A menos de seis meses para que Reino Unido diga adiós a la Unión Europea (en la medianoche del próximo 29 de marzo de 2019), las espadas continúan en alto. No se conoce a ciencia cierta qué puede suceder y hay varios escenarios abiertos que podrían hacer de este teatro del “Brexit” una comedia, un drama o una tragedia tanto para ese país como, en mucha menor medida, para el conjunto de la UE (aunque para unos países más que a otros).

En lo que toca a nuestro sector agroalimentario, Reino Unido es uno de nuestros principales destinos comerciales. Hacia allí van nuestros vinos aceites, nuestras frutas y hortalizas de temporada, nuestros cítricos y carnes. ¿Qué sucederá con todo eso? Nadie sabe la respuesta. Lo más sensato sería que no pasara nada o que pasara poco, y que el comercio con las islas británicas siguiera fluyendo como hasta ahora, tras un acuerdo de libre comercio al estilo del de Canadá, pero “plus, plus, plus”, como dijo Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo.

Otros políticos, como el extravagante y euroescéptico conservador británico, Boris Johnson, parecen haber pedido ya una prórroga de seis meses del plazo máximo de negociación de dos años previsto en los Tratados. Pero esa prórroga se torna muy difícil, dado el calendario político-electoral de la UE (elecciones europeas de finales de mayo de 2009, nuevo equipo de la Comisión, nuevo Parlamento).

Sin entrar a ver el estado actual de las negociaciones, los posibles escenarios del “Brexit” y las consecuencias para el sector agroalimentario español están ahora mismo muy abiertos. Desde el Ministerio de Agricultura se consideran tres planos de preocupación. El primero por el mero hecho de la salida del Reino Unido de la UE, que tendrá su impacto sobre el presupuesto y sobre las políticas comunes, en especial la PAC, a medio y a largo plazo.

El segundo, la preocupación derivada del Acuerdo de salida, con su impacto financiero, en función de lo que se adopte, en los presupuestos de 2019 y 2020 del actual Marco Financiero Plurianual (MFP) 2014-2020. Aquí, parece que RU hará frente a todos sus compromisos financieros con la UE hasta finales de 2020, pero nadie asegura que no dé marcha atrás.

Más complejo es saber los efectos sobre el futuro MFP 2021-2027 y la PAC, en pleno proceso interno de negociación ahora mismo, y adivinar las posibles turbulencias iniciales en los intercambios comerciales, que se recrudecerían si al final no hay acuerdo entre la UE y RU.

En tercer lugar, preocupan también las consecuencias que pueden derivarse del modelo de Acuerdo a adoptar y que regularía las relaciones económicas y comerciales futuras. En especial para España, en una parte importante y sensible de nuestros intercambios comerciales de productos agrícolas.

Posibles escenarios

Los dos principales escenarios que se manejan de aquí a la salida efectiva de Reino Unido de la órbita comunitaria son:

1) La conclusión de un acuerdo de retirada en febrero de 2019, como muy tarde, y su ratificación efectiva por las partes, que llevaría aparejado el establecimiento de un periodo transitorio de 21 meses para negociar el acuerdo de futuras relaciones comerciales y de todo tipo a aplicar a partir del 1 de enero de 2021.

Durante este periodo, el RU será un país tercero, pero continuará aplicando la legislación europea hasta el final del periodo transitorio y haciendo frente a sus obligaciones financieras del actual MFP 2014-2020. No participará en la toma de decisiones de las instituciones o agencias comunitarias, pero éstas seguirán supervisando la aplicación europea en este país y por parte del mismo.  El esquema de relaciones futuras se irá negociando para su aplicación hasta 2021.

2) Un escenario de “no acuerdo” (“Cliff edge”), y en donde el RU pasaría a ser considerado automáticamente por la UE como un país tercero a todos los efectos, con las consecuencias adversas de todo tipo que ello comportaría. Sería la situación más adversa y costosa, tanto para la UE, como sobre todo para RU. De puertas afuera, incluso la primera ministra británica, Theresa May, no lo ha descartado (quizás para “contentar” y frenar a las filas más euroescépticas y rupturistas del Partido Conservador).

Al ser un país tercero, la legislación europea dejará de aplicarse automáticamente en RU y a este país. Se planteará un contencioso sobre sus obligaciones financieras  en el actual MFP 2014-2020, con efecto en los presupuestos de 2019 y 2020 y sobre el futuro MFP 2021-2027.

La UE deberá aplicar sus regulaciones y tarifas en frontera como a cualquier país tercero, incluyendo comprobaciones y controles para verificar que se cumple la legislación comunitaria, esperándose perturbaciones muy probables y serias en los intercambios, donde se aplicarán las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Además de estos dos escenarios, no se descartan otras variantes posibles, aunque más improbables también. Uno de ellos sería una salida pactada de RU de la UE el próximo 30 de marzo, pero a la vez una prórroga de un año más del periodo transitorio, al menos hasta el 1 de enero de 2022, lo que en parte “eternizaría” la situación.

Otro, sería prolongar el actual periodo de negociación de dos años, previsto en el artículo 50 del Tratado de la UE, como se ha dicho, pero eso crearía mucha incertidumbre a nivel comunitario por las elecciones al Parlamento Europeo, donde ya no participaría RU, y podría quebrar la actual unidad de acción negociadora  de la propia Unión.

La tercera variante, e igualmente improbable, sería que RU retirada unilateralmente la notificación de salida, que el Gobierno británico dé un paso atrás y que, por tanto, ese país continúe en la Unión Europea, como si en todo este tiempo nada, pidiendo el divorcio a Bruselas, nada hubiese pasado.

En este momento político tan endiablado tampoco serían descartables nuevas elecciones anticipadas en RU, si el actual Gobierno se muestra incapaz de seguir adelante, como ha pedido el líder laboralista, Jeremy Corbyn, si hay algún contratiempo judicial o legislativo en ese país para salir de la UE, o si avanza la idea para convocar un nuevo referéndum y volver a consultar a la ciudadanía haya acuerdo o no.  

Sea cual sea el escenario final, la Comisión Europea hace un llamamiento a adoptar medidas preparatorias (“preparedness”), a adoptar como consecuencia de la retirada de RU, con independencia de que se produzca o no el “Brexit”, y llevar a cabo planes de contingencia, necesarios para paliar los efectos de una retirada de RU de la Unión sin acuerdo, y por tanto, sin un periodo transitorio. Las medidas de estos planes serían temporales y cesarían cuando se efectuasen los ajustes necesarios a largo plazo.

Etapa “post-Brexit”

¿Cómo resultarían las relaciones comerciales posteriores a la salida de RU de la UE?  Dependerá del modelo que finalmente se adopte. Se plantean cinco escenarios diferentes: el modelo “noruego” (Espacio Económico Europeo/AELC) implica acceso al Mercado Único, a cambio de respetar los principios básicos de la UE, entre ellos la libre circulación de trabajadores. Los productos agrícolas y pesqueros no incluidos en el acuerdo.

El modelo “suizo” supondría un acceso parcial al Mercado Único, a  través de numerosos acuerdos bilaterales (Suiza tiene más de 100). Tanto este modelo, como el “noruego” supondría tener que contribuir financieramente a los gastos de la UE.

En tercer lugar, el modelo “turco”, que supone una unión aduanera, con libre circulación para productos  industriales y agrícolas (salvo los no transformados.

Otros escenarios serían un nuevo acuerdo de libre comercio, como los alcanzados con Canadá y Japón, pero requerirían una negociación difícil y larga y, además, unanimidad de los 27 Estados miembros, y, por último, el comercio en el marco de la OMC (caso de no-acuerdo), que sería el más negativo, con aranceles especialmente elevados para los productos agrícolas y multitud de barreras no arancelarias.

Efectos sobre el mercado agroalimentario

En el plano comunitario, algunos sectores agrarios, que ya atraviesan dificultades por distintos motivos con el “Brexit”, podrían ver agravada su situación comercial, como el porcino, leche/lácteo o frutas y hortalizas, según el análisis de la CE, pues ya están afectados por problemas sanitarios (como la peste porcina africana) o por el veto comercial ruso. A su vez, la UE es importador neto de carne de ovino y de leche cruda británicas.

Donde se espera que se note menos la salida de RU es en los productos de calidad diferenciada o en aquellos en los que la UE es el principal productor mundial, como el aceite de oliva o el vino. Irlanda sería con diferencia el país más expuesto de los 27, al enviar a RU en torno al 50% de la carne de vacuno y de porcino que en total exporta, aunque también notarían la salida británica productos concretos, como los quesos y carnes de Dinamarca y Alemania, los quesos de Francia, Italia y Bélgica, las carnes de Holanda y Polonia o las frutas y hortalizas de España y Holanda principalmente.

En el caso de España, según datos del MAPA, nuestras exportaciones agroalimentarias a RU representan en valor el 8% del total, con cerca de 4.000 millones de euros en los dos últimos años. España es el primer proveedor de RU en aceite de oliva (66% del total adquirido), hortalizas (26%), cítricos (38%) y algunas frutas (36%) como frutos rojos, kiwi y caqui, manteniendo un saldo en su balanza comercial exterior ampliamente positivo y en aumento por valor cercano a 2.800 millones en 2017. En vino, la cuota española en RU es del 8%, por detrás de Francia, Italia, Nueva Zelanda y Australia.

Por su parte, el 9% de los productos agroalimentarios que importa RU proceden de España, ocupando el 5º lugar de la UE. Por delante están Holanda (18%), Irlanda (14%), Alemania (13%) y Francia (13%).

Frente a un aumento paulatino de las exportaciones agroalimentarias españolas, las importaciones desde RU por parte de España se han mantenido bastante estables, con un sesgo bajista, en los últimos años. En 2017 registraron un valor de 1.161 millones de euros. El 7% de todos los alimentos que exporta RU a la UE tiene a España como destino.