El sector pesquero representado por la Confederación Española de Pesca (Cepesca) afronta con incertidumbre la rentabilidad de su actividad durante los próximos meses y por ello solicita al Gobierno mejoras en las ayudas, mayor concreción en algunas cuestiones, flexibilidad en su aplicación y máxima agilidad para ejecutar las medidas de choque anunciadas por el ministro Luis Planas, el pasado 29 de marzo, para responder a la crisis de costes de explotación generada por el conflicto bélico en Ucrania.
El sector así lo ha acordado tras celebrar ayer una Junta Directiva Extraordinaria y después de reunirse el pasado lunes con la Secretaría General de Pesca para analizar, precisamente, la ejecución de esas medidas. A este respecto, el sector, si bien agradece el esfuerzo realizado por el MAPA, considera que las medidas son insuficientes y manifiesta que esta ejecución podría ser mucho más ágil de haberse mantenido un diálogo más fluido previo entre el Ministerio y los pescadores y en paralelo a la elaboración del Real Decreto-Ley.
A juicio del sector, esta actitud hubiera servido para definir criterios técnicos más ajustados a la realidad contable de las empresas pesqueras y habría ayudado a mejorar la compensación de los costes, disparados tras la crisis del conflicto bélico.
Sobre este particular, el sector teme que una burocracia excesiva y a veces ineficaz ponga en peligro la viabilidad de numerosas empresas si en un corto espacio de tiempo no son receptoras de ellas. En este sentido, el sector manifiesta que “hoy por hoy, la flota de bajura sólo se beneficiaría de las ayudas de 0,20 euros por litro de carburante, como el resto de los ciudadanos de España, y de las ayudas directas autorizadas por la Comisión Europea, que rondan entre los 1.550 € para los barcos más pequeños y los 6.873 € para los buques más grandes que faenan en aguas españolas. Así mismo, ven de difícil aplicación las medidas del artículo 26 del FEMPA”.
Con relación a la flota de altura, está pendiente de concretar por parte del gobierno si los buques españoles que trabajan y realizan el repostaje fuera de las aguas de españolas, pero suministrado por empresas españolas, también serán beneficiarios de los 0,20€. Si no fuera así, las ayudas que recibirían serían muy escasas. A juicio del sector, esta situación exige una aclaración urgente, más aún si se tiene en cuenta que es imposible saber durante cuánto tiempo se va a mantener el entorno actual. A ello se suma la fuerte competitividad a la que se ve sometida nuestra flota de larga distancia frente a otras flotas, como las asiáticas que, sin cumplir los mismos estándares de calidad, socioeconómicos y medioambientales que se exigen en Europa, introducen sus productos para el consumo de los ciudadanos comunitarios, a lo que se añade la incógnita de las ayudas que reciben para compensar la subida del precio de los combustibles.
A este respecto, el sector vuelve a manifestar la necesidad de abordar una Política Pesquera Común (PPC) con visión de futuro. Al igual que se está abordando la dependencia energética o una política de defensa común, apunta el sector, es necesario definir un marco de actuación para la pesca capaz de prever y absorber contratiempos, como el que vivimos actualmente y, sobre todo, capaz de fortalecer los intereses del sector pesquero europeo frente a la amenaza que supone dejar en manos de terceros el abastecimiento de proteínas provenientes del mar.
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