Ricardo Migueláñez. @Rmiguelanez
No es un secreto o, dicho de otra forma, es un “secreto a voces” la diferente concepción que tienen la Unión Europea y Estados Unidos en su política de cómo la agricultura puede contribuir a la lucha contra el cambio climático, sin que por ello se vea afectada la producción de alimentos y, en suma, la seguridad alimentaria no solo de sus habitantes, obviamente, sino también del resto del mundo.
Mientras que en la UE, los agricultores y ganaderos se están viendo y se verán sometidos a una pléyade de exigentes normas medioambientales, en el marco de la Estrategia “De la granja a la mesa” del Pacto Verde Europeo, que podrían frenar los rendimientos de sus producciones en el futuro más inmediato, Estados Unidos están dando prioridad a incrementar las ayudas, a través de ingentes inversiones en I+D, en biotecnología y técnicas para mejorar la capacidad de resistencia de los cultivos ante los efectos adversos del cambio climático, sin que sus agricultores y ganaderos estén sometidos a normas específicas y sin que por ello estén desinteresados en producir alimentos cada vez más sostenibles, que utilizan menos insumos y menos recursos, pero sin merma de sus rendimientos.
Esto lo expuso en su reciente visita a Madrid en misión comercial Clay Hamilton, Administrador adjunto del Servicio Exterior del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). En un encuentro con periodistas dijo que, a grandes rasgos, están de acuerdo con la UE en los objetivos contra el cambio climático y a favor de una agricultura cada vez más sostenible, minimizando cada vez más el uso de pesticidas y químicos, pero no en la manera de lograrlos. Y, en este sentido, añadió, están comprometidos en trabajar más en ayudar a los agricultores a adaptarse al cambio climático, de forma que les sea factible y les resulte rentable.
En la UE, por el contrario, contamos con una teoría distinta, al menos sobre el papel. Se marcan unos objetivos para contrarrestar el cambio climático y para llegar a los mismos se proponen (por no decir, imponen) unas normas muy estrictas desde el punto de vista medioambiental y de bienestar de los animales, pero ni se consulta a los realmente afectados (agricultores y ganaderos), ni se tiene en cuenta su opinión, ni se les ayuda a lograr tales objetivos más allá de lo que ya vienen percibiendo a través de la PAC. No más fondos de apoyo, pero sí más exigencias de tipo medioambiental, muchas de las cuales afectarán a la productividad y, al final, contribuirán a una menor seguridad en el autobastecimiento de alimentos y, por el contrario, a una mayor dependencia de las producciones de países terceros.
Es, por ejemplo, lo que está pasando en esta campaña con los cereales en la UE. Un fuerte incremento de los costes de producción y una sequía primaveral en muchos de los países productores está llevando a que las importaciones comunitarias de maíz, sobre todo, y de trigo de abastecedores terceros se estén incrementando de forma considerable, siendo España uno de los países más afectados. ¿Es ese aumento de la dependencia alimentaria lo que busca la UE con sus políticas medioambientales, en muchos aspectos irracionales, como la que propone para reducir drásticamente el uso de fertilizantes y fitosanitarios, sin contar previamente con alternativas viables que no afecten a la productividad de los cultivos?
Hamilton recalcó que, por supuesto, los países tienen derecho a decidir sus estándares de producción, pero les animó a que lo hagan basándose en la ciencia. “Miramos con mucha atención lo que ocurre en Europa. Vemos que algunas de las regulaciones preocupan a los agricultores, porque no están seguros de que puedan cumplir y responder las condiciones que se les exige y, además, no harán más contra el cambio climático si no les resulta rentable.”
Recordó también (más bien lo dejó caer) que ciertas regulaciones dificultan la capacidad de otros países para comerciar y desarrollarse, quizás en referencia a algunas normas comunitarias (de tipo medioambiental o climática) que van a suponer un impedimento claro al libre comercio, cuando garantizar el acceso a los mercados es muy importante.
El responsable del USDA defendió, por último, los beneficios ambientales que puede aportar la biotecnología, entre ellos la mejora de la calidad del agua y del suelo, la tolerancia de las plantas a la sequía, un uso más sostenible de fertilizantes o la captura eficiente de carbono.
Seguridad alimentaria
Por su parte, en un estudio presentado por la Comisión Europea el pasado 8 de diciembre en la Conferencia anual sobre Perspectivas Agrícolas, se señaló que, aunque la seguridad alimentaria no está directamente amenazada por la crisis, sigue siendo un problema importante, en especial a la luz de los objetivos establecidos en las Estrategias “De la granja a la mesa” y de “Biodiversidad” en el Pacto Verde Europeo.
Aunque en el mismo se reconoce que las crisis sucesivas (Covid-19, guerra en Ucrania y cambio climático) podrían haber debilitado la seguridad alimentaria en la UE, a la vez la Comisión cree que el “Green Deal” y las estrategias son la mejor política para garantizar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos y resilientes, incluso considerando que las perturbaciones “repentinas” en la producción agrícola y en el suministro de alimentos pueden ser debidas a factores como los conflictos, las catástrofes naturales, las subidas de los precios de la energía o los fertilizantes, así como a cambios en las políticas comerciales (restricción de las exportaciones).
Como no podría ser de otro modo, la CE considera que, a largo plazo, la inversión en I+D, pero también la evolución de diversos factores biofísicos y medioambientales (cambio climático, contaminación ambiental, salud del suelo, biodiversidad), así como la disponibilidad y calidad de las tierras juegan un papel clave en determinar la capacidad de producir alimentos.
El estudio concluye que, dependiendo de cómo se combinen y de cuál sea la tendencia de todos estos factores, el acceso, la disponibilidad y el uso de alimentos en la UE no pueden darse por sentados ni a corto, ni a largo o plazo, pues algunos de ellos pueden convertirse en riesgos para la seguridad alimentaria e influir en una mayor o menor vulnerabilidad en la producción de alimentos.
Para lo cual, se recalca, la CE ve necesario adoptar “un enfoque sistemático que sea capaz de abarcar esta complejidad, con una amplia gama de acciones en ámbitos políticos como la agricultura, el comercio, el clima, el medio ambiente y la energía.” El problema está, quizás, en cuando ese enfoque se proyecta de manera desequilibrada, con unas políticas prioritarias y acciones que van en detrimento de otras.
Plataforma de colaboración
Ambos bloques tienen visiones distintas de cómo abordar la lucha contra el cambio climático en agricultura, pero no se han dado la espalda. Ya, en noviembre de 2021, la UE y Estados Unidos crearon la Plataforma de Colaboración (CPA) entre ambas Administraciones en este ámbito, cuyo objetivo es reforzar el diálogo y mejorar la cooperación en asuntos agrícolas para un mayor intercambio de conocimientos e información que lleven a la comprensión mutua.
A lo largo de 2022 se abordaron tres áreas de colaboración: sostenibilidad y agricultura; clima y agricultura, e intercambios agroalimentarios, con una serie de actividades, talleres online, seminarios web y eventos, en donde funcionarios del USDA y de la CE intercambiaron puntos de vista sobre la agricultura sostenible, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en ganadería, sobre seguridad alimentaria, salud del suelo, etc., así como sobre las perspectivas políticas en el contexto del CPA.
Presión reglamentaria
Aunque todavía en ciernes, ya se están observando ciertos cambios (algunos ya ven las orejas al lobo) en alguna de las propuestas que salen de los propios ministros de Agricultura para tratar de encontrar un mayor equilibrio entre las ambiciones medioambientales y climáticas que la UE se plantea y la seguridad de la producción y el autobastecimiento de alimentos.
Incluso el propio comisario de Agricultura, Januzs Wojciechowski, considera que existen riesgos reales de que un exceso de presión de la reglamentación medioambiental y climática pueda afectar negativamente a la producción y a los rendimientos, al relevo generacional en el campo, a la disponibilidad de tierras para su cultivo o aprovechamiento ganadero.
En el último Consejo de Ministros de Agricultura una nota presentada por la delegación griega, apoyada por muchos Estados miembros, reclamaba a la CE una respuesta proactiva, ambiciosa, estratégica y coordinada que refuerce la resiliencia del sector agrario y la competitividad de los agricultores, al tiempo que preserva la integridad del mercado único. Y el comisario afirmó también que se necesitarán más fondos y un incremento del presupuesto de la PAC en la revisión del Marco Financiero Plurianual 2021-27, que se abordará este año, con uno de antelación, para reforzar principalmente los instrumentos de gestión y dar respuestas a las crisis, que se han convertido en permanentes en los últimos años.
Otra iniciativa a considerar: una veintena de ministros de Agricultura de la UE, entre ellos España, que se unió a la misma posteriormente, pidieron por carta el pasado 27 de enero, a instancias de la delegación austriaca, más implicación en la toma de decisiones en el Consejo de la UE. Demandaron tener derecho a supervisar las propuestas legislativas de la Comisión Europea que afectan y tienen un impacto en el sector agrario (salud de los suelos, tierras agrarias y bosques) para buscar equilibrios y conciliar posturas entre los objetivos de protección del medioambiente y los imperativos de seguridad alimentaria, garantizando la coherencia de la PAC en este ámbito. Y no que se les limite a ser informados sobre las mismas.
