La consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, ha presidido la constitución del Consejo Agrario de Castilla y León tras la renovación de la designación de vocales de las organizaciones profesionales agrarias después de la celebración del procedimiento de evaluación de la representatividad (Asaja cuenta con tres representantes, dos la Alianza Upa-Coag y uno UCCL). El acto ha servido para presentar el nuevo marco normativo de acción contra el topillo campesino.
El marco establece una serie de actuaciones destinadas a reducir los riesgos derivados de la presencia de esta especie en el ámbito del territorio agrícola de la Comunidad, dentro de una estrategia de gestión preventiva, integrada y respetuosa con el medio ambiente.
Esta nueva orden define diferentes niveles de riesgo: verde, para situaciones normales; amarillo, para parámetros poblaciones que reflejen algún tipo de situación anormal sin ser necesarias autorizaciones o resoluciones específicas para llevar a cabo actuaciones; naranja, cuando la aparición de esta especie requiere de algún tipo de actuación obligatoria o sea necesaria autorización o resolución específica por la autoridad competente para proteger los cultivos a corto y medio plazo de forma efectiva; y rojo cuando la situación, tras haberse llevado a cabo las actuaciones necesarias, no reviertan según los resultados esperados.
También establece las obligaciones para todos los agentes implicados, como son los agricultores, ganaderos, selvicultores, propietarios de explotaciones agrarias, sus entidades asociativas, cooperativas, organismos y administraciones públicas propietarias de terreno, quienes deberán llevar a cabo diferentes actuaciones, como vigilar sus cultivos, plantaciones y cosechas, así como las masas forestales y el medio natural que pueda ser objeto de colonización por el topillo campesino y mantenerlos en buen estado fitosanitario para defensa de las producciones, entre otras obligaciones.
De este modo, se fijan siete tipos de actuaciones: la monitorización y vigilancia de la situación y evolución de las poblaciones de topillo campesino con el objetivo de realizar un seguimiento de esta especie, de poder detectarlo de manera precoz y definir los umbrales de riesgo en las zonas de seguimiento.
También, se contemplan la implementación de un sistema de transferencia de información entre los agentes implicados; un plan de formación y sensibilización en la problemática de la plaga del topillo campesino y su afección a los ecosistemas agrarios; la investigación en alternativas aplicables a la gestión integrada de topillo; El uso de buenas prácticas para la minimización de riesgos para los cultivos derivados de esta especie, y la creación bandas de seguridad sin cubierta vegetal herbácea en el borde interior de las parcelas, entre otras medidas.
Para la coordinación de todas las actuaciones que se establecen con esta orden se creará un Comité de Coordinación que estará compuesto por técnicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería y se constituye la Comisión de Roedores y Otros Vertebrados como órgano de carácter científico-técnico adscrito a la Consejería con función de asesoría.
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