El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha mantenido una reunión con los representantes del sector cinegético de esa comunidad -Aproca, Federación de Caza y Atica- para tratar los dos principales asuntos que ocupan la agenda de dichas instituciones: la modificación de la Ley de Caza y la postura del Gobierno regional en lo relativo a su no adhesión a la Licencia Única Interautonómica.
En cuanto a la Ley de Caza, cuyo primer borrador está previsto que se publique en febrero, el consejero incidió en su intención de ponerla en marcha en la próxima temporada cinegética. Paralelamente existe un grupo de trabajo que ya se encuentra manos a la obra. Desde el sector valoran “de forma muy positiva” la “clara defensa de la actividad cinegética de la región” que ha asumido la gestión de Martínez Arroyo. “Hemos mostrado nuestra disposición a colaborar en el desarrollo de esta ley, pero también hemos sido inflexibles en cuanto a que la caza no puede ceder al chantaje que desde los sectores más radicales del sector ecologista se ha venido realizando en los últimos dos años y donde la imagen de la caza en nuestra región ha sido claramente perjudicada indicando falsedades acerca de lo que esta ley contemplaba”, apuntó a este periódico el presidente de Aproca, Luis Fernando Villanueva.
El consejero de Agricultura defendió, además, la posición del Gobierno regional para la no adhesión a la Licencia Única Interautonómica, “puesto que no se repercuten los ingresos vía tasas en la Comunidad Autónoma y Castilla-La Mancha perdería tres millones de euros al año de las licencias de cazadores procedentes de otras regiones”. Las organizaciones cinegéticas entienden la postura transmitida por Martínez Arroyo (“la negociación, en su día, seguramente se tendría que haber hecho de otra forma, con una caja única y que hubiera un reparto a aquellas regiones que perderían estas cantidades”, indican), pero mantienen la opinión de que la comunidad debe facilitar una licencia que supondría, de igual manera, importantes ingresos económicos por parte del turismo cinegético, “por ser Castilla-La Mancha una región importadora de cazadores”.
Aproca, Federación de Caza y Atica han pedido al consejero que valore el impulso que supondrían para las arcas regionales los 70 euros por cazador que instauraría la Interautonómica. “Este hecho” insisten, “unido a la economía que el cazador de fuera generaría en nuestros pueblos, es razón más que suficiente para que Castilla-La Macha participe antes o después en este proceso, que con las elecciones generales se quedará paralizado al menos hasta el próximo año”.
