El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón, Joaquín Olona, y el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, han suscrito hoy en Toledo un acuerdo marco entre ambos gobiernos sobre las cuestiones esenciales en la reforma de la PAC 2023-2027.
Un decálogo que contempla, entre otros puntos, la desaparición de los derechos históricos de pago; el alcance de una convergencia total desde el año 2023 y la reducción del número de regiones agronómicas; un techo de ayuda por explotación y una ayuda redistributiva, así como el apoyo contundente a la ganadería extensiva, a la agricultura y ganadería familiar y a los profesionales; y que se garantice un eco-esquema de apoyo a la agricultura ecológica de mantenimiento.
En este encuentro de hoy en Toledo se ha concretado el compromiso de ambas comunidades de apostar por un modelo de agricultura y ganadería familiar, apoyando a las pequeñas y medianas empresas que se encuentran en el territorio y que son las que generan actividad económica y empleo en los pueblos.
Además, piden dar prioridad a las mujeres con un incremento real del cinco por ciento en pagos directos y que la PAC incluya la condicionalidad social, de forma que solo los agricultores y ganaderos que cumplan la normativa en materia laboral puedan cobrar las ayudas.
En común, también, la convergencia de las ayudas, para que los agricultores cobren lo mismo independientemente de donde se encuentren sus explotaciones, algo que actualmente no sucede, con mermas en Castilla-La Mancha de 40 euros de ayudas con respecto a la media nacional.
Esta firma se enmarca dentro del ‘Pacto de Almagro’ rubricado en marzo de 2018, en el cual se fijaba el modelo de agricultura que ambas comunidades autónomas consideraban adecuado y donde se recogían las medidas y condiciones que debían integrar la futura PAC a aplicar a partir de 2021.
El acuerdo, que llega en un momento clave, en el que se aborda la fase final de la negociación y de cómo se aplicará esta política europea a nivel nacional, es un documento de intereses comunes ante la nueva PAC que regirá a partir de 2023, que se engloba en la “guía de trabajo” común que ambas regiones han marcado en estos tres años, y donde se recogen las cuestiones aún no consensuadas a nivel nacional y que ambas administraciones consideran irrenunciables y de gran importancia.
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