La habilitación de ayudas extraordinarias y urgentes de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y la sequía; la aprobación definitiva del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC), que permitirá su entrada en vigor el 1 de enero de 2023; la aprobación comunitaria del programa español del Fondo Europeo, Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA); el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y la remisión a las Cortes de los proyectos de ley de pesca sostenible y para combatir el desperdicio alimentario tras su aprobación por el Consejo de Ministros, han sido algunos de los compromisos cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a lo largo del año 2022.
Con la culminación del procedimiento normativo a lo largo del año, la nueva PAC 2021-2027 podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023, con un volumen de ayudas en el conjunto del período de 47.724 millones de euros, que, sumadas las aportaciones estatal y autonómica a la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural, sobrepasará los 50.000 millones de euros. Se trata de un instrumento muy potente para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales.
Después de un largo y complejo procedimiento de elaboración, que se prolongó durante casi tres años en diálogo con las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y otros colectivos sociales, la Comisión Europea aprobó el plan estratégico para la aplicación de la PAC presentado por España el pasado 31 de agosto.
En este tiempo el Gobierno ha completado el entramado normativo necesario para el desarrollo de la PAC, con un proyecto de ley -aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de diciembre- y un conjunto de 18 reales decretos, de los cuales ya se han aprobado 15 y quedan pendiente de publicación otros tres que no condicionan la entrada en vigor de la nueva PAC el 1 de enero.
El plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria.
La nueva PAC será más justa, más social y más sostenible. Para procurar un reparto más equilibrado de las ayudas, se ha introducido la figura del pago redistributivo para las pequeñas y medianas explotaciones, se ha fijado un tope máximo de las ayudas y se ha establecido una modulación en el cálculo de éstas a partir de un determinado umbral. La PAC es un complemento de renta y beneficia especialmente a la agricultura profesional y familiar, que forma el grueso productivo del agro español y es la más necesitada de apoyos.
La Comisión Europea ha aprobado también definitivamente el programa operativo español para el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, negociado y consensuado con las comunidades autónomas está dotado con 1.120 millones de euros. Este presupuesto convierte a España en el Estado miembro que más fondos recibe, acorde con la importancia de la flota pesquera nacional, que es la primera de la Unión Europea.
Estos fondos se encaminarán en España a mantener la viabilidad de la actividad pesquera, mediante la gestión sostenible y la conservación de los ecosistemas marinos, el fomento de una acuicultura sostenible y competitiva, la modernización y dinamización de la cadena de valor, el impulso de la economía azul y el desarrollo de las comunidades locales pesqueras y acuícolas, principalmente a través de los Grupos de Acción Local (GAL).
El 1 de diciembre se constituyó en Vigo la Mesa de la Ciencia Pesquera. Formada por las administraciones central y autonómicas, entidades científicas, representantes sectoriales, ambientales y sindicales, la Mesa apuesta por redoblar esfuerzos en investigación e innovación y el desarrollo tecnológico. El objetivo es conservar los recursos pesqueros, pero teniendo en cuenta la necesaria sostenibilidad económica y social del sector pesquero.
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