La ganadería española de leche lleva décadas sumida en una continua reestructuración. Hoy día hay en España unas 20.000 explotaciones dedicadas principalmente a la producción de leche, cuando hace un cuarto de siglo eran unas 90.000. A la desaparición de estas 70.000 explotaciones aún tendríamos que añadir unas 125.000 más que, sin haber sido esta su actividad principal, sí tenían algunas vacas lecheras como actividad complementaria y hoy ya no las tienen, o directamente han desaparecido. En un momento de tensión social dentro del sector, estos datos son habitualmente esgrimidos como ilustración de que algo va terriblemente mal. Pero la caída en el número de explotaciones no es el problema y, quién sabe, quizá pueda formar parte de la solución.
Que esté produciéndose esta acelerada desaparición de explotaciones es básicamente resultado de dos fuerzas. La primera es el cambio técnico en la ganadería, que permite que un número cada vez menor de explotaciones pueda sostener sin problemas el nivel productivo del país. La segunda es que en las últimas décadas ha quedado atrás un modelo de consumo lácteo muy expansivo, liderado por la masificación del consumo de leche líquida entre aproximadamente 1960 y 1980, y su lugar ha sido ocupado por un modelo de consumo casi estancado, en el que el dinamismo de los quesos y los postres refrigerados a duras penas compensa la rápida caída en el consumo de leche líquida. Estos dos factores unidos crean un exceso de capacidad en el sector y una enorme presión para su reestructuración a la baja. Es cierto que esta presión ha sido intensificada por los abusos de poder de mercado de las industrias y los supermercados (adoptando comportamientos colusivos las primeras, vendiendo por debajo de coste los segundos). Pero no nos engañemos: incluso aunque los poderes públicos acabaran con los abusos de poder, el cambio técnico y la atonía de la demanda continuarían ejerciendo una fortísima presión para la reducción del número de explotaciones.
La tarea de las Administraciones Públicas no debe ser, en mi opinión, combatir estas fuerzas. Ni siquiera está claro que reactivar la demanda mediante una mayor promoción pública de los productos lácteos (como en ocasiones reivindican las organizaciones ganaderas y tímidamente intentan sus interlocutores políticos) sea apropiado en una época histórica marcada por la saciedad alimentaria, los problemas de salud ligados al exceso y el lastre cultural del consumismo. En realidad, la cadena láctea, y el sistema alimentario en su conjunto, ofrecen un campo de pruebas para un proyecto social alternativo que en los últimos tiempos viene tomando forma bajo la etiqueta del “decrecimiento”. ¿Podemos transitar hacia un sistema económico cuya prioridad no sea el crecimiento, sino el florecimiento humano y la sostenibilidad ambiental? No hay mejor sitio para explorar esta pregunta que aquellos sectores que, como el lácteo, han llegado a una fase histórica de demanda poco expansiva tras haber logrado satisfacer necesidades básicas en una fase previa.
La política láctea europea y española debería encaminarse hacia el diseño de una senda de “decrecimiento digno”: un conjunto de medidas que dignifiquen la transición hacia una ganadería lechera con un número cada vez menor de explotaciones. Esto incluye medidas de sensibilidad social hacia los ganaderos. Las últimas decisiones del comisario Hogan nos muestran que el tabú de la defensa de la competencia como límite a la política láctea está empezando a romperse.
Personalmente, y como economista, creo que el mundo tampoco dejaría de girar si otros tabús, como el de la fijación de precios mínimos, fueran igualmente puestos en cuestión. Por otro lado, sin embargo, estas medidas deberían ir acompañadas de otras encaminadas a impulsar la propia reestructuración a la baja del sector. Las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores deberían ser retiradas en el caso de las explotaciones lecheras. Sí, por supuesto que los agricultores jóvenes suelen tener mayores niveles de productividad, pero ¿qué relevancia tiene esto en un sector cuyo problema es precisamente el exceso de capacidad? La retirada de estas ayudas, además, podría servir para financiar una prima adicional en los incentivos para la jubilación anticipada de los ganaderos lecheros.
Durante los últimos treinta años, la adopción de una orientación liberalizadora por parte de la política láctea (primero, con el desmantelamiento del sistema español de centrales lecheras y precios regulados, y más recientemente con el desmantelamiento del sistema europeo de cuotas) ha trasladado de facto la responsabilidad de gestionar el exceso de capacidad del sector ganadero a las industrias lácteas y, cada vez más, a las grandes cadenas de supermercados. Estas últimas, sin embargo, miran sólo por sus beneficios, y no por valores sociales democráticamente consensuados. Es tarea de las políticas públicas introducir tales valores para garantizar a los ganaderos una senda de decrecimiento más digna que la que puede surgir de la simple aplicación de las políticas privadas de supermercados e industrias.
