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El PP presenta una proposición para evitar el tarifazo eléctrico

El Grupo Parlamentario  Popular  ha  registrado  este jueves  una Proposición  no  de  Ley  para  paliar  el  impacto  que  está  teniendo  la  nueva metodología  de  cálculo  de  los  costes  eléctricos  sobre  la  agricultura  de  regadío; que, según los cálculos de algunas organizaciones agrarias, habría encarecido la factura eléctrica un 1000% en los últimos años, lo que supone un incremento de costes de producción hasta del 50 por ciento.

En este sentido, Marcos recuerda que el Gobierno del Partido Popular aprobó en marzo de 2018 por Ley  la posibilidad de la doble facturación eléctrica en regadíos, lo que supone que el sector pueda pagar en función del consumo energético en cada momento del año. Por ello, como señala la portavoz de Agricultura del GPP, Milagros Marcos, estas mismas  organizaciones  agrarias  han  acudido  al  Defensor  del  Pueblo  para exigir al Gobierno que  regule  y  aplique dichas propuestas. había previsto hace tres años. Sin embargo, como denuncia la portavoz popular, el Ejecutivo de Sánchez no ha aprobado el desarrollo reglamentario necesario para establecer el procedimiento a seguir,  lo que obliga a los  agricultores  a continuar contratando  y  pagando  la potencia máxima todo el año aunque sólo la utilicen durante, tres o cuatro meses.

Según los populares esa supuesta inacción, unida  al  olvido  de  financiación  para  los  regadíos  y los  nefastos cambios introducidos en el cálculo de los costes eléctricos por el Gobierno de la nación, llevaron al Partido  Popular  hasta  en  dos  ocasiones,  en  los  últimos  tres meses, a debatir en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados  esta  misma  propuesta.

La  negativa  de  los  grupos  que  sustentan  al Gobierno  a  adoptar  las  medidas  que  proponía  el  PP  ha  impedido  que  el problema este resuelto, según los populares. Hoy la energía supone ya cerca de la mitad del coste de la producción agrícola y ganadera en  cualquier  explotación  de  regadío, por  lo  que el  encarecimiento exponencial de la factura de la luz saca a nuestros productos del mercado al costar mucho  más  producir en  España  que  en  cualquier otro país.

En  esta  situación, consideran, España pierde competitividad  respecto  a países  europeos con   los  que compite,  con la  consiguiente reducción de exportaciones y aumento de las importaciones “Si no se cambia el rumbo tendremos dependencia alimentaria, comeremos  lo  que nos  quieran  vender  y  pagaremos  lo  que  nos  quieran  cobrar otros”, advierte.“Una vez más la agricultura paga el pato del desgobierno de Sánchez”, asevera Milagros Marcos, quien afirma que “si se triplica el precio de la factura de la luz en época de  riego con  temperaturas  superiores  a  los 30  grados no  hay  cultivo  que resista sin agua, ni habrá productor que pueda soportar el coste de regar sin perder dinero”.“Este precio de la luz hace inviable la producción agraria”, asevera.

Para evitarlo y ayudar a los agricultores a poder seguir desarrollando su actividad sin perder dinero, el GPP ha registrado, por tercera vez la Proposición no de Ley. En ella se insta al Gobierno, textualmente, a lo siguiente:

1. Promover y regular con carácter inmediato la doble facturación eléctrica prevista en  la  Ley  1/2018  a  fin  de poner  en  marcha  un  modelo  de  tarifación  favorable  y  adaptado a las especiales características del sector agroalimentario español y con ello incentivar la incorporación de jóvenes y asegurar la rentabilidad de la actividad económica a él vinculada, como motor fundamental de la economía del medio rural.

2. Adoptar las medidas necesarias para evitar incrementos de facturación eléctrica en tanto se aprueba la nueva normativa

3. Potenciar  la  implantación  de  energías  renovables  en  el  mundo  rural  como mecanismo   de   reducción   de   emisiones,   ahorro   de   costes   y,   por   tanto, complemento de los ingresos de los agricultores y ganaderos.

4. Desarrollar las acciones necesarias para un adecuado desarrollo reglamentario para  evitar  impacto  negativo  en  las  explotaciones  del  agro  español  de  las previsiones  legales  de  la  inminente  Ley  de  Cambio  Climático  y  Transición Energética  y  del  anunciado  Fondo  para  la  Sostenibilidad  del  Sistema  Eléctrico Nacional.

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