La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha asegurado que la Junta de Andalucía “va a defender a nuestra flota andaluza de arrastre del Mediterráneo con todas las herramientas posibles para que no perdamos ni uno solo de los derechos que nos corresponden”. La titular del departamento ha lamentado la dejadez del Gobierno de España que, a menos de dos meses de la entrada en vigor del Reglamento Comunitario para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental “no ha sacado ni el borrador de la orden o decreto que regulará la actividad” desde el 1 de enero, pese a que han pasado más de seis meses desde su votación en el Parlamento Europeo.
La flota andaluza afectada por este reglamento “vive una de sus peores pesadillas” y Crespo lamenta el “ejercicio de deslealtad con el sector del Ministerio, que envía a la comisión europea los datos de días de pesca a sus espaldas del sector”. Los pescadores reclaman un plan que les permita poder vivir de su trabajo y el Gobierno de España hoy no lo garantiza. “No tiene previsto medidas alternativas que palíen la disminución de días de actividad e impiden que tanto empresas como tripulantes, actividades portuarias y todo el entramado que conlleva la pesca de arrastre en los puertos mediterráneos estén en una incertidumbre total”, ha explicado la consejera.
Desde el Gobierno andaluz se reclama “mayor transparencia” y la adaptación de la normativa “a la realidad de la flota”. La Unión Europea prepara un Plan plurianual de gestión de la pesca demersal en el Mediterráneo occidental con el fin de mejorar el estado de conservación de las especies que habitan en las proximidades de los fondos marinos. Dicho plan supone una grave amenaza para la subsistencia del sector y no tiene en cuenta los esfuerzos realizados por los armadores en los últimos años para la conservación de los caladeros (reducción de barcos, zonas de pesca, descansos biológicos…). “Andalucía ha pasado de más de 200 arrastremos a 93.
Nuestra flota realiza su actividad en periodos de 12 horas, mientras en otras regiones son jornadas de 15 e incluso 18 horas, todo ello sin profundizar en la falta de control a países como Francia e Italia de los que no conocemos ni tan si quiera su modelo de gestión lo que podría preverse como pesca olímpica”, ha añadido Crespo, que no está dispuesta a sacrificar “ni uno solo de los derechos que nos corresponden. No queremos nada de nadie, pero tampoco vamos a ceder lo que nuestros pescadores se han ganado con su esfuerzo”.
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