La campaña de la fruta de verano ha llegado, un año más, con graves desequilibrios en la cadena de producción y distribución. El efecto más directo de esas distorsiones es que los precios de la fruta en origen son exageradamente bajos, según ha denunciado la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos.
UPA denuncia que la Ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo en el sector de la fruta. Esta norma obliga a que exista un contrato escrito de compraventa entre los distintos eslabones de la cadena (agricultores, centrales hortofrutícolas, distribución…). Contratos que no se están firmando salvo en casos “muy contados”.
O incluso aunque se estén firmando, no son una herramienta que proteja de forma verdadera a los agricultores, porque las condiciones son impuestas a los productores por las centrales hortofrutícolas, sobre todo en lo que respecta a los precios y los plazos de pago.
Los agricultores, indefensos
Los productores de fruta se confiesan indefensos ante un “funcionamiento perverso” de la cadena agroalimentaria. El carácter perecedero de su producción les hace estar en manos de determinadas centrales o primeros compradores que se llevan la producción, la distribuyen y tras echar sus cuentas, liquidan una cantidad al agricultor.
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