Hace unos días, el sector agrario andaluz manifestábamos nuestro rechazo ante la aprobación, por parte del Gobierno, del Real Decreto de Convergencia por el que se regulan las ayudas de la PAC para las campañas 2021 y 2022. El sector unido se puso en pie al considerar que la norma traerá consigo un periodo transitorio que resultará muy lesivo para el modelo social y profesional de la agricultura en Andalucía. Además, su ratificación se ha llevado a cabo sin tener en cuenta al sector, de manera opaca, y en unas circunstancias adversas marcadas por la pandemia.
Desde UPA Andalucía, "estamos a favor de la convergencia dentro de cada región, pero no en que se aplique de una forma tan brusca y sin limitar las pérdidas, porque pone en riesgo la agricultura productiva, la agricultura familiar ligada al territorio y la ganadería con poca base territorial".
En los reglamentos de la PAC marcan como objetivo que en 2027 esté completada el 75% de la convergencia. Sin embargo, el Real Decreto recién aprobado ya impone el 70% en 2021 y 80% en 2022 (matizando que se realizará entre las propias regiones agronómicas y no en el conjunto de España). Por tanto, desde el Gobierno central se están dando unos pasos desmedidos hacia esa transición, sin necesidad y sin que haya imposición por parte de la Unión Europea.
Desde UPA Andalucía, "consideramos que las medidas que recoge el decreto pueden alterar gravemente el reparto de los recursos que nos llegan de la PAC. Además, no se están teniendo en cuenta las distintas realidades productivas de las comarcas y regiones, ni el impacto que pueden llegar a tener en cuanto a la destrucción de empleo y abandono de la población del medio rural. Aproximadamente un 59% de los beneficiarios de la PAC van a perder montante global de derechos y un 41% ganará. Todo esto se traduce en que, en regiones homogéneas, el trasvase entre sus agricultores no tiene por qué ser importante, en datos generales, pero si afectará a agricultores concretos, los más productivos de cada región".
En el caso de determinadas regiones, con importes muy diferentes, sí habrá grandes movimientos del valor de los derechos. "Hemos identificado algunas, como el caso de las regiones con cultivos herbáceos de regadío, donde podemos encontrarnos con dos grandes grupos de agricultores: por un lado, los que reciben menos importe por tener cultivos con un valor más estandarizado; y por otro, los que tienen un valor alto de sus derechos, porque en el periodo de referencia sembraron cultivos como algodón, remolacha, uva pasa, arroz o tabaco, que soportan elevados costes de producción, empleo y generan mucha industria auxiliar. Normalmente, estos últimos tienen pequeñas y medianas explotaciones que serán las que vean reducida su asignación, a favor de otras explotaciones menos intensivas y normalmente más grandes".
Otro grupo importante son los ganaderos de ovino, caprino y vacuno. Durante los años anteriores, las ayudas directas asociadas a los animales en producción se fueron transformando en ayudas desacopladas, ligadas a superficie. Estos ganaderos con superficie de pastos y otros cultivos, incrementaron el valor de sus derechos por superficie con respecto a sus vecinos, porque sus ayudas ganaderas se pasaron a sus derechos por superficie. Desde 2015 hasta ahora han ido sufriendo este descenso del valor de sus derechos, limitado al 30 %. Sin embargo, en las campañas 2021 y 2022 esta bajada no tendrá límites, llegando a perder gran parte de sus ayudas que provienen de la actividad ganadera. Hay ganaderos con pocos derechos porque apenas tenían territorio que al desacoplar las ayudas tienen importes muy altos, superando los 2.000 €. Ahora van a ver muy mermadas sus ayudas, poniendo en riesgo la viabilidad de sus explotaciones. Mientras tanto, grandes extensiones sin apenas actividad aumentarán su patrimonio.
