosa con un presupuesto suficiente. Compartimos la necesidad de enfocar las ayudas a las explotaciones con actividad, para lo cual habrá que seguir trabajando con la Comisión y, desde la flexibilidad, elegir los enfoques que mejor respondan a nuestra estructura productiva.

P.- ¿Qué posición tiene Agricultura sobre el ‘capping’ para cobros superiores a los 150.000 euros?

R.- Hay que estudiar todas las posibilidades sobre la aplicación del ‘capping’ y después de escuchar a las organizaciones agrarias será la Conferencia Sectorial la que decida sobre el modelo de aplicación en España.

P.- ¿Quién debe cobrar las ayudas de la PAC?

R.- En Agricultura hemos tenido siempre muy claro que las ayudas deben ir siempre ligadas a la actividad agraria, para quien desarrolle una actividad en el sector, sea grande o pequeña. El acuerdo sobre el Reglamento Ómnibus da una mayor libertad para que cada país determine qué requisitos se deben incluir en la definición de agricultor activo, flexibilizar las exigencias respecto a la llamada lista negra de beneficiarios e incluso eliminarla. En el Ministerio, tras consultar con el sector y con las comunidades autónomas, optamos por mantener invariable la figura del agricultor activo y mantener también las exigencias en relación con la lista negra orientando las ayudas para los agricultores y ganaderos con una actividad agraria real en una decidida apuesta por una agricultura más profesionalizada y moderna.

UE

La definición de agricultor activo negociada en su día con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, la llamada regla del 80-20, entendemos que ha sido positiva como un sistema para verificar que el perceptor de las ayudas ha tenido unos ingresos más allá de las ayudas, dejando fuera a quienes no estaban desarrollando una actividad agraria efectiva. Y, una prueba de ello es que en 2018 hay un 19%menos de perceptores de fondos, que no de agricultores.

En todo caso, cuestiones como el ‘capping’, la definición de agricultor activo y en conjunto, la aplicación de la futura reforma de la PAC en España deberá ser objeto de un acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial entre Agricultura y las comunidades autónomas.

P.- ¿Y qué papel les deja a las organizaciones agrarias?

R.- Las organizaciones agrarias, como en la última reforma, serán consultadas para definir la posición de España que finalmente deberá adoptarse en la Conferencia Sectorial.

P.- Bruselas se plantea dejar más competencias en los Estados miembros para la ejecución de la PAC. ¿Puede ser un riesgo para que haya 28 políticas agrarias en la UE? ¿En España habría más competencias en manos de las comunidades autónomas?

R.- España es un país firme defensor de la PAC porque es la base de la construcción europea, es la política que da vida al medio rural y que sostiene además una actividad clave como es la alimentación. En la reforma hemos marcado una línea roja: nos oponemos radicalmente a su cofinanciación y lucharemos para que en el futuro marco financiero se siga dotando de un presupuesto suficiente. Las competencias en materia agraria están ya definidas.

(La entrevista continúa en una segunda parte)

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