El Gobierno de Castilla-La Mancha y el de Aragón han suscrito este miércoles un acuerdo para defender una posición común en la negociación de la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), un documento a través del cual se insta al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de España a que inicie ya las negociaciones con las comunidades autónomas y que consensue con estas la posición española en las negociaciones en el contexto comunitario que ya se están produciendo en Bruselas.
Así lo pusieron de manifiesto desde el Ayuntamiento de Almagro el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, y el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, que rubricaron este protocolo que se va a a la ministra y también al resto de comunidades autónomas que están pensando en el futuro de la PAC “para que se adhieran a este documento en el cual se apuesta por el futuro de la política donde se quiere que no se pierdan recursos, y que no haya más cofinanciación y no tengamos que aportar más recursos en el ámbito nacional regional en una política que tiene que ser europea”.
Martínez Arroyo ha resaltado algunos de los aspectos de este protocolo de colaboración entre ambas comunidades a tener en cuenta en los debates para la definición de la futura PAC posterior a 2020 y en el contexto del nuevo Marco Financiero Plurianual, como la aplicación de “límites de ayuda por explotación y que el dinero que ahorremos en explotaciones grandes, por ejemplo, se pueda destinar para jóvenes agricultores y el relevo generacional en el campo”.
Así, en el documento se incide, además, en el apoyo a los agricultores profesionales, defendiendo las explotaciones familiares, el relevo generacional y la visibilidad de la mujer en el campo.
Aragón y Castilla-La Mancha solicitan, a través de este protocolo común, que se establezca ese techo de ayudas para las grandes explotaciones, que permita ahorrar recursos y destinarlos a la incorporación de jóvenes al sector y a los verdaderos profesionales que son los que se juegan el dinero; así también, piden que para el cálculo de las ayudas no se utilicen referencias históricas, que causan desigualdades para agricultores y ganaderos en los diferentes territorios.
Según ha explicado el consejero manchego, de lo que se trata es de “compartir proyecto común que es la defensa de agricultores y ganaderos” porque, ha insistido hay que apostar “por los que generan riqueza en los pueblos y son la base de la economía” y al mismo tiempo nutrir la conciencia del consumidor sobre la importancia y el valor de las explotaciones agrarias que proporcionan los alimentos con total seguridad alimentaria y al mismo tiempo aseguran la pervivencia del medio rural y los espacios de alto valor ambiental.
De esta manera, ha pedido al Ministerio que se tenga en cuenta a las comunidades que lo único que quieren frente a la futura reforma de la PAC es que “los sectores con mayores dificultades puedan ser apoyados por su comunidad autónoma”.
Apuesta decidida
Por su parte, el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona Blasco, ha incidido en la apuesta decidida de ambas administraciones “por una agricultura con agricultores, con el modelo familiar y para eso es imprescindible apostar por una reforma en serio y en profundidad de la PAC que nos permita avanzar” en esta línea. De esta forma, al igual que Martínez Arroyo, ha solicitado que las ayudas de la PAC se distribuyan “de manera más justa y eficaz”.
Este modelo de agricultura que defienden ambos consejeros supone poner el foco en los siguientes principios:
1. Supervivencia del modelo de agricultura familiar en coexistencia con otros modelos de carácter profesional. Dado que no todas las explotaciones necesitan similar nivel de apoyo, han de aplicarse sistemas degresivos o ayudas redistributivas en los pagos directos, con la finalidad de avanzar en el objetivo de la equiparación de la renta de los agricultores con respecto al resto de los ciudadanos aumentando, sobre todo, las bajas rentas y protegiendo las de quienes más dependen de la agricultura y la ganadería contribuyendo con ello, más y mejor, a su mejora y sostenibilidad económica, social y ambiental.
2. Relevo generacional, que debe ser uno de los pilares de la política agraria, intensificando las medidas actuales e introduciendo otras medidas novedosas que mejoren el actual sistema de formación agraria y asesoramiento, potenciando la incorporación de jóvenes al sector.
3. Dimensión social de la agricultura, prestando mayor atención a las condiciones laborales del cada vez mayor número de trabajadores agrarios por cuenta ajena, vinculando las ayudas otorgadas al empleo generado, luchando así contra la economía sumergida. Asimismo, se ha de fomentar una ambiciosa política de integración de las mujeres y de la igualdad de género en el medio rural.
4. Lucha contra la despoblación, en la que juega un papel determinante el modelo familiar de explotación agraria por su estrecha vinculación al territorio así como la generación y mantenimiento de empleo agrario al que también pueden y deben contribuir otros modelos productivos.
5. Protección del medio ambiente. Es ineludible el papel de la agricultura en la lucha y adaptación al cambio climático, la preservación de los suelos, la calidad de las aguas, la biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero, o la conservación de paisajes. Se ha de compatibilizar el cuidado del medio ambiente con la rentabilidad de las explotaciones, desempeñando la investigación en este contexto un importante papel en el desarrollo de nuevas técnicas medioambientalmente respetuosas. En este sentido, la formación y concienciación de los agricultores de la relación entre medio ambiente, clima y agricultura contribuirá a la sostenibilidad del medio rural y a la legitimación social de la financiación pública de la PAC.
6. Seguridad y calidad alimentaria, cuyo elevado estándar ya logrado representa una de las principales fortalezas del sistema agroalimentario nacional en el mercado interno y global.
7. Dieta mediterránea, que formando parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad incorpora valores saludables directamente relacionados con muchas de nuestras principales producciones nacionales (frutas y hortalizas, aceite de oliva, vino, legumbres y proteaginosas, etc.) que deben alcanzar un mayor reconocimiento y apoyo en el contexto europeo.
8. Fortalecimiento de la posición del agricultor y ganadero en la cadena alimentaria, afrontando la elevada volatilidad en los precios agrarios, que en ocasiones pone en peligro su supervivencia. Es necesaria una normativa coordinada a nivel nacional y comunitario, así como políticas de fomento del asociacionismo que reequilibren la cadena agroalimentaria.
9. Atención al consumidor y contribuyente, siendo imprescindible potenciar las acciones de información y concienciación sobre la importancia y el valor de las explotaciones agrarias, que proporcionan alimentos seguros y de calidad a precios asequibles y, al mismo tiempo, aseguran la pervivencia del medio rural y el medio ambiente. Los agricultores necesitan el aporte financiero de la PAC para llevar a cabo estas importantes tareas que el mercado no les retribuye en su totalidad a través de la cesta de la compra, para obtener una rentabilidad digna.
